En algún momento de la democracia española, cuando el actual régimen de libertades ya estaba consolidado, en ciertos sectores minoritarios de izquierda comenzó a expandirse la idea de que la policía y el turismo eran dos elementos de la sociedad que, si bien no debían ser atacados de una manera frontal y clara, había que establecer un lenguaje y una actitud que denotaran que no eran del agrado de, como digo, supuestas asociaciones de vecinos o partidos minoritarios de izquierda con presencia únicamente en el ámbito provincial o autonómico en el mejor de los casos. El resquemor hacía la policía tuvo su razón de ser por cuanto fue uno de los puntales básicos en los que se apoyó la dictadura franquista para poder ejercer la represión sobre los demócratas. Conocidos en su tiempo por su gran capacidad para aplicar torturas de todo tipo fueron los policías Juan Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el niño, o Roberto Conesa. Sin embargo, hoy día la totalidad de los policías de ámbito estatal y municipal, así como los miembros de la Guardia Civil, salvo excepciones que confirman la regla, se caracterizan por un respeto absoluto a la Constitución y al resto de leyes que constituyen el ordenamiento jurídico español, teniendo un comportamiento ejemplar.
Por otro lado, cabe recordar que un par de años antes de que la pandemia por Covid-19 asolara la economía europea se puso de moda en ciudades como Barcelona, Bilbao o Valencia (en menor medida) mostrarse contrario a la llegada de turistas a nuestro país. Aparecieron pintadas en el centro de estas ciudades que interpelaban a los extranjeros a regresar a su país natal con el conocido texto tourist go home. El motivo de estas pintadas y en general de la actitud contraria al turismo viene de lejos. Se puso de moda primero en el País Vasco como una manera de acentuar las ideas nacionalistas de los sectores más reaccionarios de esta comunidad autónoma que pensaron que un rechazo a todo lo que venía de fuera era una forma de afirmar una identidad que según ellos les separaba del resto de los españoles, confundiendo la defensa de unos valores culturales propios con ser un cateto. En un momento posterior, en otras regiones de España, un sector minoritario pero muy ruidoso, imitó esta idea rechazando el turismo y la llegada de viajeros de otros países sin ningún motivo razonado. Es habitual que estas personas se quejen de tener que cruzarse con extranjeros por las aceras, de que llenen las mesas de los restaurantes o incluso su manera de vestir cuando en realidad el turismo deja en España millones de euros todos los años que sirven para pagar las pensiones, prestaciones sociales o nuestra magnífica sanidad pública.
Por extraño que parezca, estas conductas insolidarias y absurdas fueron asumidas por determinados políticos de nuestro país. Los ejemplos más claros los podemos encontrar en las ciudades de Barcelona y Valencia cuyos máximos representantes, Ada Colau y Joan Ribó, se han declarado en varias ocasiones contrarios a la actuación policial cuando ha tenido que reducir a delincuentes violentos además de perseguir los pisos turísticos reglados, con licencia y al día en sus obligaciones con Hacienda. Sorprende el silencio de ambos en relación con las grandes molestias que para la ciudadanía están suponiendo los botellones fuera de control que se celebran todos los fines de semana en Barcelona y Valencia, botellones en mitad de la calle o en plazas y jardines infantiles que terminan con el mobiliario urbano destrozado. Colau y Ribó, que persiguen incluso los pisos turísticos reglados, se han inmerso en un absoluto silencio sobre los botellones dejando a las subdelegaciones del Gobierno de sus ciudades toda la responsabilidad en su solución.
Cuando residí en Barcelona durante seis meses por motivos laborales, hace más de una década, me sorprendió la sensación de inseguridad que había en sus calles. Los carteristas y delincuentes de todo tipo campaban a sus anchas siendo visibles a cualquier hora del día. Esta misma situación se está produciendo en Valencia desde hace varios años. Vecinos de barrios valencianos como Orriols o el Cabanyal viven desesperados por la delincuencia callejera que se ha apropiado de los parques y jardines para el tráfico de drogas o como lugares donde resolver disputas a navajazos.
La ultraderecha en España, haciendo uso de la demagogia más barata que hay, hace culpable de la delincuencia a los extranjeros cuando las cifras oficiales demuestran que del total de delitos menos del diez por ciento son cometidos por extranjeros. También asegura que en España las cifras de paro son elevadas porque estos extranjeros que vienen a robar también quitan el trabajo a los españoles. Es decir, se inventan un chivo expiatorio para conseguir votos y vivir de la política. Y en el lado contrario, existe cierta izquierda que actúa a base de clichés y que sigue siendo poco propicia a implementar medidas contundentes que pongan coto a los botellones y a los okupas (situación distinta a las familias necesitadas de una vivienda) mientras persigue a los pisos turísticos e impone prohibiciones a los hosteleros sin posibilidad de llegar a acuerdos con ellos. Que no se extrañen si en las próximas elecciones municipales hay sorpresas.
