Ángel Víctor Torres: “El PP abraza la involución democrática de Vox y deroga lo que antes aprobó”

Ángel Víctor Torres (Arucas, 1966) está encabezando la contraofensiva del Gobierno frente a la derogación de las leyes de memoria democrática por parte de ejecutivos autonómicos de PP y Vox. Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha cambiado el orden de esta nomenclatura de competencias para entrar de lleno en una batalla cultural que sigue la estrategia de la campaña electoral de las generales. El marcaje a los gobiernos regionales formados por la derecha y la ultraderecha escaló esta semana con la amenaza de recurrir al Tribunal Constitucional la ley de concordia aprobada por las Cortes de Aragón el pasado mes de febrero, así como a las previstas en la misma línea por Castilla y León, Comunidad Valenciana y Baleares. Medidas que forman parte de los respectivos programas de coalición en estas comunidades y ante los el Gobierno se ha erigido como muro de contención. En pleno arranque de un ciclo electoral que rematará con las europeas el próximo 9 de junio y medirá el avance de las fuerzas de ultraderecha, los socialistas elevan la presión sobre el PP, también en instancias europeas, para que deje de “ceder” a sus exigencias.

El informe que llevó al Consejo de Ministros determina que hay una vulneración de la Constitución y el Derecho Internacional en la ley de concordia aprobada por las Cortes de Aragón. ¿En qué artículos?

La ley de Aragón es una ley de derogación de la ley de memoria democrática del año 2018, aprobada por Javier Lambán. Lo que hace es eliminar artículos que muchos de ellos tienen que ver con el Derecho Internacional. Un ejemplo: elimina una disposición adicional en la que se obliga a homenajear a las mujeres y hombres de Aragón que perdieron la vida en los campos de exterminio nazi. Eso va mucho más allá, incluso de la guerra de España. Estamos hablando de un derecho internacional, de una vulneración de los derechos humanos. También eliminan el mapa de fosas comunes, que es una obligación de derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Eliminan incluso los lugares de memoria que existen en otros países de Europa y también fuera, fuera de Europa.

Desde el Gobierno de Aragón aducen que su norma es “jurídicamente intachable”. ¿Qué pasos van a dar?

Estamos aún en el plazo de la culminación del expediente, pero les vamos a comunicar oficialmente la activación del artículo 33.2 [el mecanismo de la ley del Tribunal Constitucional para abrir un proceso de negociación]. Si están tan seguros, no creo que tengan problema en querer sentarse con nosotros. Cuando se activa el 33.2 es porque hay discrepancias, muchas de ellas jurídicas entre los servicios jurídicos de una administración y otra, e intentamos llegar a un acuerdo.

“Iremos a la ONU porque las leyes de concordia de PP y Vox vuelneran convenios internacionales”

¿Si no se sientan acudirán directamente al Constitucional?

Lo lógico es que por lo menos se sienten para que en el periodo que marca la ley, que son seis meses, intentemos ponernos de acuerdo. Si así no fuera, iríamos al Tribunal Constitucional, pero también a los estamentos internacionales. Si la respuesta es no, automáticamente se activaría la vía del Tribunal Constitucional con un informe previo del Consejo de Estado. Un órgano donde hay pluralidad política y jurídica se tendrá que manifestar al respecto y será muy importante ese informe.

¿Durante ese tiempo, el Gobierno cubrirá de alguna manera los aspectos de la ley de memoria democrática que se deroguen?

Mientras tanto, si se elimina por cualquier autonomía, por ejemplo, el mapa de fosas o el que las administraciones colaboremos para la recuperación de las víctimas, lo tendríamos que activar nosotros de oficio en la ley de memoria democrática. Es algo que ya se adelantó en el 2007 con la ley de memoria histórica y que se consolidó con la ley de memoria democrática del año 2022. Hasta el año 2007 no había ayudas públicas para la recuperación en fosas de las exhumaciones de las víctimas de la guerra de España y de la dictadura posterior. Ahora, eso también lo deroga la Comunidad de Aragón.

¿Se haría de forma inmediata, a través de un decreto?

Es una modificación legislativa, se haría a través del cauce administrativo que nos digan los servicios jurídicos para ir al órgano pertinente, pero sí que activaremos los mecanismos de oficio. Nosotros vamos a desarrollar sin duda la ley de memoria democrática si hay comunidades que quieren poner palos en las ruedas, donde está gobernando el PP con VOX.

Además de Aragón, la derogación de las leyes de memoria se recoge en los programas de coalición de los gobiernos de Castilla y León, Comunidad Valenciana o Baleares.

Esto es una sumisión del PP a Vox. La prueba está en que muchos de los artículos de la ley de Aragón fueron enmiendas del PP. Ahora el mismo partido, obligado por Vox y abrazando sus principios, que lo que quieren es una involución democrática, acepta derogar aquello que antes aprobó. Un paso atrás que debería hacer reflexionar al PP sobre los pagos que tienen que hacer a la ultraderecha para, por ejemplo, no condenar lo que pasó en los campos de exterminio o por qué de manera expresa ahora no dicen que la dictadura debe ser condenada.

“Si PP y Vox derogan las ayudas para las exhumaciones las recuperaremos de oficio”

¿Este marcaje a las comunidades de PP y Vox tiene que ver con un intento de desviar el foco de asuntos como el caso Koldo? Alberto Núñez Feijóo habla de “cortina de humo”.

No fuimos nosotros, sino el Gobierno de Aragón quien aprobó en febrero la derogación de la ley de Lambán. Y tampoco fuimos nosotros, sino el PP y Vox en Castilla y León o en la Comunidad Valenciana, quienes han registrado una proposición de ley en los primeros días de la Semana Santa para igualar la dictadura con los años de la democracia de la Segunda República y blanquearla. ¿En qué ley cabe igualar una etapa sin libertad con otra donde los representantes eran elegidos por el pueblo?

El PP votó en contra de la ley de memoria democrática y Feijóo ya dijo antes de las generales que la derogaría si gobierna.

Creo que hay dos Feijóo. El que fue presidente de la Xunta y el que llega a Madrid, que quiere ser presidente y que ve que solo lo podría hacer con la ultraderecha y se entrega a ella. Su propia comunidad. El nuevo presidente de la Xunta que acaba de ser elegido no tiene en la cabeza ninguna ley de concordia. Hay otras comunidades donde el PP, que gobierna con mayoría absoluta o en otras circunstancias, como Canarias, donde tampoco tienen en la cabeza derogar ninguna ley de memoria democrática. Lo está haciendo obligado por Vox, cediendo a sus principios. En Castilla y León derogando un decreto del propio [Alfonso Fernández] Mañueco. No le importa claudicar e ir contra sí mismo y derogar su propio decreto porque ahora lo obliga Vox. Hay un PP que quiere gobernar como sea, incluso con la ultraderecha y luego hay otros PP en los territorios que aceptan perfectamente las partidas económicas que tenemos en la comisión sectorial con las comunidades autónomas.

¿Cómo garantizarán los recursos económicos para que no se paralice ningún proceso de exhumación?

Tenemos tres millones de euros que acordamos con las distintas comunidades autónomas por cada ejercicio presupuestario, a lo que se suma otro millón de euros que va a la FEMP y también subvenciones nominativas para ayuntamientos. Todo ese dinero para exhumar. Si ahora hay comunidades que no quieren los fondos del Gobierno de España o no ponen fondos de sus propios presupuestos, lo haremos nosotros desde el Gobierno de España.

Las leyes de concordia dicen tener entre sus objetivos no diferenciar a las víctimas de uno y otro bando.

No es verdad que estemos exhumando a unas víctimas y a otras no. Eso es falso. Lo que es real es que durante los años de la dictadura, Franco ordenó exhumar a quienes eran de su bando, del bando nacional, de los que vencieron en la guerra y a los que estuvieron en el bando que dio un golpe de Estado. Fueron exhumados y sus familias fueron recompensadas económicamente, pero no se exhumaron a los que estaban en fosas y habían estado en esa guerra al lado de la República. Y tampoco se recompensó a su familia durante todos los años de la dictadura. Por suerte llegó una ley de memoria histórica que ya puso los primeros pilares y bases para que hubiese compensación a las familias que perdieron a sus familiares con un tiro en la nuca, en fosas, en pozos.

Ha visitado Cuelgamuros con el presidente del Gobierno este jueves. ¿Cómo está siendo el proceso de identificación de víctimas?

En Cuelgamuros hay los restos de 33.000 personas, pero quienes venían del bando nacional venían en cajas individuales y con su nombre. Los que venían de fosas comunes venían en cajas compartidas. Una caja podía tener el resto de diez o doce personas y sin saber quiénes estaban en esa caja. Los del bando nacional que están en el valle de Cuelgamuros saben quiénes están ahí con su nombre y apellido. Los 12.000 que vienen del bando republicano no. Hay personas que han estado 30 años poniendo un ramo de flores en una fosa, pensando que estaba ahí su familia para terminar sabiendo que estaban en el valle de Cuelgamuros.

La ley de memoria democrática incluyó la resignificación el Valle de Cuelgamuros, pero todavía siguen allí los monjes benedictinos. ¿En qué fase se encuentra este proceso?

El Gobierno está avanzando y adelanto que el próximo 23 de abril irán varios acuerdos a Consejo de Ministros. Aparte del acuerdo de creación de tres comisiones de reparación del pueblo gitano, de víctimas republicanas y de otras en los primeros años de la transición democrática irá también un decreto para seguir avanzando en las exhumaciones de Cuelgamuros. Ya son cerca de 200 peticiones para recuperar los restos de familiares con el ADN y con un trabajo magnífico científico que se está realizando. Y seguiremos avanzando en lo que es la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Hay que dar pasos que no son sencillos, pero lo estamos haciendo con premura para culminar con un centro de interpretación.

“El PP debe reflexionar sobre sus pagos a Vox para no condenar los campos de exterminio nazis”

¿Qué fechas manejan para culminarlo?

Nuestra voluntad es que entre este año y 2025 puede estar resuelto. Es verdad que tendremos algunos problemas y ante cualquier iniciativa de quienes quieren poner freno a las actuaciones que están en la ley de memoria democrática, nosotros recurriremos. Ya hubo exhumaciones que fueron paralizadas cautelarmente por el juez, tras una denuncia de un familiar. Presentamos recurso y nos dieron la razón. Lo haremos ante cualquier iniciativa que quiera paralizar la restitución de la verdad, de la justicia y la reparación de las víctimas.

¿Lo mismo está sucediendo con la extinción de la Fundación Francisco Franco?

La extinción de la Fundación Francisco Franco y de todas aquellas fundaciones que enaltecen a figuras o a hechos que ocurrieron durante la guerra civil la dictadura posterior es una cuestión del Patronato, dependiente del Ministerio de Cultura. Se están dando los últimos pasos y hemos tenido reuniones recientes con el Ministro de Cultura, que también está implicado en las acciones para esa extinción. Ha habido expedientes a otras fundaciones que han hecho actos determinados. Nosotros hemos ido a expedientes administrativos y económicos y han recurrido, pero desarrollaremos la ley.

¿A qué otras instancias internacionales recurrirán?

Iremos a la ONU, porque se vulnera el derecho internacional y recurriremos al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al Relator de Ejecuciones Extrajudiciales para que evalúen la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos. Pero también al Parlamento Europeo y haremos las peticiones expresas para que a través del Consejo de Europa y de la Comisión de Derechos y Libertades se realicen las acciones que sean oportunas. Iremos a todos los órganos pertinentes que hagan que se extienda y se restituyan esos derechos humanos y esa defensa de los convenios internacionales.

¿A tres meses de las elecciones europeas, no intentan condicionar el debate electoral con ello?

No fuimos nosotros quienes aprobamos esa derogación en febrero y no hemos sido nosotros los que hemos llevado hace una semana a los registros de El Parlamento de Castilla y León o de Valencia, una proposición de ley. Eso ha sido una iniciativa del Partido Popular con VOX. Por tanto, ellos son los responsables. Me gustaría saber qué opina el Parlamento Europeo de que haya una comunidad autónoma que elimine el homenaje a víctimas de los campos de exterminio nazi.

¿Sin haber analizado jurídicamente las leyes de Castilla y León y Comunidad Valenciana, que no están aprobadas, por qué avanzan que son inconstitucionales?

Lo que llevan consigo es una anulación de una ley anterior de ámbito estatal, que en su primer punto condena la dictadura. A mí no me vale con que el presidente de Castilla y León o el presidente de la Comunidad Valenciana digan verbalmente que hubo una dictadura. ¿Si eso es así, por qué lo retiran del texto? Pero va más allá. Tuvimos 40 años de ausencia de libertad con un régimen basado en un golpe de Estado ilegítimo. Y esas dos proposiciones de ley lo igualan a los años de segunda República. No tiene nada que ver una etapa con la otra. Si tú igualas una etapa de dictadura a una de libertad, lo que están haciendo es blanqueando a la primera.