Los Presupuestos Generales del Estado se han convertido, por encima del objetivo de cualquier gobierno, en una obsesión para Pedro Sánchez. Es la obsesión de la eternidad que no duda en aceptar la inmortalidad aun a precio del infierno, según Clemenceau. Digo esto porque este dedo obsesivo no se basa simplemente en una meta política razonable que permita al país unos gastos atendiendo al legítimo interés general, sino más bien al particular del presidente del Gobierno para poder concluir sin problemas el mandato. Por ello está dispuesto a cualquier cosa, a aliarse con quien sea, azuzar el enfrentamiento, decir digo donde dijo diego, desafiar las leyes de la gravedad y hasta intentar la cuadratura del círculo. Lo único que cuenta es superar los obstáculos para el único fin inmediato. Por eso, Hacienda ha decidido suspender las reglas fiscales para 2020 y 2021, olvidándose de los objetivos de estabilidad y deuda pública. La senda del déficit ya no tendrá que ser sometida a votación; el Gobierno se libra de un duro escollo del trámite presupuestario. Las comunidades autónomas, a su vez, se liberan, de la exigencia de destinar su superávit a amortizar lo que deben, y los ayuntamientos podrán disponer de los remanentes de tesorería para “la reconstrucción económica y social”. O sea, el Gobierno ha decidido permitirle a las administraciones municipales gastar lo que hasta no hace un par de semanas se oponía. Ahora, el argumento de Montero es que carece de sentido acumular el dinero en el banco y no ponerlo al servicio ciudadano, que era en lo que insistían las entidades locales. El propio Gobierno se empeñaba en lo contrario y se vio abocado a una derrota parlamentaria al intentar sacar adelante un decreto para crear un fondo de 5.000 millones. ¿Recuerdan? La rectificación nuestra de cada día es el arma del pensamiento neogrouchista sanchista inspirado en aquello de “tengo unos principios y si no te gustan tengo otros”. Mientras, la deuda pública logra un récord histórico.
