El nuevo pacto del señor Ortiz con la Fiscalía, además de volver a convertirlo en un delincuente confeso como comentaba el otro día un compañero de Executiva de Compromís per Alacant, va cerrando el círculo de la corrupción del PP alicantino. Una corrupción que de forma sistémica afectó durante dos mandatos al Ayuntamiento de Alicante, así como a otras administraciones valencianas.

La noticia del pacto de Ortiz con la Fiscalía, siguiendo el mismo modus operandi que con la financiación ilegal del Partido Popular, ha venido a coincidir con un momento excepcional como es la alerta sanitaria, y un episodio muy desafortunado por parte de la vicealcaldesa, que la inhabilita, -por ser la gota que colma el vaso-, a seguir ocupando puestos de responsabilidad institucional. Pero esto no nos puede desviar la atención de la certificación del escándalo político de mayor magnitud de la democracia en la ciudad de Alicante. Porque, al fin y al cabo, estamos hablando de comprar un Ayuntamiento y de ponerlo a los pies de un empresario de la ciudad. Alicante tenía amo porque los máximos dirigentes del PP alicantino así lo decidieron, a cambio de prebendas y el pago ilegal de sus campañas electorales.

La ciudadanía merece saber en este contexto dónde se amañaba el urbanismo de la ciudad, hasta dónde llegaba el amaño de las decisiones y políticas municipales. Porque esto coincide con una época donde el grupo de empresas del señor Ortiz acaparaba las grandes contratas municipales, se llevaba las concesiones de aparcamientos, iba acumulando suelo en la ciudad o surgían iniciativas como el pelotazo del Plan Rabassa con la excusa de la llegada de Ikea.

Tenemos derecho a saber si todo formaba parte de un todo. Porque debemos recordar que el Ayuntamiento se fue a la quiebra, y tuvo que acogerse a un Plan de Ajuste, básicamente para pagar las facturas de la contrata de limpieza del señor Ortiz, al que se le abonaba millones y millones cada año en facturas por servicios extraordinarios que se metían en los cajones y que luego no se pudieron pagar llevando a la bancarrota las arcas municipales. Un Plan de Ajuste que dejó al Ayuntamiento sin inversiones y a los alicantinos sin el apoyo de su institución municipal en los durísimos años de la anterior crisis financiera, con unos recortes sociales brutales, que todavía seguimos pagando, y rescatando a la banca con dinero público para evitar el rescate europeo y el colapso del sistema financiero.

Y es ahora, cuando la justicia va llegando a su momento final en esta pieza del Brugal, la ocasión para conocer en sede municipal cómo impregnó la corrupción la administración local alicantina. Y tenemos testigos de excepción para ayudarnos en este camino. Recordemos que tanto el actual alcalde, la portavoz del PP y el actual concejal de Urbanismo, -ahora en Ciudadanos-, compartían gobierno con la señora Castedo. No deja de ser inquietante que el responsable de poner en marcha un nuevo PGOU, también formase parte de ese PP corrupto hasta el tuétano. Sinceramente no nos ofrece ninguna garantía. Ellos, más allá de pedir disculpas públicas a la ciudad por no hacer absolutamente nada para denunciar lo que estaba pasando en el equipo de gobierno del que formaban parte, deben aportar transparencia e información sobre lo que ocurría en esos años en el Ayuntamiento de Alicante. Y ya pueden ir pensando qué asunción de responsabilidades políticas piensan asumir en el caso que la exalcaldesa Castedo llegue a ser condenada en este proceso. Porque su participación en ese gobierno se lo exigirá.

Le ha salido muy barato al señor Ortiz comprar un Ayuntamiento y al PP volver al poder, porque, ¿cuánto le ha costado a esta ciudad la corrupción? Estar años y años sin PGOU, perder un sinfín de oportunidades porque la mirada al interés general era sustituida por atender los deseos de los de siempre; ignorar la competencia empresarial en los concursos públicos en aras de contentar al insaciable. ¿Cuánta relación existe entre el peso de la corrupción en la ciudad y el modelo dual urbano que tenemos con un nivel de desigualdades sociales inasumible? ¿Cuánto ha influido la profundidad de la corrupción en la autoestima identitaria de Alacant, y en la confianza en las instituciones democráticas y la política? ¿Y en la imagen de la ciudad para ser percibida como un territorio con seguridad jurídica e institucional? Está por hacer ese cálculo. Pero sin duda es mucho mayor que las multas y la indemnización que le va a tocar pagar al delincuente confeso.

Por todo ello, y más allá de las prioridades actuales de atender a la alerta sanitaria y sus devastadoras consecuencias sociales y económicas, no podemos dejar pasar por alto la etapa más indigna e indecente del Ayuntamiento de Alicante. Compromís no lo hará, nos va la salud democrática en ello, y eso no lo puede tapar ni el aburrimiento de una vicealcaldesa que no entiende que su cargo va más allá del postureo más frívolo, ni incluso la Santa Faz, que todos nos conocemos señor Barcala.