La Comisión Europea no está dispuesta a que otros se aprovechen de su determinación de convertir al continente en el primero en alcanzar la llamada “neutralidad de carbono”, fijada para el año 2050.

Y así, para proteger a su industria de toda competencia desleal, se propone gravar con aranceles ciertos productos, entre ellos el acero, procedentes de países que se resistan a aplicar medidas medioambientales equivalentes.

Ello debería alegrar al empresariado europeo, pero hay quien, como el presidente de la Asociación Federal de la Industria Alemana, Siegfried Russwurm, advierte del peligro de estallido de “nuevas guerras comerciales”.

En 2005, la Comisión Europea estableció un mecanismo que limita los gases de efecto invernadero que puede emitir la industria al tiempo que permite a las empresas comerciar con los “derechos de emisión (de CO2)”.

Con los aranceles que propone, Bruselas quiere evitar que tanto las empresas extranjeras como las europeas que tienen plantas de producción en terceros países se beneficien de la mayor laxitud allí existente respecto a ese tipo de emisiones.

El llamado “mecanismo de compensación” europeo se aplicará en un principio y a partir de 2026 a determinados productos como el acero, el cemento, el aluminio y los abonos.

Ese mecanismo protector de las industrias europeas no viola las reglas del libre comercio internacional. O al menos es lo que argumenta en su defensa Bruselas.

Otros, sin embargo, no lo ven así. Por ejemplo, Rusia, cuyo ministro de Economía, Maxi Reschetnikov considera que viola al menos el espíritu del acuerdo de París sobre el cambio climático, que permite que cada país decida cómo alcanzar la meta que voluntariamente se ha fijado.

Tampoco está de acuerdo China: su presidente, Xi Jinping, señaló el pasado abril a Bruselas de que el cambio climático no debe utilizarse como pretexto para levantar barreras aduaneras.

Según un estudio de la asesoría de empresas Boston Consulting Group, citado por el semanario Die Zeit, los aranceles punitivos que proyecta Bruselas afectarán de modo especial tanto a las importaciones europeas de acero chino como a las de hidrocarburos de Rusia.

Al frente de rechazo se han sumado también varios países emergentes como India, Brasil y Suráfrica, que, al igual que China, calificaron de “discriminatorios” los aranceles que proyecta Bruselas.

Quien sí está de acuerdo es Estados Unidos, al menos el Partido Demócrata del presidente Joe Biden, que quiere también aplicar un impuesto punitivo a las importaciones de países que practiquen lo que ya se conoce como “dumping climático”.

El presidente del Instituto del Hierro y del Acero de EEUU, Kevin Dempsey, está a favor de ese gravamen porque los productores norteamericanos de acero han de invertir en equipos muy costosos a fin de reducir sus emisiones de CO2 mientras compiten con China, que no renuncia de momento al carbón.

También el Fondo Monetario Internacional defiende la aplicación de un impuesto global mínimo a las emisiones de efecto invernadero.

Como escribe Die Zeit, por mucho que algunos critiquen ese tipo de medidas arancelarias por suponer, según dicen, una injerencia neocolonial, tiene mucho sentido que al menos un grupo de países tome la delantera si es que se toma en serio el acuerdo de París.

Los directivos de la industria alemana parecen, sin embargo, no tener prisas y abogan por un período de transición de diez años para probar ese instrumento “novedoso”. Pero el cambio climático no espera, y el año 2050 está cada vez más cerca.