No hay revolución, ni siquiera cambio reformista, sin cambiar el derecho administrativo. Los cambios sociales exigen variar algo tan prosaico, y aparentemente anodino, como el derecho administrativo. Esto es especialmente cierto en las democracias, donde el respeto al derecho y a los procedimientos son condición previa. Recientemente hemos vivido dos ejemplos que son un claro exponente de lo que digo.
Primero: en Alicante, ustedes han oído al alcalde Luis Barcala, parapetarse, una y otra vez, en las funciones del interventor municipal para justificar el mantenimiento de los proyectos de presupuestos municipales, este año y el anterior, sin variar una coma y prácticamente sin negociar con los grupos de la oposición. Hemos padecido la rigidez paralizante de los proyectos -que los habrá- municipales. El argumento era tan simple como redundante: la propuesta de presupuesto realizada por el equipo de gobierno de coalición la estaba estudiando y analizando la intervención municipal, una vez que le daba el visto bueno tampoco se podía modificar nada, porque ya estaba visado por el alto funcionario. Carolina Pascual informaba (INFORMACIÓN.2-II-21) que la intervención propuso una nueva fiscalización “para agilizar la gestión municipal", el método no es nuevo, aunque si lo sería en la ciudad de Alicante, "está fórmula tiene origen en el modelo aplicado desde hace más de 20 años por la Intervención General del Estado y contribuirá a paliar algunos defectos de fiscalización, tales como ralentizar el funcionamiento de la Administración, la focalización del control en aspectos formales, limitar la visión de conjunto, generar una falsa impresión de traslado de la responsabilidad al órgano interventor” en palabras del interventor, Francisco Guardiola. El bloqueo de los proyectos en intervención es una de las quejas repetidas por los últimos equipos de gobierno en el Ayuntamiento. El funcionario no quiere que “le trasladen la responsabilidad”; lo curioso es que ni los equipos de gobierno, ni la oposición habían tomado la iniciativa para acogerse al “nuevo sistema” - ¡de hace 20 años! - que agiliza notablemente la tramitación de los expedientes. El pasado día 18 lo aprobó el Pleno municipal. Sustancialmente con el nuevo sistema, el interventor comprueba que hay créditos para el expediente de que se trate, que se corresponde con el tipo de gasto previsto en el presupuesto, y que quien decide qué se gasta es quien tiene competencias para ello. Tras “la fiscalización limitada previa” - en argot administrativo-, habrá un segundo control que es en la práctica una auditoría, con el fin de comprobar que se han cumplido los requisitos legales.
Segundo: tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, señalamos en estas páginas que el problema del maná de millones que nos viene con el Plan Europeo para la Reactivación, será si las administraciones tienen capacidad para gastar en tiempo y forma. Como el PP no pudo parar los Presupuestos Generales del Estado se dedica a cuestionar el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Se trata de modificar las leyes 40/2015 de Régimen Jurídico del sector público y la 9/2017 de contratos del Sector Público, aprobadas por los gobiernos del PP y que dificultan, aún más, los trámites que establecía la anterior ley de 1997. La administración para contratar bienes, obras y servicios tiene que atravesar una carrera de obstáculos teóricamente para luchar contra la corrupción; como se ha visto no la impide, pero si pone cargas y trabas para cualquier contratación. Desde que se decide sacar a licitación la elaboración de un proyecto de obras hasta el día que se inician efectivamente las obras transcurren normalmente, sin muchas demoras, tres años. Si la contratación es del Plan General de Ordenación Urbana pueden pasar lustros, 25 años llevamos esperando en Alicante, porque ya se sabe que para la derecha el mejor plan, es el que no existe. Así, parece que ni la administración, ni las empresas públicas saben gestionar frente a la privada, por lo que concluyen hay que privatizar servicios.
José Luis Escrivá, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, debería tomar medidas, o dimitir, ante el fracaso en la tramitación de la renta mínima vital. Falta principalmente armonización y coordinación con las preexistentes rentas garantizadas de las comunidades autónomas, reducir la documentación que pide a los ciudadanos, que la administración tiene previamente, y simplificar trámites. No pueden ser los paganos los marginados y excluidos.
