Resulta, cuanto menos, paradójico que en estos momentos se impida la votación telemática para las próximas elecciones a Rector/a en la Universidad de Alicante.
Dicha decisión, posiblemente, tendría mucha menos trascendencia si el tiempo en el que se tiene que ejercer el derecho al voto no coincidiese con una de las situaciones de salud más graves, sino la que más, que ha padecido este país en toda su historia.
Una universidad, como la de Alicante, que presume de avanzada y de estar al máximo nivel en todos los ámbitos de conocimiento, pero también de innovación, tecnología, salud… no parece muy razonable que haya optado por el voto presencial como única opción en la era de las tecnologías de la comunicación. Si, además, tenemos en cuenta que dicha decisión choca frontalmente con las medidas que en el ámbito docente se han aplicado de manera estricta para evitar los contagios, todavía se entiende menos.
Si a todo lo anterior añadimos que la Universidad de Alicante es, porque así lo decidió en su momento, una Universidad Saludable, que promociona la salud en todos sus ámbitos y para toda la comunidad universitaria, aún parece tener menos sentido que se obvien las medidas de seguridad que están exigiendo para la docencia presencial, al permitir la afluencia sin control de quienes decidan asistir para votar, con el consiguiente riesgo de contagio. Como si los riesgos fuesen diferentes en función de ir a clase o ir a ejercer el derecho al voto.
Riesgo que se extiende a quienes deban conformar las respectivas mesas electorales, por muchas precauciones que se puedan adoptar, dalo el tiempo de proximidad permanente al que van a estar sometidos.
Tampoco parece razonable excluir la votación telemática por razones de falta de fiabilidad de la plataforma que en su momento encargó la propia Universidad y que ya ha sido utilizada en diferentes actos electorales de la propia Universidad. Porque entonces habría que plantearse si los resultados de las votaciones realizadas con dicha plataforma deben ponerse en duda o si la elección de la empresa que la desarrolló no fue la adecuada al desconfiar sobre su fiabilidad en estos momentos. En cualquier caso, resulta ciertamente preocupante que se utilicen dichos argumentos para determinar finalmente el modo de votación presencial en un proceso tan trascendental como la elección de nuevo/a Rector/a y en una situación tan incierta como peligrosa. Tiempo ha habido para depurar los posibles fallos que el sistema pudiera tener o de gestionar las soluciones que eliminasen las causas que suscitan la desconfianza.
El derecho al voto de cualquier miembro de la comunidad universitaria, no puede ni debe estar limitado por causas que tienen posibilidad de solución. Pero, sobre todo, el derecho al voto, no puede ni debe suponer un riesgo para la salud, que derive en un obstáculo para ejercerlo por las sospechas, más que evidentes, de someterse a un riesgo que es manifiestamente evitable.
Si a las/os estudiante, por ejemplo, se les está diciendo que no acudan a la Universidad por el riesgo que conlleva su presencia en la misma y dado que la docencia queda garantizada mediante la utilización de la virtualidad, es muy previsible que la mayoría de ellos no considere oportuno acudir a votar por no considerar razonable que se elimine la alternativa al voto igualmente virtual y en coherencia con lo que las medidas de seguridad imponen.
Que por una parte se les exija responsabilidad para quedarse en sus casas a seguir la docencia, pero, por otra, se les diga que tienen que acudir a votar presencialmente, además de contradictorio es una manifiesta incoherencia.
De igual manera a aquellos profesionales, docentes/investigadores o de administración de servicios, que no pudiendo acudir a la Universidad presencialmente por ser personas de riesgo, tal decisión les conculca su derecho al voto al eliminar alternativas que posibilitarían dicho derecho o planteando un arbitrario riesgo si decide ejercerlo.
En cualquier caso y tras la demora de las elecciones por razones por todos conocidas, no se entiende que se haya adoptado una decisión tan importante como esta sin un análisis riguroso de la situación y sin un consenso que, entiendo, va más allá de lo que haya decidido un Consejo de Gobierno por muy legítimo que sea.
Más allá de la legalidad se debe considerar la ética y la estética de las decisiones que se toman y que, en el caso que nos ocupa, tienen una especial significación y trascendencia, pues no en vano se trata de decidir en manos de quien queda el destino de la Universidad de Alicante durante los próximos cuatro años.
La salud es un bien y un derecho universales que a todas/os nos corresponde proteger y promocionar. No hacerlo supone una clara irresponsabilidad de la que deberán responder quienes hayan tomado decisiones que van en contra tanto del sentido común como de la ciencia. Y esto en la Universidad, cuna del cocimiento y la ciencia, parece que no debiera ni tan siquiera plantearse. Porque la responsabilidad de lo que pueda suceder, que no es descartable por razones fundamentalmente científicas, no podrá ser derivada hacia quienes queriendo hacer uso de su derecho al voto tengan que hacerlo de manera presencial cuando existían alternativas que limitaban dicho riesgo, que, además, situarían a la UA en un nivel de modernidad e innovación similar al alcanzado por otras universidades españolas en las que ya se ha utilizado sin problemas el voto telemático, incluso en situaciones de normalidad.
Votar también debe ser identificado como un acto saludable y, por tanto, debería poderse hacer de la forma más saludable posible.
