Desde que Alberto Fabra advirtiera en un acto público en Madrid en presencia de Zaplana, nada menos, que marcaba una línea roja de la imputación para los compañeros que se encontraran en esta situación, estableciendo que no podrían repetir en las próximas listas, las líneas rojas se las han movido y mucho, sus propios compañeros de partido. Y es que delimitar unas «líneas políticas» con el criterio de la imputación, es decir del presunto cometimiento de una falta o delito grave, es tarea difícil, sobre todo en un partido donde los imputados abundan, en las Cortes Valencianas han llegado a haber hasta 13. Dada la amplia clientela, Fabra tuvo que acotar más el criterio, y matizar: no sólo imputado sino no estar encausado será el requisito sine qua non para mantenerse como cargo público.
Fabra ha conseguido forzar que varios diputados, Milagrosa Martínez, Angélica Such, Sonia Castedo o el exalcalde de Alicante Díaz-Alperi dimitan de sus escaños, pero que al mismo tiempo se mantengan en otros cargos públicos, en el caso de Milagrosa Martínez o Castedo, en sus alcaldías. Uno no entiende por qué se ha de dimitir de un escaño por un lado y agarrarse a una silla por el otro.
Una de las cuestiones de fondo que subyace aquí es el aforamiento político. El aforamiento de algunos políticos, particularmente de diputados o senadores, se estableció en su momento en la Constitución, con el objetivo de que las decisiones políticas no fueran interrumpidas por posibles acusaciones espurias. En la actualidad se ha convertido en un mecanismo de subterfugio judicial, pervirtiendo la función original del mismo. Motivo por el cual, muchos estamos pidiendo la eliminación de este privilegio para todos los políticos.
Volviendo el caso que nos ocupa, no hay nada de ejemplar en la decisión de estos diputados del PP de abandonar sus escaños en el Parlamento autonómico, perdiendo así el fuero que les permitía ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ). Al contrario, sus actos trasladan la imagen de que la justicia, se diga lo que se diga y lo diga quien lo diga, no es igual para todos. Estos abandonos, realizados días antes de sentarse en el banquillo de los acusados en algunos casos y vísperas, en todos, de unas elecciones, hacer ver el desprecio de estos cargos públicos hacia la Justicia. Se renuncia o no al aforamiento, en función del interés político, de ser juzgado por un tribunal u otro.
De entre todos aquellos que han utilizado su renuncia al fuero como una táctica obstruccionista, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, es quien se ha pronunciado con más claridad y desdén: «Dimitiré cuando me convenga»; «Estoy harta de las líneas rojas, azules y amarillas». Sea desde el Consell, desde las Cortes o desde la alcaldía de Alicante, se contempla a los electores como menores de edad a los que se puede engañar con unas cuantas frases hechas. Para frases, la mejor fue la del alcalde Pedro Pacheco pronunciada de manera premonitoria en los años ochenta: «La Justicia en este país es un cachondeo».