Recuerdo los tiempos, no tan lejanos, en que el expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante Antonio Fernández Valenzuela levantaba el teléfono por la tarde y llamaba a algún periodista de Economía para fijar la posición de la entidad sobre el asunto que en ese momento ocupara la atención mediática, por lo común, alguna polémica política o económica en la que el empresario veía la obligación de que la Cámara marcara el territorio. Cuando eso ocurría, la opinión del dirigente cameral rara vez causaba indiferencia porque, además de analizar la provincia de Alicante de un modo coherente, Valenzuela se había ganado el respeto y liderazgo de los empresarios a pesar de haberlo considerado un«rojo peligroso» por proceder de una época en la que el PSOE aún daba sentido a la O de sus siglas.
Años después, el expresidente de otra organización empresarial de Alicante reconocía entre la amargura y la incredulidad que en la Presidencia de la Generalitat no le pasaban llamadas con el jefe del Consell, un puesto desde el que antaño, con otros ocupantes en el cargo, se acostumbraba a utilizar las instituciones privadas al servicio de los intereses de partido. La Cámara de Alicante y la patronal Coepa tienen al frente a dos interinos. Uno, Juan Bautista Riera, que quiere gestionar la institución de la manera menos ruidosa posible y sin causar demasiadas molestias; y otro, Francisco Gómez, con el prestigio intacto como presidente de la Empresa Familiar pero que, si nada lo remedia, tendrá la desagradable misión de echar el cierre a la otra organización que también preside. A la sociedad civil y a los poderes públicos no parece importarles mucho todo este lío de los empresarios. No hay líder, nadie a quien al día siguiente el Gobierno de turno salga a contestar. El tiempo de las patronales como líderes de opinión parece haber concluido, y ahora son los lobbies como AVE, la Asociación Valenciana de Empresarios que agrupa a las grandes fortunas, los que fuerzan a las administraciones a compartir su opinión y sus intereses. Y en esa línea, la representación empresarial de Alicante tiene un peso tan discreto que en Presidencia pueden permitirse continuar sin pasarle llamadas al jefe del Consell.