La universidad española necesita un nuevo impulso para seguir su mejora y acercarse a los niveles de las universidades de los países punteros. Por eso, las políticas de personal y de investigación son piezas fundamentales para su desarrollo: deben ir claramente de la mano. El avance del posicionamiento de las universidades españolas en los rankings actuales es fruto de las políticas iniciadas en los años ochenta del siglo pasado hasta que la crisis económica frenó la financiación.
Cuarenta años después se aprecian dos momentos clave de esa época: la puesta en marcha por primera vez de una convocatoria competitiva de proyectos de investigación equiparable a las de otros países y la aparición de pequeños incentivos económicos (los llamados sexenios) para aquel profesorado que, de forma continuada, tuviesen una actividad contrastada en investigación.
Aquello se complementó con una política adecuada de becas de doctorado y postdoctorado. La financiación recibida para proyectos y becas empezó a dar sus frutos con la formación de nuevas promociones de personal investigador cada vez más competitivo en el ámbito internacional. Además, con esta base se fomentó que investigadoras e investigadores saliesen al extranjero y conocieran otras realidades: ampliaron su visión académica. Comprobaron que la formación recibida en los campus españoles no tenía nada que envidiar a las prestigiosas universidades extranjeras.
Muchas de esas investigadoras e investigadores forman parte ahora del profesorado español. Fueron capaces de encontrar acomodo en las universidades en un proceso de expansión por el aumento de las matrículas o por los incipientes programas de captación de talento. Sin embargo, ese proceso de mejora está ahora detenido.
Hay dos causas. Por un lado, desde hace más de diez años, los fondos destinados a los proyectos públicos están congelados. Esto supone, una vez descontada la inflación, que la ayuda a la investigación en términos reales ha disminuido. Por otro, la mejora de la competitividad del personal investigador formado en España hace que ahora encuentre buenas oportunidades de trabajo en el exterior pero a su vez esta fuga merma el potencial de las universidades españolas.
En todos los sistemas universitarios punteros, una vez seleccionada la persona más adecuada para la plaza, hay una negociación. No sólo se discute el salario y los incentivos del rendimiento investigador, también los recursos para una investigación de calidad: el equipamiento científico y los contratos para que estudiantes de doctorado se integren en los primeros años. Esto se conoce como paquete de entrada y representa la parte decisiva de los proyectos.
En las áreas científicas y tecnológicas el equipamiento necesario tiene costes muy elevados. Estos paquetes superan muchas veces el millón de euros. Dependen de la categoría de la persona investigadora y su experiencia anterior. La universidad asume una inversión a largo plazo para lanzar la carrera investigadora de la persona contratada. Con el tiempo será capaz de conseguir fondos de investigación externos que compensen con creces ese gasto inicial. Pero las universidades españolas están ahora mismo muy lejos de alcanzar ese tipo de competiciones.
Los presupuestos de las administraciones públicas apenas llegan para pagar las nóminas del profesorado. Tampoco los programas de atracción de talento en la contratación de profesorado con una carrera investigadora prometedora de la Agencia Estatal de Investigación (Programa Ramón y Cajal) o de la Generalitat Valenciana (Plan GenT) se salen de este esquema. Las ayudas solo cubren los salarios de los primeros años de contrato. Estos programas sirven para mitigar la pérdida de capital humano y, para detener la hemorragia, son necesarias una serie de medidas complementarias más contundentes.
Esta es la cruda realidad: las investigadoras e investigadores formados en las facultades españolas, en la mayoría de los casos con dinero público, engrosan luego los equipos de las universidades y de los organismos de investigación extranjeros. La sociedad española pierde capital científico y se lastra la evolución universitaria y también la del país. La generación de jóvenes que liderará el futuro cambio científico y tecnológico se escapa. La pérdida de los puestos de trabajo asociados a este proceso minará además la competitividad de la economía española. Para no perder el tren tecnológico y el bienestar social asociado es fundamental que las universidades y todo el sistema de la ciencia española reciban una financiación adecuada conforme a los modelos internacionales.
