Corrupción

El primer denunciante del caso Koldo: "Es la punta del iceberg"

El letrado oscense Ramiro Grau fue quien llevó a la Fiscalía de Zaragoza y al Tribunal Supremo las posibles irregularidades relacionadas con el suministro de mascarillas en la pandemia mediante una empresa de la capital aragonesa

Ramiro Grau.

Ramiro Grau. / Servicio Especial

Marcos Díaz

"Entiendo que esto es solo la punta del iceberg de una gigantesca ola de corrupción, supongo que para hacerse ricos unos cuantos desaprensivos y, posiblemente, para financiar a algún partido político". Así de contundente se muestra el abogado oscense Ramiro Grau, el primero que destapó las irregularidades relacionadas con el suministro de mascarillas durante la pandemia, ya en el año 2020, que ahora confluyen en el conocido como caso Koldo. Recientemente, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha desestimado la demanda que le interpuso por vulneración del derecho al honor Soluciones de Gestión, la empresa radicada en la capital aragonesa a la que la Administración contrató el suministro de los tapabocas. "Me ha sentado muy bien", afirma sobre el fallo, del 27 de marzo.

El letrado, no obstante, matiza que su satisfacción se extiende hasta el 21 de febrero, "cuando se produjeron las primeras detenciones de esta causa", de las que espera "que haya más" porque, insiste, "esto es solo la punta del iceberg". "La verdad es que entendí que mis esfuerzos de estos cinco años, porque llevo desde 2020 denunciando esta situación, habían dado algún fruto; siempre he confiado en los jueces españoles porque creo que son gente muy capacitada y muy independiente", afirma sobre los últimos acontecimientos relacionados con el caso.

Sobre cómo llegó a investigar los hechos y a llevarlos a la justicia posteriormente, relata que fue después de que la empresa le demandara en 2020, pidiéndole 60.000 euros de indemnización por daños al honor, como especifica. Esta situación, indica, le llevó a sumergirse en los datos relacionados con Soluciones de Gestión, con el fin de contestar a la demanda. "Simplemente, fue por la propia necedad de ellos, que me demandaron pensando que así me iban a callar", asevera. Fue tras recabar esta información cuando concluyó que "estaba clarísimo que era un fraude", señala. "Después de investigar mucho, al final resulta que esta empresa en el año 2020 vendió mascarillas por 53.600.000 euros a tres ministerios regidos por el PSOE y a dos gobiernos autonómicos regidos por el PSOE, Baleares y Canarias. Entonces parece claro que hay una cierta relación entre esta empresa y el PSOE", reflexiona. En primer lugar, denunció el caso ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza, que lo archivó, y al Tribunal de Cuentas, que también archivó la causa, de la mano, según destaca, de "una consejera –del tribunal– nombrada a propuesta del PSOE en el año 2012". También fue a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que finalmente inadmitió la causa, y a la oficina europea de lucha contra el fraude (Olaf).

 "En resumen, que he ido denunciando y denunciando y lo único que he ido consiguiendo en este tiempo han sido tres demandas", explica. Una, de la empresa; otra, de su administrador, José Ángel Escorial Senante, y otra, de Ábalos. "A Dios gracias, las dos primeras demandas ya se han fallado a mi favor en primera instancia y la de Soluciones de Gestión incluso ha sido confirmada la desestimación", añade.

"¿Quién se va a atrever?"

Además de esta actividad legal, Grau envió media docena de misivas por correo ordinario a La Moncloa, para las que "nunca" encontró respuesta. "No recibí la más mínima explicación, pero cuando vi que cesaban a Ábalos pensé que, a lo mejor, esas cartas habían producido algún efecto", elucubra.

También contactó con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), y la entonces diputada de Vox Macarena Olona. Sobre la primera, dice que le contestó "muy atentamente" y le transmitió "que lo iban a investigar". De Olona, cuenta que no recibió respuesta, pero que posteriormente sí que contactó con él y que el asunto fue motivo de una pregunta en el Congreso.

Grau está "convencido" de que habrá novedades en el caso Koldo, pues augura que "que algunos de los implicados, al final, pactarán con la fiscalía dar más información a cambio de que le rebajen sus penas". Y, mirando atrás, reflexiona: "Si a un señor que es abogado le hacen la vida imposible por haber denunciado algún caso de corrupción, ¿quién se va a atrever a denunciar nada?".

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