El gobierno de Barcala rechaza dar información a la izquierda en Alicante por consultas «abusivas»

El Ayuntamiento de Alicante, niega información a la izquierda al considerar que sus solicitudes son «abusivas». La Concejalía de Urbanismo ha declinado una petición del PSOE relativa a las licencias de hoteles concedidas en el último año escudándose en la Ley de Transparencia, un gesto que los socialistas consideran «muy grave» mientras acusan al gobierno del PP de «impedir que los concejales ejerzan su labor de oposición».

En concreto, la concejala del PSOE Trini Amorós se interesó en conocer el número de permisos en tramitación o concedidos en la ciudad de Alicante a inmuebles de uso hotelero durante el pasado lustro. Aunque la normativa autonómica establece que las administraciones locales cuentan con un mes de plazo máximo para responder a las solicitudes de información planteadas por los ciudadanos, el gobierno de Barcala se acoge a las diferentes excepciones señaladas igualmente en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, respondió a la petición de la izquierda con un informe de la jefatura de servicio en el que se exponían los motivos para no facilitar la información solicitada. El documento señala que la normativa autonómica indica, en su artículo 18, que se inadmitirán a trámite «mediante resolución motivada» las solicitudes para cuya divulgación «sea necesaria una acción previa de reelaboración» o bien en aquellos casos que «tengan un carácter abusivo no justificado». El informe prosigue enumerando el articulado de la Ley de Transparencia como motivo para declinar más de una veintena de peticiones de los socialistas que consultaban, entre otras cuestiones, el número de licencias de obra para apartamentos turísticos o cuántas inspecciones se han realizado a este tipo de alojamientos.

La decisión del ejecutivo de Barcala, sin embargo, no es nueva. El equipo de gobierno ya ha sido criticado en numerosas ocasiones por la oposición al demorar el acceso a información del Ayuntamiento más allá de los treinta días contemplados en la norma. Un problema que se "hereda" entre corporaciones: en tiempos del tripartito de izquierdas fue el PP quien acusó a la izquierda de no darle acceso a documentos reclamados.

"Se ha establecido un veto"

Para el PSOE «es muy grave que ni siquiera se admita la petición de información sobre cuántas inspecciones de apartamentos se hicieron en 2023» ya que, el Ayuntamiento «recibe una aportación de la Generalitat por ser destino turístico cuya contraprestación consiste en que debe coordinarse con la Policía para realizar dichas inspecciones».

La concejala Trini Amorós opina que se ha establecido «un veto» con el objetivo de que la oposición no pueda fiscalizar al equipo de gobierno y cree que «si Barcala niega la información evidencia que no dispone de unos datos que son cruciales para desarrollar políticas turísticas y de servicios en la ciudad», por lo que se pregunta «cómo se están tomando entonces las decisiones». Ante la negativa de Urbanismo, la socialista ha advertido de que «si el alcalde no contesta, pediremos los datos al Consell a través de las Cortes».

Este diario ha consultado al gabinete de comunicación del alcalde, Luis Barcala, sobre las razones que han motivado la decisión del gobierno local, pero han declinado pronunciarse al respecto.

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