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Joaquín Galant Ruiz

¡Socorro, que estoy vivo!

Hoy, como en el cuento, han echado tierra sobre el español para enterrarlo y despojarlo de su cualidad y calidad de ser lengua vehicular al convivir con otras lenguas

COMUNIDAD VALENCIANA.-Les Corts rechazan devolver al Consell la ley de acompañamiento como pedían PP, Cs y Vox

Hace ya muchos años se debatía en las Cortes Valencianas sobre la Ley del Valenciano. Después de haber sido diputado constituyente y en la primera legislatura, por la Unión de Centro Democrático y por Alicante, como final político al haber dimitido Adolfo Suárez que presidiera la UCD, alguno de estos diputados, los que fuimos a las primeras elecciones democráticas desde el partido Demócrata Cristiano en la Coalición electoral de la UCD, formamos el Partido Demócrata Popular -PDP- del que fui su presidente regional y diputado, en mi tercera legislatura, de las Cortes Valencianas. En esta legislatura se había formado la Coalición Popular formada por AP, PL, Unión Valenciana y el PDP, del que era su portavoz.

Me correspondió defender la enmienda número 33 de su artículo 21, que consistía en cambiar la palabra «obligatoriamente» por «optativamente» que continuaba «deberá de incluirse la enseñanza del valenciano en los Programas de Educación Permanente de Adultos». Empezaba afirmando «que ha quedado claro a través de la votación del Grupo Popular, que hemos estado siempre a favor de la enseñanza del valenciano a los máximos niveles. El problema ha sido siempre el de la obligatoriedad». Para más tarde defender la enmienda de la opcionalidad porque las personas adultas que van a estos cursos «van después del trabajo, normalmente, son personas que han tenido dificultades en sus vidas cotidianas para poder obtener unos conocimientos suficientes, yo creo que llevar a estas consecuencias la obligatoriedad nos parece que hay un trasfondo que quisiéramos que el Grupo Socialista y que el Consell también, lo quitase, votando o renunciando a mantener la palabra “obligatoriamente”, cambiándolo por la que presentamos es más lógica de “optativamente”». Contestaba el diputado señor Luna González y entre otras decía: «Porque ha dicho usted que los castellano parlantes han perdido parcelas de poder. Y a mí esto me parece una afirmación enormemente grave en esta Tribuna». Y terminará diciendo. «Señor diputado, usted ha actuado aquí en forma yo diría que absolutamente castellana, pero en el sentido que Machado le daba al término cuando decía: “Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora”».

«Me recordaba un cuento la intervención del señor Luna -referí- que se contaba en mi pueblo, castellano parlante. Iba un señor por la puerta de un cementerio y oye una voz que dice: “¡Socorro, que estoy vivo!”. No hace mucho caso; se oye la voz de nuevo: “¡Socorro, que estoy vivo!”. El hombre salta la verja, ve una cabeza allí enterrada, y le dice: “¿Vivo?, lo que estás es mal enterrado”».

No se aceptó la enmienda. La Ley 4/1983 de 23 de noviembre de uso y enseñanza del valenciano, quedó aprobada.

Hoy, como en el cuento, han echado tierra sobre el español para enterrarle y despojarle de su cualidad y calidad de ser lengua vehicular al convivir con otras lenguas, si no, no tendría sentido. Y se olvida que el artículo 3.1 de la Constitución Española establece que «El castellano es la lengua española oficial del Estado». Así como que en este sentido se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo, Sala 3ª, en sentencias 25-1-84, 1-5-84 y 28-3-85, por todas, que recuerda y proclama que «la lengua oficial de España es el castellano, por lo que todo olvido o discriminación con respecto a ella conculca el espíritu y letra del artículo 3.1 de la Constitución».

Quisiera aquí y ahora también citar algunos párrafos del artículo que con el título La lengua española escribiera el ilustre político don Emilio Castelar, que fuera presidente del Poder ejecutivo de la Primera República (1873 y 1874), como oposición frontal a estos nuevos republicanos a la violeta por su inaceptable despojo de la cualidad de lengua vehicular del español. En su artículo empezaba afirmando: «Pero sobre todas nuestras creaciones, se levanta la creación por excelencia del ingenio español, se levanta nuestra lengua: De varias y entrelazadas raíces; de múltiples y acordes sonidos: de onomatopeyas tan musicales que abren el sentir a la adivinación de las palabras antes de saberlas; dulce como la melodía más suave y retumbante con el trueno más atronador; enfática hasta el punto de que solo en ella puede hablarse dignamente de las cosas sobrenaturales y familiar hasta el punto de que ninguna otra le ha sacado ventaja en lo gracioso y en lo picaresco; tan proporcionada en la distribución de las vocales y de las consonantes, que no ha menester ni los ahuecamientos de voz exigidos por ciertos pueblos del mediodía, ni los redobles de pronunciación exigidos a los labios y a los dientes del Norte».

Para más tarde continuar: 

«Única en su formación, pues sobre el fondo latino y las ramificaciones celtas e íberas ha puesto el germano algunas de sus voces el griego alguno de sus esmaltes y el hebreo y el árabe tales alicatados y guirnaldas que la hacen sin duda alguna la lengua más propia, tanto para lo natural como para lo religioso; la lengua que más se presta a varios tonos y matices de la elocuencia moderna».

 Hoy se ha conseguido echar tierra, como en la cabeza del cuento, sobre el español, con la clara intención de enterrar el hecho de ser la única lengua oficial del Estado. Y coincido con Julián Marías en su Libertad en juego cuando denunciara que:

 «Se está produciendo algo que no existía en absoluto y que me inquieta profundamente: la exasperación. Innumerables españoles, de todos los estratos sociales, de todas las ideologías, se sienten incómodos vigilados, manipulados hostigados».

Creo que es el momento ya de que el rey, como le faculta la Constitución Española en su disposición final, reitere con firmeza, como jefe del Estado:

«Mando a todos los españoles particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Constitución como norma fundamental del estado».

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