Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

José María Asencio

Ideología y ética colectiva

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica entrega en el Congreso 218.600 firmas que reclaman la ilegalizacion de la Fundación Nacional Francisco Franco.

La izquierda, en especial ahora el PSOE, parece partir de la presunción de que su permanencia en el poder no es solo cosa debida, sino impuesta por el orden natural de las cosas. El poder legítimo corresponde a la verdad y la razón y éstas residen en ellos. Y así, con esa confianza en representar el futuro, dictan leyes ideológicas sin más freno que cierto sentido del pudor de algunos que aún resisten el embate de los sectores más radicales, menos racionales, pero curtidos en la agitación. Y creen que sus dictados permanecerán sin mácula, confiados en la capacidad demostrada por una sociedad bien preparada para soportar y obedecer, aunque quien le mande sea quien nos manda. La labor en educación ha dado sus frutos y sigue dándolos.

Cierto es que no les faltan motivos para confiar en que el futuro no afectará a su revolución “cultural”, repleta de consignas banales y elementalmente embrutecedoras. Rajoy ¡Viva el vino! ya lo demostró y ahora es difícil resistirse a lo políticamente correcto, instalado socialmente y frente a lo que el centro derecha no termina de enfrentarse por miedo –qué contradicción-, a ser tachado de reaccionario. Y la crítica, como en los mejores tiempos se hace en silencio, en secreto casi y con miedo a ser oído y expuesto a los ataques viscerales de quienes hacen de la imposición una forma de ser y estar. Ser señalado es morir civilmente a manos, eso es lo que duele, de indocumentados que cambian la razón por el insulto soez y el diálogo, por el calificativo injurioso.

Porque esa es la cuestión. La resignada conducta de un centro derecha con las consignas declaradamente inquisitivas y autoritarias de una izquierda que tiene más interés en imponer una sociedad éticamente –es un decir-, uniforme, que garantizar los objetivos de la socialdemocracia. Es que ésta cuesta mucho y beneficia a todos.

Y esa resignación se puede encontrar en el informe que el CGPJ ha emitido en relación con el proyecto de Ley de Memoria Democrática que, obviamente, vuelve al túnel del tiempo persiguiendo franquistas donde no los hay y rememorando una guerra de hace casi un siglo.

Comparto con el CGPJ que no puede entrar, por no ser de su competencia, en el asunto espinoso de un Estado democrático que dicta la historia por ley. No son los historiadores los que la escriben o, al menos no los que no estén de acuerdo con la ilustre Sra. Calvo, sino esta última y el conjunto de los que no disienten de la versión oficial. El resto no sólo no pasará los filtros de la corrección política, sino que mucho me temo, de ser universitarios, sufrirán las consecuencias derivadas de los controles de los muchos tribunales evaluadores existentes en este ámbito que, por cierto, aunque nadie lo sabe fuera de nuestro círculo, se designan a dedo por las autoridades competentes. Y los informantes son anónimos. Y nadie protesta. Por no hablar de los grupos de presión que imponen las reglas bajo pena de infamia, sin respeto a la libertad ideológica. Así nos va. Mejor, pues, que los historiadores y resto de afectados no se aparten de la verdad legal, que es la oficial y la única verdadera. Si hoy, sin ley, toda disensión cuesta un disgusto, mañana el precio puede ser impagable.

El CGPJ, eso sí, reacciona ante la intención gubernamental de ilegalizar las fundaciones cuyos fines sean contrarios al interés general, siendo éste equiparado a la apología del franquismo, sin más. Esto es, una ley de caso único, dirigida a ilegalizar la Fundación Francisco Franco.

El CGPJ es duro en el fondo y suave en la forma, consciente de que el legislador sabe que su propuesta no puede pasar el filtro de la constitucionalidad, aunque tampoco le importa eso de la constitucionalidad. Pequeñeces. Y es que, como ha sostenido el TC, en España se puede ser franquista y proclamarlo aunque se trate de un régimen no democrático, tanto como ser independentista. Entra dentro de la libertad ideológica. Muy posiblemente, esa referencia al interés general, abierta y discrecional, sirva para ilegalizar formaciones de derechas, como ya sucedió en tiempos de la tan recordada II República que, bien mirado, no fue tan democrática, al menos si se compara con la que hoy disfrutamos o disfrutábamos hasta la entrada triunfal de Zapatero y sus ocurrencias.

La izquierda, digo esta izquierda, no será eterna y debería tener en cuenta que, de mantener este tipo de normas, si en el futuro cambian las tornas, lo que Sánchez está procurando con todas sus fuerzas, podría aplicarse a ellos mismos y sus múltiples fundaciones, asociaciones y conjunciones, bien subvencionadas. De aplicarse eso del interés social de forma partidista, mucho me temo que varios miles de bienintencionados progresistas, que dan su vida por el presidente, se puedan ver en la calle.

La democracia y la moderación se basan en el riesgo de evitarse males futuros, lo que conduce a la prudencia y a no machacar a quien mañana te puede devolver la pelota. No parece que esta virtud alumbre la inteligencia de quienes consideran que no solo van a permanecer toda la vida en un poder que convierten en su única obsesión, sino que la sociedad se ha rendido a su moral y valores. Allá ellos.

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats