En defensa del derecho a la protesta
Representantes de la sociedad civil catalana claman contra la vinculación entre independentismo y terrorismo
Denuncian que "protestar no es terrorismo" y acusan abiertamente a determinados jueces de injerencia política, cosa que, según denuncia el manifiesto, debilita la democracia
Fidel Masreal
No es una foto muy habitual en Cataluña, la del consenso entre representantes sindicales, artísticos, periodistas de referencia, organizaciones sociales, entidades como Òmnium y la ANC y ciudadanos a título individual. El motivo, denunciar que "protestar no es terrorismo" y acusar abiertamente a determinados jueces de injerencia política, cosa que, según denuncia el manifiesto, debilita la democracia y trata de producir un efecto disuasorio respecto a otros movimientos de protesta.
Bajo el paraguas de Òmnium, representantes de UGT y Comisiones, directores teatrales, comunicadores como Andreu Buenafuente y Jordi Évole, así como Jordi Basté, Mònica Terribas y Laura Rosel, entre otros, han compartido la presentación del manifiesto en la céntrica Plaça del Rei de Barcelona.
El texto afirma que la investigación de la Audiencia Nacional contra la organización Tsunami Democràtic "es un ataque directo al ejercicio del derecho de manifestación, libertad de expresión y libertad de información". El manifiesto defiende el carácter pacífico de las convocatorias que llevó a cabo Tsunami, que pretendía invitar al diálogo mediante una "acción no violenta".
Ataque a la democracia
El texto, que cuenta con adhesiones a título individual y también de numerosas entidades, explicita que el objetivo de esta actuación judicial es "desgastar al Gobierno" y a la mayoría parlamentaria española emanada de las urnas, con lo cual se trata de una acción "autoritaria" que "pone en peligro principios democráticos".
El manifiesto acaba advirtiendo de que esta actuación judicial pretende producir un efecto "disuasorio" para que otras organizaciones de carácter sindical, feminista o ecologista se vean afectadas. Y exige que se tomen "medidas" para parar la "utilización de la justicia" con fines políticos, además de reclamar que se retiren las imputaciones de terrorismo.
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