Si hace unas semanas el Consell de la Generalitat Valenciana nos sorprendía con la inminente aprobación de la llamada tasa turística como una muestra más de la eterna voluntad de la izquierda valenciana de perder el poder en cuanto puede, la noticia de que a un alumno de un instituto de FP de la localidad de Cheste (Valencia) se le ha abierto expediente por haber solicitado poder realizar en castellano los exámenes de algunas de las asignaturas del módulo Electromecánica de Maquinaria de Grado Medio de Formación Profesional, supone otro paso más hacia una inevitable derrota electoral en las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana de los tres partidos que forman el pacto del Botánico. Este alumno, que tiene uno de sus dos progenitores de nacionalidad francesa, solicitó examinarse en castellano por cuanto, aunque comprendía las asignaturas impartidas en valenciano su expresión escrita disminuía a la hora de examinarse, con la consecuencia de obtener una nota inferior a compañeros suyos que, por ejemplo, han crecido en hogares donde sólo se habla en valenciano. La respuesta a esta solicitud que obtuvo este alumno fue que pidiera la hoja de reclamaciones en la secretaría del instituto, cosa que hizo, con la consecuencia de la apertura de un expediente disciplinario por el cual se obliga a este estudiante a permanecer varias clases al día en la llamada “aula de convivencia”, algo que el alumno debe acatar ya que si se fuera a su casa sería objeto de una nueva sanción por abandono del centro.
Aunque el estudio de una lengua minoritaria dentro de una región española es siempre algo positivo para los alumnos de enseñanza primaria y secundaria ya que mejora su capacidad de entender y comprender y abre la posibilidad de conocer la idiosincrasia de una zona concreta de España, el derecho a la educación debe siempre primar sobre cualquier decisión política. Que una ley haya establecido, me refiero a la Ley del Plurilingüismo, que un alumno que no conoce el valenciano tenga la obligación de examinarse en este idioma en una asignatura no lingüística, como por ejemplo, y en el caso que nos ocupa, una asignatura relacionada con la electrónica de los motores, es una absoluta barbaridad por cuanto la conclusión a la que se llega es que en la Comunidad Valenciana, que está dentro del Estado español, hay alumnos que pese a solicitarlo no pueden examinarse en español cuando tienen dificultades serias de comprensión, circunstancia que limita su capacidad de aprendizaje, su integración en su centro educativo y una clara discriminación respecto de sus demás compañeros.
Por si fuera poco, y en plena polémica por este caso concreto, PSPV y Compromís, los dos principales partidos del pacto del Botánico, se encuentran enfrascados en la polémica sobre qué nivel de valenciano deben tener los funcionarios de la Generalitat Valenciana. Compromís exige que los funcionarios de alto rango tengan el máximo nivel evaluable, es decir, un nivel C1. A lo largo de los últimos años he conocido numerosas personas que solo se expresaban en valenciano, pero que sin embargo no sabían escribirlo. El valenciano es una lengua muy oral, poco utilizada de manera escrita (por mucho que esta afirmación moleste a los nacionalistas valencianos) por lo que ser capaz de escribir en valenciano sin cometer ninguna falta en la prueba escrita, algo imprescindible para obtener el nivel C1, como ejemplo colocar mal una tilde, resulta casi imposible para aquellos aspirantes a funcionarios que no se han educado en una familia donde sólo se habla valenciano. La intención de Compromís es que los principales puestos de la administración valenciana los ocupen valencianos de pura cepa y no cualquier otra persona que venga de otra comunidad autónoma. El conseller Vicent Marzà, que debería haber dimitido hace tiempo por los continuos varapalos que ha dado el TSJ a su política lingüística, no entiende que una sociedad no es la que a él le gustaría que fuese si no la que existe. Y en la Comunidad Valenciana real, la que existe de verdad y no las entelequias, la imposición del valenciano en la administración y en la educación es el camino más rápido hacia la inexistencia política.
Tal vez ninguno de los numerosos asesores que tiene Ximo Puig se haya atrevido a decirle que la gran mayoría de los votantes y militantes del PSPV son contrarios a la imposición del valenciano y a los chantajes de Compromís. Que para los dirigentes de Compromís lo más importante de esta legislatura sea haber aprobado la multa turística y que los únicos que puedan ser funcionarios en la Comunidad Valenciana sean aquellos que han estudiado Filología Catalana, no debe limitar ni entorpecer la acción política de los socialistas, un partido que, según expresan sus dirigentes, es un partido de Estado. Si para Compromís, tal y como ha expresado su portavoz en las Cortes Valencianas, Papi Robles, es irrenunciable la imposición del valenciano en la administración y en la educación para que continúe el Pacto del Botánico lo tiene muy fácil. Que rompa el pacto y provoque el adelanto de elecciones. A ver si se atreve.
