La batalla por un modelo educativo público, secular y de calidad frente al tradicional modelo de enseñanza privada y de base moral religiosa, es un antiguo conflicto que en este país se viene librando desde el siglo XIX.
La educación, es sin duda la herramienta esencial con la que cuenta cualquier sociedad para mejorar las cualificaciones de su población, llave de su bienestar futuro. En el caso de la sociedad valenciana, el deterioro de la enseñanza pública no puede ser más significativo. El fracaso escolar, los barracones, la falta de profesorado especializado, la alta rotación de las plantillas docentes o la ausencia de una red pública para edades comprendidas entre los 0 y 3 años han sido quejas permanentes que no han conseguido alterar ni un ápice la actitud arrogante del gobierno de Camps.
A ello hemos de sumar las tensiones entre la Generalitat y las universidades públicas que se han visto afectadas por la decisión defendida desde la Consejería de Educación de reducir en un 25% los fondos que las facultades destinan a gastos ordinarios, esto es, los que sirven para pagar a los profesores y cosas tan básicas como pueda ser el recibo de la luz. Ello, además, va unido al malestar que se ha generado entre los rectores de estas universidades por las presiones recibidas en un intento de que se sumaran al proyecto de la Universidad Internacional Valenciana, un ente privado financiado con fondos públicos.
Pero sin duda, el nudo gordiano en materia educativa esta siendo el boicoteo por parte de la Generalitat a la asignatura de Educación para la Ciudadanía a la que consideran un instrumento de "adoctrinamiento socialista", cuando en realidad esta asignatura, encaminada a promover el aprendizaje de los valores democráticos y de los derechos humanos ocupa lugar destacado en la agenda de los ministros de Educación de cualquier país europeo.
Si descartamos la ineptitud de al menos los más influyentes miembros del gobierno valenciano y la estrategia de utilizar la enseñanza como arma lacerante contra el Gobierno Zapatero, lo que subyace, a mi modo de ver, resulta inquietante. Un bochornoso intento de llevar la enseñanza pública a su extenuación al objeto de promover la privada que, en este país, equivale a devolver a la Iglesia la capacidad de formar y de educar.
En estos últimos días que han sido de verdadero caos en las aulas, hemos visto aglutinarse en la Plataforma per l'Ensenyament Públic a un buen número de integrantes de la enseñanza que han plantado cara al Consell movilizando y sacando a la calle, a profesores, alumnos, asociaciones de padres y a inspectores de la enseñanza sin que al parecer, resulte suficiente para el arrogante gobierno valenciano.
Tal vez sea este el momento y el punto de partida para sumar esfuerzos y movilizar a universidades, fuerzas políticas de la oposición, sindicatos de enseñanza y a todos aquellos ciudadanos que entiendan que la educación de nuestros jóvenes no puede estar en manos de una institución que lleva siglos negando toda forma de progreso.
María D. Perales Poveda es licenciada en Historia.
