Se está jugando con fuego y el clima de confrontación puede llegar a ser insoportable una vez la crisis económica presente su cara más oscura. Un horizonte tan poco optimista no invita a la crisis política permanente y a mostrar, con toda su crudeza, un gobierno superado por los acontecimientos. La razón y la moderación parecen haber dado paso a gestos de soberbia impropios de la mayor edad.
Atacar el sistema constitucional para levantar un velo que cubra sus veleidades o sus cotidianas improvisaciones, no es camino que sirva, pues el sistema, aunque IU y UP crean lo contrario, es más fuerte y está más arraigado de lo que creen estos grupos que han acreditado ser inútiles para toda labor constructiva. La democracia es fuerte, pero tiene que ser cuidada para evitar tentaciones autoritarias presentes hoy en buena parte del mundo. Y se cuida con democracia, no con gestos arrogantes.
Los ataques a la Monarquía para, usándola con desprecio a la Jefatura de Estado, agredir al Poder Judicial, al que algunos quieren sumiso, son de una radicalidad que revela la escasa empatía de todos los partidos que conforman el gobierno hacia la Constitución y las instituciones del Estado, hacia los Poderes legítimos que sirven de base al modelo, hacia los principios republicanos que se contienen en nuestra Constitución, más importantes que la figura de un Rey y que se verían en peligro si quienes quieren cambiar la forma de Estado consiguieran sus objetivos. No son conscientes IU y UP, por no hablar de los secesionistas, cuyas pretensiones han decaído y no tienen futuro, de que sus objetivos son imposibles, de que no podrán conseguir la aprobación de una reforma constitucional nunca y de que la ciudadanía no avalaría en referéndum sus propuestas. Y si lo son y el daño es gratuito y mero desahogo, no deben permanecer en un gobierno que es incompatible con el impulso adolescente de estos partidos de apariencia radical, pero profundamente reaccionarios y autoritarios.
El PSOE y sobre todo Pedro Sánchez, se encuentra sumido -otra vez sus dos almas-, en la confusión. Un PSOE, el de Felipe González, ahora repudiado por el actual presidente, que sufre cuando se compara en su soledad, y, otro, el presente, que levita de nuevo en el antifranquismo sin Franco y en la república idealizada. González es de derechas para estos apóstoles de no se sabe ya si se trata de socialdemocracia, la de entonces, o de algo indefinido. Y es que la izquierda aquella, respetuosa con la libertad y los derechos, parece haber dado paso a una tendencia que quiere por la vía de hecho alterar la legalidad constitucional vigente.
Escuchar a Carmen Calvo afirmar que el Rey no ha ido al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces porque quien tenía la potestad lo ha decidido, sin explicación alguna o pedir calma a todos, incluido el Rey, pone de relieve un grado de sumisión del PSOE a sus aliados gubernamentales preocupante. Salvo que el mismo PSOE se estuviera sirviendo de estos. Podría ser.
Debería saber el gobierno que el suyo es un poder tan legítimo como los otros y que el Judicial se legitima por su independencia. Pretender que la pierda y se someta y hacerlo atacando al Jefe del Estado es tan elemental, como ingenuo. No conocen a los Jueces y Magistrados, su profesionalidad y su convencimiento acerca de la función que tienen encomendada. Porque esa fue la razón de vetar la presencia del Rey en el acto judicial, la de menospreciar al Poder Judicial porque el PP no pacta la renovación del CGPJ. Y, qué mejor manera, pensaron, de hacerlo que quitar relevancia al acto de entrega de despachos. Un acto de soberbia inútil que fue aprovechado por Iglesias y Garzón para lanzar un duro mensaje contra la Monarquía y que en cualquier país conllevaría el cese inmediato de estos ministros. Aquí no. Porque Sánchez gusta de la agitación y de la política espectáculo.
El país necesitaba un gran pacto y no se ha producido. Pero, siendo así, el responsable del futuro es el gobierno, no la oposición. Las críticas a la oposición no sirven para culpar a quien no es el titular del Poder Ejecutivo de lo que a él compete.
Y esta semana el gobierno ha sobrepasado límites que constituían una línea roja y ha optado por una vía que anuncia futuras agresiones al régimen constitucional. La falta de respeto a la institucionalidad y la supeditación de dichas instituciones a sus fines inmediatos son armas cargadas de incerteza y expresión de incapacidad para gobernar un Estado de derecho. El desprecio a la Monarquía y el enfrentamiento con el Poder Judicial no llevan a ninguna parte. Que el PP no pacte los nombramientos, criticable, no autoriza a degradar al CGPJ que sigue en funciones y con todas sus competencias porque así lo deciden los partidos políticos, no porque los jueces lo quieran. Y menos porque el Rey lo consienta. Nada tiene que ver.
Defender hoy la Monarquía es hacerlo del sistema constitucional. Y el PSOE debe, definitivamente, decidir si está con la Constitución o fuera de ella. No lo tengo claro.
