La victoria del «No» en el referéndum del pasado domingo 5 de julio, celebrado en Grecia por iniciativa del Gobierno de Syriza, presidido por Alexis Tsipras, ha concedido a la ciudadanía griega y a la ciudadanía europea volcada en su apoyo, un protagonismo histórico en el proceso de lucha por el derecho a la dignidad. El referéndum fue convocado para que la ciudadanía griega se pronunciase sobre la última propuesta realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y las instituciones gubernamentales de la Unión Europea (Comisión Europea, Consejo Europeo y Eurogrupo) al Gobierno de Syriza, en el marco de las negociaciones sobre el pago de la deuda pública del Estado griego. La propuesta planteaba una prórroga de cinco meses, hasta noviembre de 2015, del segundo «rescate a Grecia» y una financiación total de en torno a 15.500 millones de euros para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda, es decir una refinanciación de la misma, condicionada a la adopción por el Gobierno griego de nuevas medidas de austeridad, como el recorte de las pensiones y la subida del IVA en los alimentos y en las islas, sin atender al núcleo central de la propuesta del Gobierno griego: la necesidad de reestructurar la deuda pública.

La utilización del arma psicológica del miedo por parte del establishment financiero-político y mediático, tanto griego como europeo, incluyendo el español, para inclinar la balanza en favor del «Sí» frente a un «No» asociado a un escenario apocalíptico que ponía en riesgo la permanencia de Grecia en la zona euro, no ha dado resultado. Una vez encajado el resultado, el establishment oligárquico sigue insistiendo en que el gobierno griego debe comprometerse a la aplicación de «reformas» (léase «ajustes de austeridad») en el marco de una nueva negociación sobre la deuda, eludiendo que el Gobierno de Syriza también presentó sus propuestas para «cuadrar las cuentas públicas». Lo que ha marcado las diferencias entre las partes negociadoras es la fuente desde la que obtener los recursos: mientras que para el Gobierno griego, el 92% de lo que debe ingresar para pagar la deuda debe proceder de una reforma fiscal que grave las rentas altas, el turismo y los artículos de lujo, para los acreedores financieros, la recaudación debe proceder de la reducción del gasto público-social y la subida de la imposición indirecta, sin tocar los beneficios fiscales del gran capital económico-financiero. En otras palabras, lo que pretenden los acreedores es obligar a los sectores más vulnerables del pueblo griego a sufragar una deuda de la que ni son responsables ni se han podido beneficiar, una deuda cuya cuantía está artificialmente inflada y que, además, es manifiestamente insostenible.

A modo de somero resumen: los principales acreedores del Estado griego fueron bancos privados, sobre todo, franceses y alemanes. Éstos, con los créditos obtenidos del Banco Central Europeo a un interés simbólico, inferior al 1%, concedieron préstamos al Estado griego a unos intereses mucho más elevados, en torno al 5%, al 6%, al 7% e, incluso, superiores, estrangulando, de esta forma, las finanzas griegas. Después de que se hiciera evidente que el Estado griego no podría pagar nunca su deuda pública acumulada, tras hacerse público que los gobiernos de Nueva Democracia habían maquillado las cuentas públicas para poder ingresar en el euro, la «Troika» (FMI, BCE y Comisión Europea) puso en marcha los llamados «rescates» a Grecia de 2010 y 2012, que, en realidad, consistieron en el traspaso de la deuda griega desde la banca privada al FMI, el BCE y los mayores gobiernos de la Eurozona. De esta forma, la banca privada pudo deshacerse de la engorrosa deuda pública griega y, al ser adquirida por organismos públicos, es decir, financiados por los contribuyentes, se convirtió en el pretexto idóneo para convertir a Grecia en el laboratorio de operaciones europeo de la austeridad más salvaje. Un dato: más del 90% de los fondos de los programas de rescate de 2010 y 2012 fueron a parar a los acreedores, ni al Gobierno, ni a la ciudadanía griegas. Hoy en día, la deuda pública absorbe más de la mitad de los presupuestos del Estado griego. No sólo es insostenible, sino ilegítima, porque atenta contra los derechos humanos básicos.

Los programas de austeridad impuestos por los sucesivos gobiernos de Nueva Democracia y del PASOK en los cinco últimos años, presentados como la única fórmula contra la crisis económica, han supuesto, paradójicamente, más crisis. El maridaje envenenado de la crisis y la austeridad ha sumido a la población griega en una crisis humanitaria sin precedentes en Europa en período de paz. En los últimos cinco años, el Producto Interior Bruto (PIB) ha descendido un 25%, la deuda pública a la que se dice combatir, ha alcanzado el 181% del PIB, el paro ha alcanzado al 26% de la población trabajadora y al 56% de la gente joven, el 45% de las personas jubiladas sobreviven con menos de 665 euros al mes, el 40% de los niños viven por debajo del umbral de pobreza, de los cuales, 322.000 no tienen las necesidades nutricionales básicas cubiertas, los salarios, tanto en el sector privado como en el público se han devaluado en torno al 40%, 200.000 trabajadores públicos han perdido su empleo, los hospitales funcionan sin el personal necesario, gran parte de la atención sanitaria y de las necesidades alimenticias es atendida por la solidaridad social... ¿Alguien en su sano juicio puede creer que la recuperación económica depende de la austeridad? ¿Se puede decir sin sonrojarse que financiar la deuda pública es ayudar a Grecia?

En línea con lo que ha representado a lo largo de la historia, la deuda pública constituye un instrumento de extorsión económica y de sometimiento político en manos del poder, en este caso, el poder financiero y, en la actual crisis, es utilizada como pretexto para implantar un modelo político-social basado en la acumulación de capital por desposesión de las clases populares. Ante esta situación, el objetivo del Gobierno de Syriza, el único gobierno europeo que se opone a la austeridad, es la sustitución de las medidas de austeridad impuestas por la «Troika» a los anteriores gobiernos por una mayor recaudación, acompañada de una reestructuración de la deuda, que permita a la economía y a la sociedad griegas salir del círculo vicioso del endeudamiento y el empobrecimiento sin fin. El referéndum del pasado domingo 5 de julio ha puesto en evidencia los términos del conflicto central del mundo actual: el que resulta de la subordinación de la soberanía popular a los dictámenes totalitarios de los grandes grupos económico-financieros y sus voceros políticos y mediáticos.

Suerte, Syriza.