Lo que está pasando con los residuos no es casual. El Partido Popular es experto en planificar futuros nichos de negocio a costa del interés general. Los consorcios participados por ayuntamientos, Diputación y Conselleria tienen su sentido cuando gestionan los residuos producidos por los vecinos de las entidades que lo forman. Así se ahorra en transporte y se asume en todas las comarcas que los desperdicios se deben tratar adecuadamente. En la teoría, todos los consorcios tenían proyectadas sus instalaciones, en algunos se han llevado a cabo (los de la provincia de Alicante) y en otros no (Valencia y Castellón). Estas instalaciones están formadas por una planta de triaje donde se debe separar el residuo por tipos de material para llevarlos a reciclar. Solo un 20% debería ser rechazo. Y este 20% es el que se ha de enterrar en los vertederos.

Aquí está el primer negocio. La planta de triaje necesita mucha mano de obra cuyos costes están pagados por los ciudadanos a través del recibo correspondiente. Si algunas de las plantas se ahorran personal y ese 20% de rechazo se convierte en el 50% o incluso como en Villena en el 90% , prácticamente todo el volumen de residuos va directo a vertedero, acortando por tanto su vida útil proyectada para unos 20 años normalmente. Todo esto contando que se gestionan los residuos de las poblaciones para lo que se ha diseñado la planta de triaje, planta de compostaje y vertedero de rechazo. La empresa gestora de las instalaciones nos cobra a los ayuntamientos por cada tonelada de residuos que llevamos, como no podría ser de otra manera, pero lo hace para gestionar adecuadamente estos desperdicios, no para enterrarlos ya que en la tarifa está repercutida la amortización de la planta de triaje y el personal necesario para ello. Todos los ayuntamientos deberán empezar a pensar qué tipo de tarifa pagan a la instalación y para qué tratamiento y los consorcios a establecer un control sobre cuantas toneladas entran en planta y cuantas salen como material a recuperar (el resto sin duda estará enterrado). Está bien claro que pasar el camión de largo de la tolva de triaje para descargar en vertedero de rechazo directamente genera grandes beneficios.

El segundo negocio es cuando las puertas de estos vertederos se abren para camiones que vienen de otras zonas, de donde sea. Por supuesto, si ya no se tratan adecuadamente los residuos "de casa" por supuesto que los camiones de fuera del consorcio van a ir directos a los vasos de los vertederos generando un negocio de dimensiones que todavía no conocemos pero con muchas cifras.

Pero el problema es que este gran negocio no se hace de una forma lícita sino aprovechándose de la falta de transparencia en la realidad del funcionamiento de las plantas y vertederos, afectando a los vecinos y al medio ambiente de una forma impactante y sobretodo colmatando las instalaciones dimensionadas para un volumen de residuos producidos por los vecinos colindantes. Esto produce que las instalaciones de la provincia de Alicante en poco tiempo estén como ahora las de Valencia, en una situación totalmente programada y diseñada por el PP valenciano.

Ni ahora, ni hace 2 años ni hace 10, cuando se aprobaron los planes de gestión de todos los consorcios hacen falta inventos raros para que los residuos tengan un tratamiento adecuado, se hace en muchos países y también en el nuestro. Basta cumplir estos planes y hacer las instalaciones tal y como se proyectaron, ponerlas en marcha y vigilar para que éstas trabajen adecuadamente, separando los residuos en la máxima cantidad posible y utilizando los vertederos de rechazo con lo imprescindible.

Los vecinos cumplen, lo hacen pagando los impuestos y además en muchas poblaciones ya colaborando en la recogida selectiva. Los miembros del PP que dirigen las administraciones y los consorcios deberían estar a la altura. Hasta ahora no lo están, demostrando, como siempre, que los temas de medio ambiente sólo se miden en euros y en adjudicaciones.