El sureste de la península, Alicante, Murcia y Almería, es conocido como “la huerta de Europa”, por su productividad agrícola rica en cítricos y frutas de invernadero u hortalizas, entre otras. Sin embargo, la amenaza de la sequía está muy presente. Consecuentemente, estas provincias requieren aportes hídricos adicionales. Durante siglos, se han aplicado en nuestra tierra técnicas para mejorar el riego: desde la introducción de las acequias durante el período andalusí, hasta la construcción de infraestructuras como el Trasvase del Tajo-Segura (TTS), llevando agua entre cuencas y asegurando la viabilidad de la huerta levantina. Con ello, el TTS cumple también con una función medioambiental, manteniendo la masa arbórea, de frutales y hortícolas; social, abasteciendo 2,5 millones de personas en diciembre de 2020; y generadora de empleo y riqueza con un riego de 145.000 hectáreas y una aportación de hasta 3.000 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) nacional.
Hay que tener presente que la población y el PIB de la Comunidad Valenciana equivalen aproximadamente al 10,6% y el 9,3% respectivamente del total nacional. En 2020, solo el sector agroalimentario, que incluye la agricultura, ha aportado el 4,5% del PIB regional. Sectores relevantes como el turístico también se benefician recibiendo suministro para su actividad. Ésta supone para la Comunidad el 15,5% del PIB (frente al 12,4% nacional) y el 16% de la ocupación (frente al 13% nacional) según datos de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) y el INE de diciembre de 2020.
Esta apuesta por la solidaridad interterritorial a favor de las regiones afectadas por una combinación de factores climáticos adversos, aparece ya a principios del siglo XIX con una de las figuras más importantes del regeneracionismo español, Joaquín Costa, con su obra “La política hidráulica - misión social de los riegos en España” de 1911. Costa propuso reformas en la agricultura de regadío desde un enfoque integral de la política hidráulica española. Sus ideas se materializarían con el primer proyecto de trasvase durante la Segunda República Española.
En 1932 el socialista Indalecio Prieto, Ministro de Obras Públicas entre 1931-1933, encomendó al ingeniero Manuel Lorenzo Pardo la realización del plan nacional de obras hidráulicas, incluyendo el aprovechamiento de las aguas del Tajo. Desafortunadamente, la Guerra Civil interrumpió su desarrollo. El proyecto no se retomaría hasta 1966, inaugurándose en 1979. Posteriormente, el también socialista Josep Borrell, Ministro de Obras Públicas entre 1991-1996, lanzó el Anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional de 1994 siguiendo los pasos de Costa: resolver el déficit hídrico de distintas zonas peninsulares. Adaptándose a las proyecciones demográficas del país, fijó objetivos ambiciosos como la reutilización de aguas residuales e iniciativas para un mejor aprovechamiento del agua de regadíos, además de la interconexión de las cuencas. Desgraciadamente, este plan nunca fue adoptado.
El TTS conduce agua por 292 kilómetros de canales, acueductos y túneles, y gracias a la cual, aproximadamente, 80.000 productores generan una agricultura de calidad y competitiva. Del mismo modo, el TTS ha generado 106.566 puestos de trabajo de forma directa e indirecta donde el 70% corresponden a la agricultura y suponen el 5,8% de la población activa de Alicante y Murcia.
Asimismo, la UE ha apoyado también la redistribución territorial del agua mediante el Fondo Europeo Desarrollo Regional y el Programa LIFE. En conjunto, esta financiación contribuye a mejorar la calidad del agua de los ríos y embalses mediante procesos de saneamiento y depuración a fin de satisfacer toda actividad que dependa de ella.
De ahí que, durante la conmemoración del 40 aniversario del trasvase en marzo de 2019, el presidente, Ximo Puig, defendiera que el trasvase era “absolutamente irrenunciable”. El Presidente manifestó que “sin recursos hídricos suficientes la Comunidad nunca habría alcanzado los niveles de prosperidad que ha alcanzado y es por eso que se debe continuar modernizando y mejorando, en la suma de sinergias para tener garantizada agua para siempre”.
Este trasvase es una de las infraestructuras hidráulicas que ha conllevado más tensiones socio-políticas entre Comunidades Autónomas, especialmente entre Castilla-La Mancha, por un lado, y la Comunidad Valenciana y Murcia, por otro, en un contexto caracterizado por periodos secos y descenso de las precipitaciones en los últimos veinte años.
En total, el Segura puede recibir un trasvase máximo de 600hm3 anuales de agua del TTS. Sin embargo, las cantidades se determinan al inicio de cada mes en función del agua acumulada en los embalses Entrepeñas-Buendía, de acuerdo con cuatro niveles. Para los niveles 1 y 2 se establece un trasvase de forma automática. Para el 4 no se puede trasvasar y para el 3, denominado «de situaciones hidrológicas excepcionales», las cantidades varían. De este modo, cada mes se indican los valores umbral de reservas de los embalses que definen el nivel 3 y se fija un rango mínimo precautorio de trasvase a partir del cual se decide el volumen trasvasable con un límite de 20hm3/mes.
Para el aprovechamiento del trasvase de agosto de 2020, la Comisión Central de Explotación del TTS autorizó un trasvase de 38hm3 para ese mes, dado que según el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) el volumen embalsado en Entrepeñas-Buendía era una cifra superior (687,11hm3) al umbral de 661hm3 que correspondía al límite del nivel 3 para el mes de agosto. No obstante, Castilla-La Mancha recurrió esta medida autorizada por la Comisión, considerándola incompatible con la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible y la supervivencia del Tajo. Además, el gobierno castellano-manchego pretende reducir la cantidad de agua que se suministra al sureste de España entre 2021-2022. Según el Presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), un nuevo plan de cuenca para el Tajo supondría detraer drásticamente 78hm3 de agua de Entrepeñas-Buendía. Esto supondría de facto una situación recurrible por Murcia y Comunidad Valenciana. Consecuentemente, la Conselleria d’Agricultura alegó en septiembre de 2020 contra la posible aprobación de un nuevo plan pues “sería contraria al derecho al invadir competencias estatales”.
Dificultades añadidas en enero de 2021: un total de 63hm3 pendientes para el conjunto de 2020. Afortunadamente, la borrasca filomena dio pie a una situación de mejora. Solo el deshielo causado por las bajas temperaturas aportó aproximadamente 700hm3 adicionales de agua al Tajo. Sin embargo, con una cantidad de agua en enero correspondiente al nivel 3 en los embalses de Entrepeñas-Buendia, la Comisión Central de Explotación del TTS indicó que correspondía trasvasar solamente 20hm3. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico autorizó el trasvase de solo 17hm3 para enero de 2021 (7,5 para abastecimiento urbano y 9,5 para regadío), argumentando la situación de excepcionalidad y escasez de agua. En consecuencia, esta medida, considerada arbitraria y carente de justificación técnica, ha exasperado a la comunidad regante alicantina.
Por supuesto, el agua es un recurso escaso amenazado por el cambio climático. Ciertamente, infraestructuras necesarias como el TTS tienen consecuencias medioambientales que también hay que tener en cuenta, por tanto, no puede fiarse toda la política hídrica a trasvases, canalizaciones y aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas. Hay que impulsar alternativas eficientes como la desalación o la reutilización, si bien el agua desalada es más cara y de menor calidad para el riego. Por ello, los Gobiernos socialistas siempre han abogado por la modernización de la gobernanza y gestión del agua. Ya en el programa electoral para las elecciones generales de 2019 se propuso el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización de Aguas Residuales que garantizaría suficiente agua para prevenir los tiempos de sequía provocados por el cambio climático, pero sin renunciar a los trasvases. El borrador del Plan se encontraba en consulta pública hasta el pasado 31 de diciembre de 2020.
En definitiva, la relación quid pro quo para una cohesión social y territorial en esta materia se tiene que reflejar en un gran acuerdo político y social, incluyendo todas las posibilidades de aprovechamiento, sin menosprecio ni estigma para los trasvases, compatible con las necesidades medioambientales y atendiendo a las necesidades de todos en ambas cuencas.