Se puede considerar la auctoritas como la tutorización de los menores de edad basada en la capacidad competente adquirida por los adultos de referencia, normalmente los padres, a lo largo de su vida, que los faculta para ejercer su autoridad en todos los ámbitos, desde el moral hasta el de conocimientos. Es necesario matizar que en la actualidad la función de autoridad de los padres se ve fusionada, en la mayoría de los casos, con la potestas, es decir, con la obligatoriedad de obedecer determinados preceptos paternos, lo que llamamos la patria potestad.
Este legado del Derecho Romano, no consigue que se vean acogidos todos los derechos y deberes de los padres y los hijos en una justa armonía. Todo podría ir mejor si las medidas educativas fueran en consonancia con la evolución de los tiempos y, sobre todo, si los menores lograran entender el mensaje de que tienen unos derechos pero también unas obligaciones. Si a esto le sumamos los protocolos legales a los que están sujetas las fuerzas del orden público y la jurisprudencia, entramos en una singular y enrevesada problemática que genera demasiados sinsabores.
En los últimos tiempos estamos asistiendo a muchas denuncias de hijos contra padres y viceversa, fruto de la mala interpretación de esos derechos y obligaciones en la mayoría de los casos. El periodo adolescente es una tormenta de altibajos difíciles de manejar con las herramientas actuales y, mucho más, si los padres no cuentan con una trayectoria lineal y con límites perfectamente marcados desde los primeros años de vida de sus hijos, lo que lleva a acusaciones que acarrean detenciones, juicios y desastres en la dinámica familiar de muy difícil solución posterior.
Asistimos a denuncias tan peculiares como la de una estudiante universitaria que quiere que la paga de 600 euros mensuales para sus gastos aumente a 800 y ese esperpento acabe en los tribunales de justicia. El caso más reciente que ha saltado a los medios de comunicación ha sido el de un adolescente que es castigado por su madre a no usar el móvil para que estudie el examen que tiene al día siguiente. El joven se niega y la madre forcejea para coger el móvil, lo que proporciona al chaval la excusa perfecta para denunciarla en la Guardia Civil. El caso llega a los tribunales y la fiscalía solicita una pena de nueve meses de prisión para la madre por malos tratos. El juez, entrando en razón, exculpa a la madre del delito, pero el daño ya está hecho.
La fina línea entre la aplicación de un castigo que se ciña a lo razonable y la tropelía es demasiado inestable y poco clara. Se presupone que los padres siempre tienen capacidad de auctoritas y quizás hay esté el error. Pero qué solución tiene este razonamiento.
