Una de las necesidades que existe hoy en día en materia de modificaciones en nuestros edificios es la relativa a la implantación de las medidas de eficiencia energética que mejoren la calidad de vida y la habitabilidad de los ciudadanos en los inmuebles en los que habitan. Es cierto que la nueva construcción está introduciendo unos avances importantísimos en materia de calidad y eficiencia energética que se está percibiendo por aquellos ciudadanos adquirentes de viviendas de nueva construcción, ya que cuando una persona recibe un piso nuevo hoy en día puede ya detectar las ventajas y diferencias de vivir en un inmueble con eficiencia energética. Y ello, al compararlo con las deficiencias que se han conocido existentes en nuestro parque de edificios desde hace muchos años por el retraso en la implementación de medidas de eficiencia energética que supongan una mejora en nuestra habitabilidad.
Por otro lado, hay un factor del que no hay que prescindir, y es que lo que es importante es que estas mejoras en los inmuebles provocan un ahorro en el gasto económico derivado de estas medidas que hoy en día están introduciendo muchas empresas especializadas en el sector, y que están en condiciones de hacer obras y reformas en nuestros edificios para introducir todas las calidades que en eficiencia energética se están poniendo en marcha por la gran calidad existe en este sector en cuanto a la introducción de novedades que nos hagan la vida mucho más cómoda y la habitabilidad en nuestros pisos más confortable.
Además, este nuevo posicionamiento en la introducción de estas medidas va a suponer una mejora de la economía por la creación de muchos puestos de trabajo y empresas que se dedican a este fin, al suponer la necesidad de que nuestros edificios cuenten con una mejor eficiencia energética un reclamo importante para las empresas de este sector y la necesidad que se demanden sus trabajos y servicios para contar con unos edificios más modernos, más protegidos y más habitables.
Existe, sin embargo, un problema relativo a la defectuosa regulación que existe en el régimen de la propiedad horizontal en relación a poder aprobar estas innovaciones en los edificios y el régimen de acuerdos en cuanto al quórum de votos que hace falta para introducir en los edificios antiguos estas reformas, ya que hay hasta cuatro artículos en la Ley de propiedad horizontal que tratan de ello, y el reciente Real Decreto 19/2021 lo que ha hecho es introducir más confusión que claridad, de ahí que sea preciso una única norma que regule cómo implantar la eficiencia energética en todas sus manifestaciones en nuestros edificios, a fin de clarificar a nuestros ciudadanos lo que se exige para aprobarlo en sus comunidades, así como potenciar más el régimen de las subvenciones públicas para que existan ayudas al bolsillo de los vecinos a la hora de mejorar las calidades en la habitabilidad al introducir todas las medidas que hoy en día nos brinda la eficiencia energética.
Por otro lado, dada la calidad que para la vida de los ciudadanos tiene la eficiencia energética en nuestras casas y en nuestros edificios con la aerotermia, domótica, aislamientos térmicos, energías renovables, eficiencia hídrica, etc, sería conveniente que la Administración publicitara una especie de Guía práctica que explicara a la ciudadanía cómo se puede mejorar la habitabilidad de nuestras casas y las distintas modalidades que hay en el mercado, a fin de potenciar el conocimiento de los ciudadanos de las nuevas energías, y cómo hacer nuestra casa y nuestros edificios mejores a la hora de vivir en ellos. Y es que hay todavía mucho desconocimiento de todas las posibilidades que existen, así como de sus posibles costes y en qué medida la Administración puede colaborar con subvenciones que ayuden a las comunidades a decidirse por dar el paso delante de contratar estas novedades.
En cuanto al dinero que puede mover este tema solo la intervención en la envolvente térmica de 1,2 millones de viviendas y en las instalaciones térmicas de 3,85 millones movilizaría entre 2021 y 2030 una inversión de 27.112 millones de euros, y la necesidad de que se actúe implantándola desde ya es que según datos del último Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística, más de la mitad de los edificios residenciales es anterior a 1980, es decir, anterior a la entrada en vigor de la primera normativa reguladora de las condiciones térmicas de los edificios. Esta situación afecta a cerca de 5,5 millones de edificios residenciales y unos 9,7 millones de viviendas principales. Y más del 81,0 % de los edificios existentes se sitúa en las letras E, F o G, en términos de emisiones, aumentando dicho porcentaje hasta el 84,5 % de los edificios en el caso del consumo energético. Hay un largo camino y esperanzador por recorrer en este tema.
