Aparte del Covid-19, España, mi país, vive tiempos convulsos. Sus instituciones se están moviendo peligrosamente, cuando deberían estar asentadas, tranquilas y funcionando. Esta España nuestra no se parece en nada a la que ha sido ejemplo referencial para otros paises, del adentramiento, desde una situación autócrata, a un Estado social, plural, y democrático de Derecho. Alguien quiere "reventar" el espíritu del 78 con la Norma suprema ajada y tirada por los suelos. Y el Ejecutivo, advierto, no domina la situación, aún a pesar de sus esfuerzos. La Monarquía parlamentaria (art. 1.3 CE) -por la conducta juancarlista- es la primera institución que está "haciendo aguas" y hay que impedir que se resquebraje aún más.
No es momento procesal para el debate entre Monarquía -República, uno de los tres demonios que nos han perseguido a lo largo de la historia constitucional española. La CE 78 refrendó la forma política del Estado. Y quien se halla en el gobierno del Estado español tiene que preservarle, es una exigencia constitucional. Otra cosa serán las preferencias partidarias, legítimas, por otra parte.
Quien tuvo el protagonismo esencial en aquel viraje político está teniendo un comportamiento bribón o taimado, y se marcha dando un portazo, y sin que medie una explicación sensata del leit motiv de la huida. La "cuestión de estado" o confidencialidad -¡zarandajas¡- no es razón en que apoyarse para ofrecer silencios tan elocuentes y estentóreos como los proyectados. Aunque, todavía, no haya un proceso judicial como investigado. Pero sepamos diferenciar: una cosa es la persona - que nos ha defraudado hasta límites insospechados - y otra la institución monárquica que hay que tutelar con Felipe VI al frente de la misma. Lo está haciendo con dignidad. La propia pervivencia democrática está en juego. Esto ya no es broma.
El Gobierno bicéfalo no está siendo precisamente - a pesar de la contención de sus protagonistas- ejemplo de unidad y de compas en el remo. Las dos grandes formaciones tienen que aunar esfuerzos para que el resto de instituciones resplandezcan con seriedad, y desplieguen su rol de forma inmediata y que se visualice por la ciudadania: llámese renovación del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Consejo de la RTVE, Defensor/a del Pueblo, etc. Todas estas son instituciones que deben estar despiertas y actualizadas para hacer frente a estos grandes desafíos que están haciendo al Estado.
Se demanda que España sea un país serio. El Ejecutivo tiene que hablar con claridad, sin ambages, sin circunloquios. Si hay "tonterías" independentistas habrá que sacar, muy a su pesar, "tarjeta roja", después de la amarilla y después de un intento de conciliación. Pero el Estado de derecho permanece enhiesto y nadie le doblega. Dejémonos de posiciones melifluas. El ciudadano, harto ya de padecimientos, quiere transparencia, que se dirijan a él sin paternalismos.
Si hay una táctica de okupación de viviendas por determinadas "mafias", la respuesta legislativa - con el Ministerio de Justicia a la cabeza- tiene que estar presta para revertir esta situación. Máxime cuando hay ciudadanos comunitarios que han adquirido dichos inmuebles y se ven desprovistos de los mismos, sin entender porqué ocurre esto en España. No puede haber una sensación de que esto es la "ley de la selva". No puede haber inseguridad jurídica. No podemos ir a trompicones, si, "A trompicones"- como el titulo de la obra de la alemana Mirjam Pressler. En la tardanza hay mucho peligro. El dinamismo, con cabeza, es el basamento de la acción política. Déjense de consejeros áulicos que nunca han pisado tierra y jamás se han untado de barro. Reflexionen.
