Es tal el desatino del gobierno que esta vez su juego político ha causado mayores males que los que esperaban. Es lo propio de quienes están instalados en la confrontación permanente sin mirar las consecuencias de sus ocurrencias.
La proposición de ley presentada por PSOE y UP, que insta una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y que reduce las mayorías necesarias para designar a los consejeros jueces y magistrados es y ha sido vista, aquí y fuera, como un grave atentado a la independencia del Poder Judicial, como un ataque frontal a la división de poderes y una tendencia hacia la concentración de todos ellos en uno solo, el Ejecutivo. Propio de regímenes autoritarios en la historia.
Nunca creí que se atrevieran a tanto, no a aprobar tal aspiración, que sienten como propia, cuya inconstitucionalidad es evidente, sino meramente, por vergüenza, a proponerla y dejarla por escrito.
No creo que sean capaces, no obstante, de aprobarla y ha bastado una advertencia de la Comisión Europea y los avisos de jueces y magistrados de no aceptar tan burda manipulación para que Sánchez recule. Pero, el daño ya está hecho y la impresión de que esta izquierda quiere controlar al Poder Judicial es tan evidente que no caben excusas ante tal falta de pudor y respeto institucional.
Torpeza la del PSOE y UP que, en su soberbia. se van a ver atrapados en un juego que va a incrementar aún más la percepción de que su deseo de minar la división de poderes es irrefrenable. Y digo torpeza porque el PP, aprovechando el desliz autoritario e infantil de aquellos partidos, va a presentar otra proposición de ley pidiendo que los consejeros jueces sean elegidos por los propios jueces, sin interferencias políticas, exactamente lo que demandan las instancias europeas, el Poder Judicial y lo que la ciudadanía espera ante la evidencia de la voluntad de controlarlo. Si a eso se une que la propuesta del gobierno va a ser aprovechada por sus socios catalanistas para pregonar por el mundo la parcialidad de los tribunales españoles, habrá que convenir en la falta de sutileza de los proponentes y su excesiva precipitación, ya norma común comprobada. No gobiernan, sino que hacen oposición a la oposición buscando su sumisión.
No es consciente el PSOE del traspié que ha dado. En una semana ha perdido legitimidad en la mayoría de los que se dedican al Derecho, de todas las ideologías. Y ha fortalecido y justificado la negativa del PP a cumplir la ley, pues, si cabe proponer alternativas a la legalidad, es decir, si se acepta que la vigente no es inamovible, no se entiende que la que se plantea abunde en su carácter antidemocrático y contrario a la independencia judicial. Queda claro que la ley puede ser reformada y queda claro, pues, que si puede hacerlo el gobierno, también la oposición demandando una reforma para renovar las instituciones. De todas las alternativas que tenía, el PSOE ha escogido la que más legitima al PP. No hay desobediencia cuando el gobierno acredita que la ley no es un dogma y que basta su voluntad para cambiarla. Por qué, pues, no se opta por mejorar la institución y cumplir con lo que nos demandan aquí y en Europa.
Entrados ya en reformas, volver al sistema originario es cuestión irrenunciable y la conducta de PSOE-UP viene a ser el argumento más sólido para ello. Vista la voracidad de los partidos gobernantes, no hay otro camino que éste si se quiere preservar la neutralidad del órgano de gobierno del Poder Judicial. Y esta proposición de ley es la prueba más evidente de esa deriva que de progresista tiene poco si se entiende por tal la defensa del Estado de derecho, no la marcha hacia su demolición controlada para ir a ninguna parte que lo merezca. Progresismo, en un Estado de derecho, no es compatible con demoler el sistema democrático.
El PP, a pesar de este circo vergonzante, se sentará a negociar, pero UP no podrá estar ahí a la vista de los ataques que profiere al Poder Judicial, de su falta de respeto y de su tendencia a deslegitimar a jueces y magistrados. Tiene razón el PP y el PSOE deberá meditar acerca del precio que tiene que pagar: si la dignidad de las instituciones o su interés en una coalición y una suma de partidos cuyos comportamientos respecto al Poder Judicial no son de recibo.
Otra cosa es que haya consejeros apoyados por UP, pues los magistrados, cualquiera que sea su ideología, son magistrados plenamente conscientes de sus obligaciones. Tienen los jueces muy arraigada la noción de independencia y no los hay mejores, ni más profesionales por sus ideas. Son jueces y merecedores en España de un profundo respeto.
El acuerdo es necesario, en esto y en muchas cosas. Pero, éste pasa por respetar las instituciones y la mayor responsabilidad es del gobierno, en cuyo seno se atacan y menosprecian. Volver a la normalidad es obligado y si eso sucede el PP será responsable de no hacer lo debido. Hoy por hoy esa petición es inaceptable.
