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València, tenemos un problema

La manifestación contra el plurilingüismo en Orihuela no acabó convirtiéndose en una descalificación masiva de las políticas de la Generalitat Valenciana a pesar de estar apoyada por toda la oposición, pero es la mayor a la que se ha enfrentado el Botànic así que no podrá obviarla

Varios miles de personas (20.000, según las organizaciones convocantes, 12.000 según la Policía Local) se manifestaron ayer contra la política lingüística de la Generalitat Valenciana y la nueva normativa sobre enseñanza del valenciano en las escuelas decretada por el conseller de Educación, Vicent Marzà. ¿Son muchas o pocas? Depende. Si se tiene en cuenta que la protesta había sido organizada por asociaciones de padres de toda la provincia y estaba respaldada por el PP, Ciudadanos y Vox; es decir, si no perdemos de vista que hubo movilización organizada y cadenas de autobuses contratados por dichos partidos, la cifra no da pie a hablar de una contestación rotunda al Consell. Pero, todo y con eso, resultaría un gravísimo error menospreciarla. Porque quizá la protesta no fuera lo masiva que quienes la auspiciaban esperaban, pero aun así es la mayor que ha recorrido las calles para ponerle las peras al cuarto al Gobierno del Botànic. O sea, que sí: València, tenemos un problema.

La Vega Baja es una comarca políticamente compleja y que, sin embargo, siempre se ha querido despachar con análisis tan sencillos como groseros. Sobre ese territorio edificó el PP su conquista del poder en los años 90, tras quedarse con los restos de UCD y desplazar a base mociones de censura a los socialistas de alcaldías tan importantes como la de Torrevieja. Pero también fue en esa comarca donde primero estallaron los escándalos que acabaron por derribar a los populares de su trono. Así que los movimientos telúricos que bajo su superficie se agitan conviene tenerlos muy en cuenta, porque han demostrado en el pasado que acaban extendiéndose como una mancha de aceite.

Lo que ahora pasa, ya lo hemos visto antes. El malestar social en la comarca va creciendo día a día. Y con él, la sensación de abandono y el desapego. Primero fueron las lluvias torrenciales de la DANA del mes de octubre, que arrasaron vidas y haciendas. Después, la política hídrica del Gobierno de Pedro Sánchez, que hace temer un cierre definitivo del trasvase Tajo-Segura, del que la ministra Ribera sólo está liberando caudales con cuenta gotas y no siempre. Y por último, los decretos de plurilingüismo que afectan sobremanera a un territorio de predominio castellano parlante.

¿Las normas del conseller Vicent Marzà son un abuso? Después de cómo las ha tenido que ir descafeinando, no puede afirmarse que ese sea el caso. Lo que resulta intolerable es que el conseller no sea capaz de descender al suelo para explicarlas. Como tampoco tiene perdón alguno que la Generalitat, a través de la conselleria de Agricultura, haya dejado expirar el plazo de alegaciones al plan de la cuenca del Segura, dando a entender que lo que se haga con el río en el futuro no preocupa al Gobierno autonómico. Ambos departamentos -Educación y Agricultura- están en manos de Compromís. Pero quien va a pagar la factura más cara por estos y otros errores es el Partido Socialista.

La cuestión es que ese sentimiento de abandono que puede estar cebándose en la Vega Baja es fácil de extender fuera de ella si el president Ximo Puig no acierta a atajarlo. Y eso no se hace con promesas, sino con un cambio de actitudes, además de con hechos. Hasta aquí, Puig ha actuado con Alicante como el jefe de aviación que no para de hacer despegar aviones. El problema es que luego no tiene quien aterrice esas naves. Todo parece quedar en el aire, o como mínimo a medias: baste con ver las graves dificultades que por falta de decisión está teniendo en su arranque la nueva conselleria de Innovación. Y no hay nadie con liderazgo suficiente en el Partido Socialista en Alicante como para representar al mismo, explicar sus políticas y ejecutarlas si no es el propio presidente el que lo hace. Obviamente, no podemos tener un presidente sólo para Alicante, así que las cosas no acaban de salir nunca del todo. ¿Quién habla por el PSOE en la Vega Baja? ¿El alcalde de Rafal, al que los manifestantes dedicaron ayer pancartas después de que circulase un vídeo en el que argumenta que aprender valenciano es importante para tener novia en Benicarló? ¿O el de Benferri, que acudió a esa misma manifestación, supongo que convencido de que si siguen sin dar la cara o dándola mal acabarán perdiéndolo todo en una comarca en la que, contra viento y marea, ganaron en las últimas elecciones generales, pero en la que Vox ha tenido un crecimiento fortísimo? ¿Cuál de los dos?

La pregunta podría trasladarse a otras partes de la provincia. ¿Quién habla en nombre del partido más votado? ¿Quién ejerce el papel de correa de transmisión entre los ciudadanos y la fuerza política que encabeza tanto el Gobierno central como el de la Generalitat Valenciana? La cuestión, que no es menor, no tiene respuesta. O la tiene, pero es para decir que nadie. En la Diputación, que es la institución desde la que históricamente el PSOE y el PP han proyectado su imagen política, el portavoz socialista, Toni Francés, no ejerce de jefe de la oposición pese a que su partido fue el más votado en las elecciones y sólo un pacto entre los populares y Ciudadanos les dejó fuera del gobierno. El alcalde de Alcoy hace de alcalde de Alcoy, pero no de portavoz provincial del PSOE, pese a lo cual Ximo Puig, que ya está en «modo congreso» planea ascenderlo. Así que Carlos Mazón no tiene contrapunto, lo que en definitiva perjudica a todos los ciudadanos porque va achicando cada día más los espacios de posibles consensos entre ambas administraciones, la Corporación provincial y la Generalitat. Lo mismo ocurre en el Ayuntamiento de Alicante, donde el portavoz del grupo socialista lleva exhibiendo como máximo mérito desde las elecciones el no ser militante del partido. ¿Y entonces, por quién hay que preguntar?

Distrito Digital, conselleria de Innovación, plan Renhace para la Vega Baja... Las actuaciones puestas en marcha por la Generalitat Valenciana en Alicante bajo el mandato de Ximo Puig (todas siempre circunscritas al ámbito de gestión del PSOE) no han sido menores en apariencia. Pero continuamente se tiene la sensación de que nunca terminan de desplegar su supuesto potencial. Y de que tras el impulso inicial, lo que predomina luego es la improvisación. Un dirigente popular señalaba recientemente que el problema de Ximo Puig con Alicante empieza a ser el de que entra y sale, entra y sale, pero entre que va y vuelve nada se mueve o, lo que es peor, todo se malbarata. El PP tiene ahí un filón que va a aprovechar, dentro de una estrategia simple pero que ya otras veces le ha dado resultado: la de presentar a los socialistas como dirigentes incapaces de gestionar bien los servicios públicos (listas de espera de Sanidad, por ejemplo), que prometen pero no cumplen y que someten a Alicante a imposiciones injustas. Hasta aquí, la presencia de Ximo Puig, por sí misma, unida a los errores de los anteriores dirigentes populares, caso de José Císcar o de César Sánchez, había bastado para combatir ese discurso. Pero la movilización de miles de manifestantes ayer en Orihuela, da igual si fueron diez o fueron veinte, basta para demostrar que ya no es así. El PP corre también un riesgo: el de engordar a Vox si solo alienta la protesta callejera. Pero al menos, hay que reconocerle que está haciendo lo que manda el manual de un partido que está en la oposición y aspira a ganarle al que gobierna. La pregunta, por contra, es si en el PSOE de Alicante hay alguien que trabaje o todos se han ido y nadie se ha acordado de apagar la luz.

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