En Alcoy, por desgracia, las cosas llevan décadas funcionando así. En un momento dado, a un político se le ocurre una idea catastrófica y pasados los meses decide ponerla en práctica. Ante la llegada inminente de la chapuza, la sociedad civil y los colectivos profesionales afectados por ella permanecen oficialmente mudos, limitando sus críticas a las barras de bar y a las conversaciones en off de record. El temor a incomodar al poder por parte de los colectivos sociales (con alguna honrosísima excepción) ha hecho que en esta ciudad se haya perpetrado una larga serie de barbaridades tan caras como absurdas; una sucesión de pequeños y grandes desastres, que han pesado como una losa sobre nuestras vidas cotidianas y sobre nuestras perspectivas de desarrollo como comunidad. Cogiendo el rábano por las hojas, las autoridades competentes interpretaban estos silencios mansurrones como una inequívoca señal de aprobación para sus propuestas y no se cortaban ni un pelo a la hora de ejecutar los peores despropósitos.
La gestión de las infraestructuras judiciales alcoyanas ha cumplido punto por punto los preceptos de este nefasto sistema de gestión, que ha permitido que en Alcoy algunos desastres se perpetúen hasta consolidarse como elementos fijos del paisaje urbano y social. Empezó el Ayuntamiento del PP asumiendo (nadie sabe porqué misteriosas razones) la construcción de unos nuevos juzgados en el casco antiguo. Continuaron los populares convirtiendo esta obra en una insólita demostración de la táctica error/acierto, que obligó a revisar varias veces el presupuesto y que triplicó los costes inicialmente previstos, hasta llegar a los 3,5 millones de euros. Los problemas no se acabaron con la finalización del proyecto, ya que la inexistencia de cualquier tipo de convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento impedía una rápida operación para intercambiar la nueva sede judicial por el viejo palacio de la Plaza de Al Azraq. En este punto recogió el asunto el actual gobierno de izquierdas, que fue incapaz de llegar a un acuerdo con una Conselleria de Justicia instalada en la cicatería y el castigo permanente a Alcoy. Para rizar el rizo, llega una orden de la Inspección de Trabajo instando a reformar los viejos juzgados bajo la amenaza de un cierre. La locura alcanzó su cénit cuando se anunció que la reforma del inmueble de Al Azraq obligaría a usar barracones como sede provisional de los juzgados mientras durasen las obras. Se perfilaba en el futuro inmediato una postal digna de figurar en las grandes antologías del disparate político: Alcoy se convierte en la primera ciudad del mundo en practicar el chabolismo judicial, mientras mantiene vacíos dos palacios de justicia (uno todavía sin estrenar) en los que las diferentes administraciones se han gastado una millonada.
Hasta aquí todo «normal»: Alcoy daba por aceptado este nuevo desatino y se preparaba para soportar el bochorno de las togas impartiendo justicia en una especie de aulas prefabricadas. La sorpresa ha llegado de la mano del Colegio de Abogados, que en vez de aceptar la situación como inevitable ha salido a la palestra con unas declaraciones cargadas de sentido común y de cabreo soterrado, en las que se exige al Ayuntamiento y a la Conselleria de Justicia que se pongan de acuerdo, que acaben de una vez con su tira y afloja político y que pongan en marcha cuanto antes el nuevo edificio judicial del casco antiguo; denunciando simultáneamente que reformar el viejo juzgado de Al Azraq es una bonita forma de tirar a la basura el dinero del contribuyente. Unos días después, desde el gobierno municipal se contesta expresando la voluntad de reabrir negociaciones con la Generalitat, en unas declaraciones de las que desaparece cualquier referencia a propuestas delirantes como el de instalar la Policía Municipal en el edificio de la Plaça de la Mare de Déu.
La moraleja de esta historia está clara. Un colectivo profesional, que entiende que una determinada actuación pública le causa fuertes perjuicios, expresa su malestar y presiona a las administraciones implicadas hasta conseguir un cambio de planteamientos. Es un método habitual en otros lugares del mundo, pero a los habitantes de la silenciosa y conformada ciudad de Alcoy nos parece un acontecimiento extraordinario, digno de figurar en los anales de la política local. A la vista de esta experiencia, sólo cabe esperar a que cunda el ejemplo.
