Las administraciones públicas son "tierra hostil" para el ciudadano, dice el Síndic

Sostiene el Síndic de Greugues que las administraciones públicas son “tierra hostil” para el ciudadano. Y lo sostiene con 14.873 consultas y 4.071 quejas de personas que sostienen, a su vez, con sus impuestos, un sistema que cuando no les ignora les hacen la vida más difícil. Insostenible, pero real. Ángel Luna no dejó ayer títere con cabeza durante la presentación de su informe ante las Cortes Valencianas. Es evidente que su durísimo mensaje señala a muchos, pero no lo es menos que muy pocos se sienten concernidos. Luna clama en el desierto, pero le toca decirlo y lo dice: las administraciones públicas no se toman en serio sus propias leyes y desprecian a los ciudadanos con sus silencios y una burocracia imposible. Afirmación semejante merecía entrar en detalles. El Síndic no se quedó en las quimbambas de lo teórico y descendió a la arena donde el “vuelva usted mañana” de Larra se ha convertido en “venga usted pidiendo cita previa” que, como se ha demostrado, muchas veces es, directamente, “no venga usted nunca”. No hay ley, dijo Ángel Luna, que sostenga este invento de la cita previa, salvo en la Sanidad. Pero no hay administración municipal, autonómica o estatal que no aborregue al ciudadano encarrilándole de acuerdo a sus ritmos sin tener que dar ni una explicación a nadie, ni siquiera cuando las mafias secuestran el sistema y se dedican a manipularlo a su antojo copando todas las citas y dejando los centros oficiales vacíos. Las zonas oscuras en las que el Sindic se detuvo, porque es ahí donde el ciudadano más ha consultado o protestado, fueron las de siempre: sanidad, salud mental, transparencia, empleo y, por encima de todo, una vez más, servicios sociales. Si tenemos que hacer caso a las quejas en este último asunto, que ya son el 35% del total que recibió el Síndic en 2022, ni son servicios ni son sociales. Una isla en este mar de falta de empatía con el administrado es la vivienda. Una queja por el reglamento del registro de viviendas y por el procedimiento de adjudicación provocó tres recomendaciones que fueron aceptadas al menos “de palabra”: eliminar la solicitud electrónica, obligar a dar una respuesta expresa y la creación de un sistema de ayudas alternativas. Mención aparte merece el hecho de que los alicantinos honren a la que durante muchos años fue la única institución autonómica en nuestro suelo, el Síndic de Greugues, siendo los que más la utilizamos. Las quejas en la provincia, con 92 por cada 100.000 habitantes, superan de largo las de Valencia y Castellón.

Y una cosa más:

Contaba el otro día en un programa de radio una joven española que se fue a Berlín en busca de un trabajo que ha llegado a pagar 500 euros por una habitación en la capital alemana. Pues si pensábamos que la cosa estaba fea en el extranjero, ahí tienen el dato que les ofrecemos hoy en Información: hasta 600 euros están pagando en San Vicente del Raspeig muchos estudiantes por una habitación en un piso compartido, después de que el brutal crecimiento de la demanda de alquiler elevara los precios entre un 20 y 25%. Es verdad que en esa localidad también pueden encontrarse habitaciones por 160 euros, pero no lo es menos que en Alicante llegan a pedir por un habitáculo hasta 1.000 euros. La escasez de viviendas para alquilar ha dejado a los estudiantes en una situación precaria que obliga a buscar soluciones específicas para su problema.

     Te dejo nuestros titulares destacados:

•   El Síndic de Greuges advierte de la desidia administrativa hacia la ciudadanía
• El Síndic de Greuges califica a la administración como "territorio hostil" para el ciudadano
• La escasez de pisos de alquiler obliga a los estudiantes a pagar hasta 600 euros por una habitación
• Alicante lidera la compraventa de viviendas por habitante en España