En las últimas semanas, un buen número de los 705 diputados y sus asistentes que recorren el edificio del Parlamento europeo en la rue Wiertz, en Bruselas, comparten en los corrillos su preocupación por la situación en Afganistán y el temor a que estalle otra nueva crisis de refugiados en el peor momento posible para la UE. Sería mucho peor que cuando en 2015 se desató el mayor éxodo de refugiados hacia Europa desde la Segunda Guerra Mundial a través del Mediterráneo, en coincidencia con la guerra en Siria.
La pésima gestión que la UE y los países europeos han hecho a lo largo de estos años en su política migratoria y de asilo, el ascenso de las ideas de rechazo a los inmigrantes en el conjunto de Europa, los continuos desafíos autoritarios y contra las políticas de la Unión que especialmente desde Hungría y Polonia se vienen protagonizando, junto a la mala experiencia aportada por el carísimo acuerdo con Turquía para la gestión de los flujos de refugiados en sus fronteras han abierto importantes brechas en la política comunitaria que hacen imposible llegar a acuerdos básicos en estas materias.
Recordemos que cuando en 2015 decenas de miles de migrantes forzosos trataban de llegar hasta territorio europeo, protagonizando en muchos casos dramáticos naufragios en el Mediterráneo, la Comisión Europea se inventó una respuesta llamada “Agenda Europea sobre Inmigración” que, según se decía, daría una respuesta integral y solidaria a la gestión de la inmigración en Europa, marcando un antes y un después en la política migratoria. Los escasos acuerdos y compromisos que con mucho esfuerzo se adoptaron fueron sistemáticamente incumplidos, contabilizándose desde entonces cerca de 20.000 fallecidos en naufragios tratando de alcanzar territorio europeo, de los cuales, cerca de 2.000 corresponden a fallecidos tratando de llegar a España, según datos de la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Un doloroso testimonio de este gigantesco fracaso.
Desde entonces, no han parado de llegar inmigrantes desde las costas del norte de África a Italia, Grecia y España, con una desviación de las rutas migratorias tradicionales sometidas al impacto de la pandemia, a las crisis humanitarias y ambientales, así como al recrudecimiento de conflictos como los que atraviesan el Sahel y otros muchos países de la región. Sin olvidar las presiones ejercidas por Marruecos y la crisis en África occidental hacia España, haciendo de las Canarias una plataforma de acceso preferente hacia Europa. Pero la respuesta de la UE ha sido desentenderse por completo, exigiendo a los países del Sur que sean ellos quienes acojan a esos inmigrantes que acceden a Europa e impidan que alcancen los países del Norte, en una clara muestra de insolidaridad.
Los países del Norte no ocultan su voluntad de limitar la llegada de inmigrantes hasta sus sociedades ricas, pero especialmente el llamado grupo de Visegrado, formado por Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, con posiciones reaccionarias que en muchos casos vulneran la legislación internacional y los derechos humanos. Así, se desentienden por completo de lo que viven sus socios mediterráneos, con una apuesta exclusiva por soluciones policiales y militares. De hecho, el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos ya ha fallado contra Hungría por el maltrato que da a sus inmigrantes.
Buena prueba de esta creciente disparidad (cuando no enfrentamiento) en el seno de los países de la UE es la imposibilidad de avanzar en la aprobación de un nuevo “Pacto europeo de migración y asilo”, así como en la revisión y actualización del “Reglamento de Dublín” para gestionar las peticiones de asilo que llegan a territorio europeo. Estos dos instrumentos son esenciales para evitar que siga avanzando el caos migratorio y la incapacidad de una gestión eficaz unificada en el conjunto de Europa.
Por si fuera poco, las tensas relaciones que la UE mantiene con Rusia y sus sanciones al régimen bielorruso está siendo aprovechado por su presidente, Aleksandr Lukashenko, para trasladar refugiados afganos hacia países europeos como Polonia, Estonia y Lituania. Solo a este último país han llegado, desde principios de año, más de 4.000 refugiados, principalmente afganos, llevando a Lituania y Letonia a declarar el estado de emergencia.
Polonia vive una situación similar, ignorando abiertamente el derecho de estas personas a solicitar protección internacional y darles acogida. Un buen número de ellos han sido expulsados a la frontera con Bielorrusia, donde se han establecido campamentos improvisados de refugiados afganos en condiciones muy precarias, en los que malviven familias con mujeres y niños a la espera del invierno, sobreviviendo con pan que recogen de la basura y agua de arroyos cercanos. Ante esta clara desatención humanitaria, el propio Tribuna Europeo de Derechos Humanos ordenó a Polonia (como también ha tenido que hacer con Hungría) proporcionar a los refugiados afganos agua, alimentos, ropa, atención médica y refugios temporales, algo que no ha hecho el gobierno ultraderechista del partido Ley y Justicia, presidido por Jaroslaw Kaczynski, alegando que estaban en Bielorrusia. Sin embargo, no han dejado de propagar una atmósfera de miedo y rechazo contra los refugiados, desplegando helicópteros y mil soldados polacos junto a sus precarios campamentos.
De manera que, si la situación en Afganistán empeora y se produce una salida masiva de refugiados, Europa estará en las peores condiciones para afrontarla.
