Hace poco más de un año no podíamos imaginar lo que nos depararía el número mágico 2020. Arrancamos el ejercicio después de unas recientes elecciones generales a la espera que se formase nuevo gobierno, elucubrando sobre política y economía, en un horizonte más o menos previsible que nos permitía convivir como en años anteriores.
El año 2019, aunque había dado síntomas de ralentización en el crecimiento, ofrecía datos para el optimismo: se había batido un nuevo récord de turistas con 83,7 millones de visitantes extranjeros; se crearon 402.300 empleos gracias al mejor cuarto trimestre de la recuperación; y las exportaciones rozaron los trescientos mil millones de euros, con un crecimiento del 1,66%.
Las primeras señales de que sería un año diferente llegaron pronto, aunque nadie percibió la magnitud de la amenaza. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el 30 de enero que el brote del nuevo coronavirus (2019-nCov) constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Esta declaración no generó inquietud inmediata, posiblemente debido a que en episodios epidémicos anteriores el SARS de 2003 centró su actividad a China y el MERS de 2012 tuvo impacto limitado fuera de Arabia Saudí.
Cuando llegó el fatídico marzo de 2020 nos invadió la covid-19 mientras la ciudadanía se encontraba ocupada entre manifestaciones en la calle, asistencias a partidos internacionales de fútbol y otros eventos lúdico-festivos multitudinarios. La extensión vertiginosa e imparable del virus llevó a la OMS a declarar la pandemia el 11 de marzo, lo que provocó un confinamiento general, de alcance internacional, de casi cuatro meses, una situación desconocida que está generando graves consecuencias económicas, sociales y sanitarias.
Los últimos datos de noviembre facilitados por el Banco de España revelan que más de un millón de personas subsisten gracias a la protección del Estado, entre trabajadores afectados por ERTES y autónomos que perciben prestaciones especiales. Esto se enmarca en una economía nacional que tiene un 17% de desempleo, así como 12,3 millones personas en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que provoca numerosas solicitudes, todavía no atendidas, del llamado Ingreso mínimo vital.
Con cifras tan alarmantes de paro, resulta paradójico que las últimas propuestas del Gobierno versen sobre la reducción de la jornada laboral de cinco a cuatro días semanales o la subida del salario mínimo interprofesional y la de los empleados públicos, todas ellas por encima de la tasa de inflación anual. Cuestiones impropias en estos momentos en los que la mayor parte de las empresas luchan por subsistir y el mercado laboral sufre una situación de volatilidad y de inestabilidad críticas. El Banco de España calcula que entre un 20% y un 30% de las empresas pueden resultar insolventes tras esta crisis, especialmente vinculadas al sector turístico ya que entre enero y octubre han visitado el país solo 17,9 millones de turistas y la restauración está sometida a fuertes restricciones de aforo, distancia social y medidas socio-sanitarias.
Los problemas socioeconómicos de nuestra nación están perfectamente diagnosticados por especialistas muy preparados y prudentes que proponen políticas activas de empleo que no tienen eco en el Gobierno, que prefiere destinar el dinero de los contribuyentes a otros fines.
Un buen ejemplo son los Presupuestos Generales del Estado para 2021 que acaban de aprobarse, en los que se vislumbra un Estado “subsidiador” y “expansivo”, en los que no se tiene en cuenta que la mejor solución para reducir la pobreza es crear riqueza. Sus propuestas inversoras no tienen como contrapartida el control del gasto público con una gestión austera, como sería deseable en la situación de déficit y deuda que arrastra el Estado.
Además, se dedica mucha atención a los presupuestos futuros y nunca de los que acaban, lo que impide un análisis pormenorizado y que se den explicaciones sobre las importantes desviaciones que se han registrado entre lo previsto y lo ejecutado en un ejercicio tan atípico como el que cerramos.
Es evidente que los resultados de 2020 no serán buenos debido a la bajada de ingresos por la inactividad económica y a la subida de gasto sanitario y social para compensar el impacto de la pandemia. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé una caída del PIB de España del 11,6% en 2020 y un aumento del 5% en 2021, lo que nos sitúa como el país del 'club' de los países más ricos que más sufra las consecuencias de las restricciones por la pandemia de Covid-19.
Tampoco lo serán los de investigación e innovación. Las cifras de 2019 referentes a inversiones en I+D+i han supuesto el 1,25% del PIB, un dato muy bajo en términos relativos frente a la media de la OCDE que alcanza el 2,4% del PIB. Dentro de esta variable, el gasto empresarial es del 56% frente a más del 70% en países desarrollados, lo que subraya la necesidad de políticas económicas que incentiven el esfuerzo empresarial para lograr un empleo de mayor calidad y productividad.
Estas cuestiones no deben hacernos perder de vista cuestiones muy relevantes para la economía provincial como el agua y el Brexit. En cuanto a la primera, todos los sectores económicos, especialmente el agroalimentario del Sureste español, necesitan ya una normativa que se rija solo por criterios técnicos y no políticos para regular el abastecimiento de agua en la zona, por lo que el Trasvase Tajo-Segura debe estar asegurado con independencia de las inclemencias del tiempo y del Gobierno de turno, dada la relevancia que tiene en la economía nacional, muy superior a otros sectores como el de la pesca o el de la explotación forestal. En lo referente al Brexit, es una muy buena noticia el principio de acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Según el Informe del Banco de España, la exposición de la economía española al Reino Unido es muy relevante. En 2019 el flujo de turistas supuso el 21% del total de entradas, y con respecto a las exportaciones de bienes representaron un 6,8% del total. La Comunidad Valenciana y Murcia son las regiones más afectadas por el Brexit, dado su especialización en productos agroalimentarios y manufacturados, así como el sector turístico y las inversiones en segunda vivienda de residentes británicos, como ya se ha visto en el marco de la crisis sanitaria del covid-19.
El lector se puede preguntar a estas alturas donde están las oportunidades para 2021, como se titula el presente artículo. Es oportuno resaltar la llegada de la vacuna, que ya ha comenzado a suministrarse en toda Europa, antes del calendario previsto (las empresas sí funcionan); el desenlace de las elecciones en EE.UU.; el final del culebrón del Brexit con una inusual posición firme y unida de Europa; la demostración de que somos una sociedad resiliente que valora más el consenso y el civismo (últimos datos del CIS); y el estímulo fiscal en la UE con un componente redistributivo muy importante (gracias al liderazgo de la canciller de Alemania Angela Merkel), que debería suponer la semilla de una unión fiscal, que fortalezca Europa y al euro como moneda de referencia mundial.
Especial atención tendremos que prestar en este escenario a la llegada de fondos europeos, a cuya gestión habrá que dedicar toda la atención, para utilizarlos de forma eficiente en proyectos que mejoren la productividad (una gran deficiencia española), para dar un salto adelante en digitalización y economía verde. Estos ingresos extra deben ir acompañados de reformas económicas estructurales que impulsen la recuperación de la economía nacional.
Este año que empieza cobran más sentido que nunca las siempre actuales aportaciones del pensamiento de Germán Bernácer: “la libertad, la eficacia, la justicia y la paz son los cuatro pilares son los cuatro pilares fundamentales sobre los que debe construirse la dicha de los hombres”.
Pedro Algarra García es presidente del Foro de Debate Económico Germán Bernácer
