Ya son 945 es el número de ejecuciones hipotecarias que han tenido entrada en los juzgados de Elche durante el último año y medio. Según datos hechos públicos por el Banco de España se ha echado a la calle en los primeros seis meses de 2013 el mismo número de familias que durante todo el año 2012. Esto demuestra que este problema continúa aumentado de manera alarmante.
El PSOE presentó una moción en julio de 2013 al pleno municipal de Elche, proponiendo a la alcaldesa y su equipo de gobierno que negociasen con las entidades financieras presentes en nuestra ciudad la cesión de viviendas provenientes de su gran stock para crear un fondo o bolsa de viviendas destinadas al alquiler social. Dicha moción fue aprobada por unanimidad del pleno, pero no tenemos constancia de que se hayan realizado negociaciones.
El pasado lunes día 28 de julio, el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción, promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y respaldada por diecinueve colectivos más la firma de más de cinco mil ciudadanos de Elche, que contempla una serie de medidas para ayudar a las familias desahuciadas, como la creación de un parque de viviendas, bonificaciones en el IBI o nuevas ayudas para agua, luz y gas (12 votos del PSOE, 1 del Partido de Elche, 1 del Grupo no adscrito y la abstención de 13 del PP).
Vivienda social es un término global que se refiere a la vivienda de alquiler a cargo y propiedad del Estado, de una organización sin fines de lucro o de una combinación de ambas con el objetivo de proveer vivienda económica. En Francia una ley reciente obliga a cada pueblo a tener al menos un 20% de HLM (Habitation á Loyer Modéré o Vivienda de Alquiler Moderado) sobre el mercado de viviendas de alquiler.
En los Países Bajos el costo de las viviendas de renta más económicas se mantiene bajo gracias a la regulación y al cuidado gubernamental. En la práctica, esto es gestionado por fundaciones o asociaciones de vivienda privada sin ánimo de lucro. En muchas ciudades holandesas el porcentaje de vivienda social se acerca o incluso supera el 50% del mercado de viviendas de alquiler.
En España, la política de vivienda pública o social comenzó en la dictadura de Primo de Rivera con la Ley de Casas Baratas de 1921. La mentalidad española de rechazo a las casas de alquiler ha hecho caer al mínimo las viviendas de protección pública. Ahora esa falta de viviendas es un problema social. Muchos sectores reclaman más viviendas públicas para alquilar.
Uno de los grandes problemas que ha provocado la actual crisis económica ha sido el lanzamiento de familias que no han podido hacer frente a sus préstamos hipotecarios (desahucios) al perder sus trabajos y por tanto sus ingresos. Es necesario un gran acuerdo entre todos los actores que han intervenido y siguen interviniendo en esta situación: gobierno, entidades financieras y otros agentes sociales, promoviendo una gran moratoria para aquellas familias que de buena fe y por causas sobrevenidas (desempleo, temporalidad o la precariedad en el empleo, incapacidad temporal o permanente, divorcio o fallecimiento del cónyuge) han sido víctimas de la crisis, al perder sus viviendas.
El PSOE presentó una iniciativa para dar solución a la situación de extrema gravedad que están sufriendo muchos ciudadanos: Proposición de Ley sobre medidas ante la insolvencia personal y de protección ante el sobreendeudamiento. La respuesta del Partido Popular en las Cortes fue rechazar dicha proposición. Son diversas las entidades financieras que se han adherido al Convenio del Fondo Social de Viviendas, derivado del Real Decreto-Ley 27/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, pero resulta insuficiente. Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja en muy mal lugar la ley hipotecaria española.
Los Ayuntamientos, y el Ayuntamiento de Elche en concreto, no pueden quedar impasibles ante esta tragedia en la que personas de buena fe han sido desalojadas de sus viviendas. Mi mayor reconocimiento a todas estas familias ilicitanas que en los últimos años han sufrido las mayores consecuencias de esta tremenda crisis, como ha sido la pérdida de sus viviendas, pero que luchan y trabajan por rehacer de nuevo sus vidas, por tener una vivienda digna como reconoce la Constitución Española.
Es necesario tener voluntad política y empatía para atender y ayudar a estas familias que perdieron sus trabajos, sus ingresos y además fueron desalojadas de sus casas. Voluntad política y empatía que cuestiono que tenga la alcaldesa de Elche a pesar de que son cientos las familias ilicitanas que están reclamando una vivienda social.
