Con ocasión de la aprobación esperada de los presupuestos generales del Estado, se han producido reacciones diversas que sitúan la crítica en el carácter político de las cuentas, en su dependencia de la aritmética parlamentaria, de lo cual se deduce la ineficacia de unas previsiones que, parece sostenerse, deben depender más de motivaciones meramente técnicas, que de posiciones ideológicas.
Estas opiniones, vertidas en un mundo en el que se desacreditan las ideologías y se anteponen a ellas presuntas verdades técnicas, carentes, se dice, de orientación política, merecen ser consideradas con excesiva prudencia y, yo diría, que prevención. Porque, una cosa es rechazar un presupuesto desde planteamientos vinculados a una posición política, y, otra, es negar legitimidad a la política en sí misma considerada. Esta última visión es, aunque se mueva en ese espacio de lo aparentemente neutral, peligrosa para el sistema democrático, plural y basado en las distintas ideologías que entienden el mundo desde perspectivas no coincidentes.
Lo político, como es natural, informa la elaboración de las leyes desde criterios de oportunidad, discrecionalidad e, incluso, de interés electoral, pues el voto es fruto de las ofertas que se hacen a un electorado, a su vez, próximo a la ideología que vota. Pensar que lo político debe sujetarse a criterios estrictos absolutos e inmutables y que lo técnico, interpretación determinada de la realidad y de la ley, debe primar, es expresión de culturas autoritarias. La política es pluralidad y expresión de formas de entender la sociedad y la oferta política debe responder a esa diversidad. El buen político es, entiendo, el que sabe combinar su pensamiento y la eficacia de lo que propone y eleva a la condición de ley, pues la política es el arte de hacer real lo ideal. Una ley de presupuestos debe responder a las preferencias de los partidos que la aprueban, pero ser eficaz y útil, no mera expresión de fines carentes de realización práctica. Lo útil y la propaganda diferencian a un partido de gobierno de otro irrelevante.
La crítica a una ley no puede ser hecha a su contenido ideológico deslegitimando esa conducta como tal. Es y puede hacerse a esa ideología por los adversarios e, igualmente, a sus efectos en la economía. Pero, desde el respeto a la esencia de la democracia y a la legitimidad de la actividad política.
PODEMOS tiene una oferta más o menos reconocible y por ello, desde su posición institucional, reivindica medidas que son acordes con su pensamiento. La crítica a las mismas debe ser la lógica del juego de la diversidad, no, entiendo, la de negarles legitimación, aunque no se compartan. Igual que VOX. Otra cosa es, desde luego, ese mercadeo que ofrece votos a una ley presupuestaria al margen de su contenido y a cambio de concesiones ajenas a esa ley. Aunque siempre se ha hecho, cada momento tiene su lugar y cada ley, su contenido y fines.
Dicho esto, y aceptando la legitimidad de cualquier posición y la pluralidad como esencia del sistema, no entra en conflicto con esta afirmación oponerse a las decisiones políticas basadas solo en el interés electoral y obviando las mismas ofertas ideológicas propias y la coherencia, la estabilidad y el buen gobierno. Un partido, como el PSOE, constitucionalista, no puede pactar con partidos antisistema e independentistas cuyos objetivos van en contra del modelo democrático vigente y de la unidad del Estado, así como enemigos declarados de las instituciones básicas del sistema constitucional. Tienen aquellos legitimidad y representan votos de los ciudadanos, cierto, pero una posición que puede resultar peligrosa para el Estado en tanto persiguen y no lo niegan la alteración sustancial del mismo y sus fundamentos más sólidos.
Ahí operan factores diversos y que apuntan a una preferencia del partido gobernante por su interés electoral, aunque el futuro aparezca con anuncios poco favorables. Es discrecionalidad lícita, legal y legítima, pero criticable y expresión del mayor valor dado al mantenimiento del poder que, a los efectos de pactos entre formaciones tan opuestas, como irreconciliables.
Tal vez por este tipo de conductas, que son consecuencia a su vez, de confrontaciones menos ideológicas que tácticas, lo político, y es algo que se palpa en el ambiente, es víctima de una cierta deslegitimación.
Con toda seguridad, entre PP y PSOE, en el marco europeo actual, hubiera habido más proximidad para elaborar una ley de presupuestos limitada por políticas económicas que nos vienen muy definidas. No pudo ser por razones de otro tipo, de oportunidad electoral. Estas son legítimas sin duda –Aznar hablaba catalán en la intimidad, no lo olvidemos-, pero en ciertos momentos poco satisfactorias para el bien común.
Dicho esto, no obstante, quiero concluir defendiendo la pluralidad y la legitimidad de todas las ideologías en un sistema democrático, de todas sin excepción, no solo de las propias. E, igualmente, la importancia de lo ideológico en la elaboración de las leyes, que no pueden ser simples expresiones de carácter tecnocrático que, por tanto, relegan lo político y a los políticos a meros instrumentos de los técnicos investidos de una neutralidad que no es cierta.
Defender la democracia es también hacerlo de la discrepancia. No compartir es libertad. Deslegitimar, es negar la pluralidad y la esencia del sistema y sembrar vientos que pueden de futuro recoger tempestades.
