La pandemia, además de producir muertes y ruina, ha puesto al país frente a su espejo menos favorecedor que le devuelve al grito reaccionario de ¡vivan las cadenas! En la actualidad no existe la euforia desatada de quienes vociferaban en favor del absolutismo y en contra de las libertades –con mayor insistencia, hay que recordarlo, en Cataluña y el País Vasco–, sino una resignación frente a la enfermedad que nos impide desprendernos del bozal y nos lleva a reclamar toques de queda ante la errática transición del virus. Es la vuelta a un calambre interior que nos ha impedido ser adultos en la historia, comportamos responsablemente ante las adversidades y, por contra, reclamar el yugo como rebaño. Recordar, una vez más, que el último dictador murió en la cama ayuda a comprender la formación del espíritu nacional.
En vista de ello, el Gobierno se ha propuesto dos velocidades distintas. Por un lado se opone a renovar el toque de queda. Por otro, prepara una ley personalista y autoritaria para que los ciudadanos se declaren sumisos y obedezcan lanarmente en caso de crisis. El significado de crisis y su excepcionalidad, como es natural viniendo de quien viene, lo decidirá el propio Gobierno de acuerdo con sus necesidades del momento y la concentración de poder que requiera. ¡Qué peligro!
El riesgo para los ciudadanos, el secuestro de libertades y la incautación de sus bienes, que según parece observa esta ley de seguridad nacional, estriba en los criterios que se apliquen para calibrar la catástrofe como pública o simplemente política conforme al interés particular. Si no lo interpreto mal, una situación de interés nacional, pasada por el tamiz del interés político de turno, puede conducir a un control de los medios de producción y comunicación por parte del Gobierno o incluso a intervenir en la propiedad privada. Cuando menos, resulta inquietante. Ahora habrá que ver hasta dónde alcanza el eco del viejo grito absolutista con que se vitoreaban las cadenas.
