El maxiproceso a la Mafia de Palermo de 1986 tardó bastante más de cinco años en planificarse e instruirse en Italia. Había un centenar de acusados, es cierto, pero la naturaleza del delito, siendo como era terrible, no apuntaba a la destrucción del Estado de una manera tan directa y desacomplejada como la insurrección catalana. Desde luego, no se trataba de un golpe perpetrado desde las propias instituciones. Las primeras investigaciones sobre la corrupción de la trama "Gürtel" se remontan a 2007, y dos años más tarde empieza la instrucción de un caso que todavía se sigue juzgando. Un asunto grave puesto que se trata de la financiación ilegal de uno de los dos principales partidos del país, pero nada comparable al intento de rebelión promovido en Cataluña desde octubre de 2017. No es cierto, por tanto, que la instrucción, con menos de un año, se haya dilatado como sostienen Jordi Sánchez y Jordi Turull en el comunicado donde anuncian su huelga de hambre en la prisión de Lledoners. Al contrario, la instrucción se está llevando con bastante premura teniendo en cuenta las dificultades políticas que entraña y la enjundia de lo que está en juego. Sin embargo, los jordis intentan llamar la atención y resituarse mintiendo en el plano victimista del martirologio. No hay dilación en el procedimiento y tampoco es verdad, al contrario de lo que algunos opinan, que la prisión preventiva se haya alargado injustificadamente. Nada más justificado que mantener a los imputados entre rejas cuando todos han mostrado interés en seguir por el mismo camino y perseverar en el grave delito de que se les acusa, sobremanera, cuando existe un riesgo evidente de fuga. No hay más que ver lo que ha ocurrido con Puigdemont y los otros. El pretexto de que España no es un país garantista está desconectada del mínimo rigor. Pero la huelga de hambre, como ocurrió es su día con los etarras, es el enésimo intento de desmontar un juicio justo apelando a instintos primarios.
