En este artículo me propongo describir una parte importante del origen de la actual ruina de las cuentas públicas y poner de manifiesto la forma de operar de nuestros «gestores» políticos, con comportamientos que en cualquier país «civilizado» como Alemania, serían penados con la cárcel e inhabilitación de cargo público de por vida, pero que aún en España es la tónica general.
La expresión «elefante blanco» es muy antigua. Hay que remontarse a la antigua época de los reyes de Tailandia para explicar el significado del término «elefante blanco». Este tipo de mamíferos, muy atípicos, son considerados desde la antigüedad como sagrados, siendo un símbolo de poder real. Todos son regalados y, cuantos más elefantes de este tipo tenga el rey, mayor será su estatus. Sin embargo, cuando los reyes estaban descontentos con alguno de sus súbditos le regalaban un mamífero de este tipo. El súbdito debía alimentarle con comida especial y permitir a todos los ciudadanos que quisieran venerarlo. Esto tenía un coste elevadísimo lo que provocaba la ruina del súbdito.
En la cultura occidental, «elefante blanco» hace referencia a posesiones que tienen un alto coste, tanto de construcción como de mantenimiento, y ese coste es mayor que el beneficio que aporta. Es decir, estos «elefantes blancos» ocasionan más problemas que beneficios a sus propietarios.
En España, fruto de una mala gestión y del despilfarro de muchos políticos, tenemos grandes ejemplos de elefantes blancos. Sin ir más lejos, las instalaciones olímpicas como la Caja Mágica o el Madrid Arena, son claramente deficitarias, pero hay muchas más.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia son un ejemplo de este despilfarro. En plena fiebre del ladrillo, a finales de los años 90, la Generalidad Valenciana proyectó el faraónico complejo cultural y lúdico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El «macrocomplejo» tenía un presupuesto inicial de 308 millones de euros. Sin embargo, el gobierno de Francisco Camps acabó desembolsando 1.281 millones de euros, lo que supone un gasto extra de casi 1.000 millones de euros de dinero público. El pasado viernes, el gobierno valenciano anunció, en su momento, su intención de privatizar la gestión del complejo. Desde que abrió sus puertas en 1998 ha facturado poco más de 400 millones de euros.
Otro ejemplo de despilfarro muy popular es el del aeropuerto de Castellón. Desde el inicio de la construcción de este aeropuerto ha sido visto como una mala decisión del entonces presidente de la Diputación Carlos Fabra. El 25 de marzo del 2011 se celebró un acto oficial de inauguración, sin embargo, prácticamente, ningún avión ha aterrizado o despegado desde este aeropuerto fantasma. Con un gasto de más de 150 millones de euros, el aeropuerto únicamente ha servido de pista de entrenamiento de coches de carreras.
Un tren de alta velocidad Toledo-Albacete que ha tenido que cerrar porque sólo transportaba nueve pasajeros al día mientras que su mantenimiento era de 18.000 euros diarios.
Un puerto industrial en Arinaga (Gran Canaria) que ha recibido en seis años de funcionamiento menos barcos que los que se pueden contar con los dedos de una mano y en el que, sin embargo, se van a invertir 142 millones de euros para su ampliación.
Un puerto exterior en Punta Langosteira, en A Coruña, cuyo presupuesto inicial de obra era de 479 millones de euros y que va a alcanzar los 1.000 millones.
Esta es solo una parte de la política de construcción de infraestructuras auspiciada por las administraciones públicas y que sigue su curso a pesar de los recortes que se imponen en otros ámbitos como la educación, la sanidad, la cooperación o la protección del medio ambiente. La lista europea de obras disparatadas y ruinosas que España lidera.
¿Se acabó la locura del despilfarro? En absoluto. Aún nos queda Canarias, donde políticos y empresarios pretendieron tirar al mar más de 143 millones de euros en un proyecto tan disparatado como todos los anteriores e incluso más: el puerto de Granadilla, en Tenerife.
Por otro lado, estoy convencido de que todo ese afán de los políticos de realizar esas inversiones faraónicas no derivan de la búsqueda del «bienestar común», no se trata de una mala interpretación de ese bienestar, el motivo fundamental son los jugosos beneficios económicos personales que se obtienen en esos mega-contratos, en suma se tratan de «pelotazos» en toda regla, a lo cual es completamente adicta una gran parte de nuestra «cleptocracia política», aun a costa del hundimiento de todo el país, lo cual les trae sin cuidado.
Como «subproducto» de esos pelotazos, además se consiguen votos, pues en la tremenda incultura de la población, ésta interpreta que esas infraestructuras ruinosas les benefician, pues «crean empleo» y mejoran el «bienestar» de la zona. ¡Qué equivocados están y a qué alto precio lo pagaremos todos! Existen multitud de municipios españoles endeudados hasta las cejas y con un nivel de deuda por habitante que supera en muchas ocasiones los 10.000 o 12.000 euros.
Debemos añadir que España es un país de pobres. España tiene un salario medio que es mucho menor que el de la UE y la mitad que el de Alemania, pero no sólo eso, si ahora buscamos el salario «típico», es decir, el salario más probable de un trabajador español (en términos estadísticos se designa como «moda») tenemos que este salario es de 15.500 euros brutos/año, es decir, el español «típico» es un mileurista.
Los derroches de ayer y algunos de hoy, acabaremos pagándolos, en un futuro muy próximo, todos los españoles. Sólo la voracidad de una clase política local manirrota, cortoplacista y estrecha de miras explica estos grandes derroches. Pero eran años de excesos y falsas ilusiones en los que dirigentes megalómanos creían que podían satisfacer su vocación faraónica y comprar el favor de la opinión pública con cargo a la bonanza que vivía el país. Por eso, como economista, entiendo que no es cierto que la crisis sea consecuencia únicamente de la coyuntura internacional y de la burbuja de la construcción. En el mejor de los casos, existió también una forma de gobernar imprudente que no reparaba en gastos para captar el voto; en el peor, la política se utilizó como el camino más corto para el enriquecimiento ilícito.
España necesita de manera urgente ser gobernada por políticos que sean a la vez buenos gestores y estaría dispuesto a admitir a cualquier buen gestor, fuera del partido que fuera.
