En época de negociación, cuando el Gobierno necesita apoyo para los presupuestos, no es creíble que un acuerdo de carácter territorial responda al interés general, pues lo que constituye el objeto del convenio ninguna relación tiene con lo que se da a cambio. El PNV no vota a favor de los presupuestos porque éstos hayan incorporado modificaciones en determinadas partidas, sino, simplemente, porque el Gobierno ha concedido al País Vasco un poco más -ya queda menos para repartir-, de la soberanía nacional. El PNV y CC en lo que le toca, no votan un presupuesto porque el mismo sea útil o inútil para salir de la crisis -eso ni siquiera se lo han planteado-, sino, sencillamente, porque se les ha concedido un incremento de su autogobierno. Así son las cosas y todas las apelaciones que se hacen a la responsabilidad son pura cháchara, tanto como las que anteriormente hicieron otros presidentes y que fueron adecuadamente criticadas. Que digan la verdad y respondan por ella. El solo hecho de ocultarla supone que tienen conciencia de lo indebido.
El acuerdo alcanzado demuestra la falta de pudor de los partidos nacionalistas y del Gobierno, que no dudan en prestarse a un juego diabólico para colmar sus intereses más inmediatos. La cosa es clara. Si el PNV va a votar unos presupuestos y se considera un partido honrado, es evidente que hay que presumir que los considera adecuados, en cuyo caso debería haberlos aprobado sin pedir nada a cambio. Siendo así, exigir una retribución ante un apoyo que le imponía la lealtad constitucional es simple chantaje. Pero, si por el contrario, no está de acuerdo con ellos, apoyarlos previa obtención de contrapartidas personales o locales, acreditaría desvergüenza y desfachatez, pues no cabe otro calificativo para quien muestra su adhesión a algo perjudicial para la mayoría con tal de satisfacer sus ambiciones.
Porque, ¿qué tiene que ver la ley de presupuestos con denominar a Álava, Araba o con designar a parte del Atlántico como Aguas de Canarias? Nada. Se apoya una ley de presupuestos calificada de mala y nada creíble, que reconocidamente va a incrementar el paro y que tampoco va a servir, por su irrealidad, para paliar el déficit, a cambio de dar un mordisco más al Estado. Se sacrifica el todo por una parte.
Y lo más grave es que el sistema autonómico español -el que supone la mayor parte del déficit y la crisis económica que pagamos todos-, se ha construido sin referencia a proyecto sólido alguno y sólo a golpe de presiones, de chantajes, aunque sean aparentemente lícitos y los imponga una lógica parlamentaria que subsiste únicamente porque los partidos mayoritarios se empeñan en mantener un sistema electoral que prima a las formaciones nacionalistas frente a las nacionales. Los partidos nacionalistas son incómodos, pero a la vez, por su versatilidad, por denominarlos de algún modo no ofensivo, muy útiles para obtener réditos singulares como el que ahora ha obtenido Zapatero, el de mantenerse en el poder a cambio de dar a una parte lo que corresponde al común de los españoles. Porque así funcionan los partidos nacionalistas. Su ideología se centra en favorecer los intereses de su territorio frente al común, en ampliar las competencias periféricas. Y de ese modo, pues, ante situaciones de debilidad gubernamental, encuentran su caldo de cultivo perfecto, votando lo que se les pide, con indiferencia y sin pudor, al margen de que pueda constituir un desastre para la nación, si con ello consiguen satisfacer lo suyo. Son objetivamente perjudiciales para el Estado, pero juegan un papel que beneficia a quien ocupa el poder cuando se enfrenta a crisis como la presente. Se prestan con docilidad y sin inmutarse a lo que otros ofrecen sin freno ético alguno.
En un país serio, en el cual los gobernantes antepusieran los intereses generales a los de partido o personales, hace mucho tiempo que se hubiera modificado la ley electoral, estableciendo el Estado como demarcación y haciendo realidad el valor igual de cada voto. Curiosamente, este cambio de sistema no perjudicaría cuantitativamente a los partidos nacionalistas, que no variarían excesivamente sus resultados, pero haría perder escaños a los mayoritarios (alrededor de diez cada uno) en favor de otros partidos nacionales, especialmente IU, que ganaría doce y UPyD que aumentaría hasta cuatro. Con estos datos el Gobierno no podría haber pactado con PNV y CC, cuyos votos hubieran sido insuficientes para alcanzar la mayoría necesaria para aprobar los presupuestos. Y un pacto con todos los nacionalistas sería impagable por su onerosidad. En su lugar, habría que haber llegado a acuerdos con otros partidos nacionales, que centrarían sus exigencias en políticas beneficiosas para la totalidad de los españoles. Todos hubiéramos ganado, pero parece ser que no lo ha visto así el Gobierno, que ha optado por pagar un peaje a cambio de regalarnos más paro el año que viene.
Nota: nada voy a decir del nuevo Gobierno. La cortesía obliga a conceder un tiempo razonable para observar su comportamiento. Pero, el hecho de mantener el equipo económico es preocupante. Nada en ese aspecto va a cambiar y ahí tiene el Gobierno socialista un problema cierto con el voto de izquierdas Aunque lo explique mejor y mil veces.
