Resulta esclarecedor acerca del concepto de democracia y de la asunción de responsabilidades que tiene Mariano Rajoy y, por tanto, el Partido Popular, que la única declaración que ha hecho el presidente del Gobierno sobre el grave escándalo que ha obligado a dimitir de su puesto a Manuel Moix haya sido rebajarlo a la categoría de chisme. Que la reflexión de Rajoy sobre el colofón a la utilización constante de la justicia en beneficio propio que ha supuesto el saber que Manuel Moix, exfiscal anticorrupción , es decir, el impulso judicial del Estado en materia judicial, tuviera una cuenta en un paraíso fiscal cuyo único bien fuese una casa valorada en más de 500.000 euros y con una administradora ficticia de 90 años, haya sido venir a decir que era un chisme inventado por periodistas y políticos trasnochados, demuestra lo lejos que está el Partido Popular de la sociedad española del siglo XXI. Un partido político corrupto hasta la médula y analógico en un tiempo digital.
A pesar de negar, con gran descaro y desparpajo, que hubiese alguna irregularidad, Moix no sólo tuvo que dimitir sino que además ahora se enfrenta a una investigación de Hacienda que, obviamente, no se ha creído el camelo de que los padres de Moix dejaron como herencia una casa a nombre de una sociedad offshore. La intención evidente era la de ahorrarse el impuesto de sucesiones y dejar pasar el tiempo para que, o bien prescribiese la obligación legal de pagar a Hacienda o bien ganar tiempo para, en un momento posterior, acogerse a alguna amnistía fiscal oportunamente aprobada por el Partido Popular como pudimos ver hace algunos meses.
Pero lo más reseñable de Manuel Moix no ha sido su burdo intento de ocultar su titularidad en una cuenta en un paraíso fiscal sino sobre todo su dudosa parcialidad en todos aquellos casos en los que ha participado como fiscal en los últimos meses y en los que también ha estado involucrado el Partido Popular. Basta recordar que Manuel Moix mientras dirigió la Fiscalía de Madrid ordenó que se calificara la huida de Esperanza Aguirre de la policía municipal de Madrid como falta y no como delito; se opuso a que Rodrigo Rato fuera detenido y no hizo caso de las denuncias que se plantearon sobre un campo de golf construido por el Canal de Isabel II, epicentro de la corrupción institucional del Partido Popular de Madrid. Fue aún más grave que se opusiera, siendo fiscal anticorrupción, sin dar ninguna explicación del porqué, a que se efectuaran varios de los registros que la Guardia Civil llevó a cabo con ocasión de la Operación Lezo que terminó con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que casualmente -no vayan a pensar mal- en conversación telefónica con Eduardo Zaplana intervenida por la Guardia Civil esperaba como agua de mayo que Manuel Moix fuese nombrado fiscal anticorrupción.
Según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, un chisme es una noticia verdadera o falsa o un comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna. Pretender rebajar a categoría de chisme lo que ya supone uno de los más graves escándalos judiciales de la democracia española no sólo es un insulto a la inteligencia de los españoles sino sobre todo no entender la importancia que en un Estado de Derecho tiene la asunción -por parte del partido político instalado en el palacio de la Moncloa- de las responsabilidades políticas que se derivan de un uso torticero y maniqueo de uno de los poderes del Estado en beneficio propio.
Si Mariano Rajoy y el Partido Popular creen que dejando pasar el tiempo los votantes españoles olvidarán la enorme bola de nieve de corrupción en que se encuentra significa que no acaban de entender ni el pozo de corrupción en que están metidos ni mucho menos los cambios sociológicos que la población española ha dado desde que la crisis económica se hizo patente. Y ello es así porque el calvario judicial para los populares sólo acaba de comenzar. A pesar de los torpes y descarados intentos de maquillar la catarata judicial y de condenas a la que se enfrenta cambiando el nombre de imputado por investigado o pretendiendo que Rajoy declare por videoconferencia en la pieza separada que juzga al PP por corrupción y financiación irregular producto del robo a todos los españoles y a pesar también de que lleve años - Federico Trillo fue el maestro- colocando en lugares claves del Tribunal Supremo y en la jefatura de las fiscalías más importantes a dóciles juristas conservadores, la realidad es que el PP sigue bajando en las encuestas en intención de voto a un ritmo lento pero seguro. Bajada que es aprovechada por Ciudadanos y por un PSOE liderado por un Pedro Sánchez mucho más fuerte y coherente de lo que, obviamente, le hubiese gustado al Partido Popular y a los medios de comunicación gubernamentales.
