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Opinión

Cooperar en lugar de competir en la lucha contra el coronavirus

Expresaba el otro día en un artículo The New York Times su temor de que un país como China, acostumbrado al pirateo industrial, pudiera hacerse ilegalmente con la fórmula de una eventual patente contra el covid-19.

¿Y qué habría de malo en ello se pregunta Dan Baker, economista del Center for Economic and Policy Research, de EE UU, si a su vez el gigante asiático pusiese la vacuna «robada» a disposición no solo de sus ciudadanos sino de todos los países pobres?

No puede excluirse que sea algún laboratorio chino el primero en desarrollar una vacuna eficaz contra el coronavirus. ¿No nos gustaría en ese caso que China pusiese la composición de esa eventual vacuna a disposición de todo el mundo?

¿O actuará también, llegado el caso, ese país con su capitalismo de Estado como cualquiera de Occidente? ¿Por qué no aplicar a esa y otras vacunas para tratar futuras pandemias el llamado «código abierto» como ocurre, por ejemplo, con el software informático?

¿No deberían estar los datos científicos a disposición de todo el mundo cuando se trata de combatir un feroz agente patógeno que no distingue entre nacionalidades?

¿Por qué, en lugar de que cada laboratorio trabaje por su cuenta y riesgo, no fomentan los gobiernos la colaboración de los científicos de todo el mundo? ¿No se ahorrarían así esfuerzos y dinero y se llegaría antes a la meta deseada?

Está claro que cada laboratorio aspira actualmente a ser el primero en lograr ese objetivo para obtener la correspondiente patente y los pingües beneficios para sus directivos y accionistas que se derivarían de ella mientras durase su monopolio.

Pero se olvida demasiado fácilmente la labor científica desarrollada por universidades e institutos públicos, la previa formación de los investigadores, financiada también con dinero público, y demás aspectos relacionados con los avances científicos donde quiera que se produzcan.

Ocurre también en otros sectores de la industria, entre ellos el de la producción de armamento: así, por ejemplo, en EE UU el Pentágono firma multimillonarios contratos plurianuales con empresas privadas como Boeing o Lockheed, que a su vez subcontratan a otras más pequeñas la producción de componentes.

Muchas de las investigaciones de la industria militar, generosamente financiadas por los Estados, es decir por el contribuyente, derivan en aplicaciones civiles, los llamados «spin-offs», argumento que utilizan muchas veces los Gobiernos para justificar su abultado gasto en defensa.

La industria militar es un negocio de los más lucrativos que existen, si no el más lucrativo, y mientras existan las guerras y la rivalidad entre bloques o países, se mantendrá inevitablemente el secretismo en torno a ese tipo de producción.

Pero ¿tiene sentido la competencia entre países y laboratorios cuando de lo que se trata es de acabar cuanto antes con un agente patógeno que no sólo supone una amenaza letal para millones de seres humanos sino que es además capaz de paralizar economías enteras?

Es cierto que todo lo relacionado con las patentes ha sido objeto de largas ne- gociaciones, rodeadas siempre de fuerte polémica, en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC): baste recordar la larga batalla para permitir la producción de genéricos más baratos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV-1).

En 1996, EE UU demandó a Brasil por violación de las patentes, y fue sólo en 2001 cuando Brasil, la India y Suráfrica consiguieron en la conferencia inaugural de la ronda de Doha de la OMC que se permitiera el acceso de los países pobres a los medicamentos calificados de «esenciales».

Con aquel acuerdo se logró que el precio del cóctel de fármacos utilizados para tratar el sida -para el que aún no se ha encontrado una vacuna- bajase en diez años de los 10.000 dólares iniciales por año y paciente hasta cien dólares en el caso de los países africanos.

¿Por qué no comparten, pues, los científicos de todo el mundo que trabajan en la búsqueda de una vacuna contra el covid-19 los descubrimientos que hayan podido realizar cada uno por su cuenta y se deja para más tarde la distribución de los costos? ¿Hasta cuándo seguiremos anteponiendo a la salud el valor en Bolsa de las empresas?

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