La salud: un derecho fundamental también en el trabajo

Si algo resulta evidente tras dos largos años de pandemia es la importancia de contar con un sistema público de salud de calidad, dotado de los medios materiales, financieros y humanos capaces de dar respuesta a un problema de salud pública de dimensiones desconocidas hasta la fecha.

Al mismo tiempo es necesario señalar que la seguridad y salud en el trabajo ha jugado un papel fundamental en esta epidemia. Entre otras actuaciones, cabe destacar la implantación en buena parte de las empresas de planes de contingencia frente al covid19, al objeto de evitar focos de contagio en el ámbito laboral y con el fin de preservar la salud de las personas trabajadoras, frenar la transmisión del virus y no interrumpir el abastecimiento de bienes y servicios a la sociedad. Esta ingente tarea no hubiera sido posible sin la implicación de los delegados y delegadas de prevención en las empresas y en un día tan señalado como el de hoy es importante que sea reconocido.

Pero la pandemia, también ha puesto de manifiesto las debilidades del sistema público de salud. Desde UGT hace tiempo que venimos denunciando las carencias de medios con las que ha de trabajar la atención sanitaria en el ámbito de la salud mental, pese al incremento exponencial de la demanda por parte de la ciudadanía en general y de las personas trabajadoras en particular.

La precariedad, la violencia psicológica y el deterioro generalizado de las condiciones de trabajo son factores determinantes en la salud mental de las trabajadoras y trabajadores, pero incomprensiblemente las patologías derivadas de la exposición a los riesgos psicosociales no se consideran como enfermedad profesional y los trastornos mentales apenas se notifican como accidente de trabajo.

Desde UGT-PV consideramos necesario modificar la normativa que excluye las enfermedades mentales del ámbito profesional y de este modo impulsar que desde la propia Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, tal y como ocurre con otro tipo de patologías a través del Sistema de Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica Laboral (SISVEL), se puedan establecer diagnósticos de sospecha de patologías mentales susceptibles de ser de origen profesional.

Dados los reiterados incumplimientos que demasiadas empresas aún llevan a cabo respecto a los preceptos establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vulnerando los derechos básicos como es el de preservar la salud en el trabajo, desde el sindicato exigimos el refuerzo de la Inspección de Trabajo hasta alcanzar los niveles recomendados por la Organización Internacional del Trabajo, que son de un inspector por cada diez mil personas trabajadoras, para de este modo preservar la salud en el trabajo como derecho fundamental.

Al mismo tiempo, seguimos considerando necesario dotar de representación en materia preventiva a través del delegado territorial de Prevención a aquellas empresas que por su reducido tamaño no cuentan con la figura del delegado de Prevención, que está demostrado que constituye un factor determinante en la implantación y control del cumplimiento real y no sólo formal de la normativa en materia preventiva, fundamental en la lucha contra la siniestralidad laboral.