Necesidad de creer en las instituciones

Las instituciones son las columnas que esforzadamente sostienen el arquetipo del Estado de derecho que hemos ido construyendo desde la salida autocrática al sistema de libertades. No las podemos socavar, so pena del deslizamiento a corrientes autoritarias que otean, incipiente, en el horizonte. El Consejo General del Poder judicial (CGPJ), el Gobierno, la Administración, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado, el modelo de Estado autonómico, etcétera, son instituciones que están enraizadas en nuestra Constitución, y en el constitucionalismo democrático.

Si empezamos a cuestionar la legitimidad de las mismas – como se está vislumbrando desde determinadas policromías- será un error garrafal. Me llama poderosamente la atención que un padre de la CE 78, como Miguel Roca Junyent, viniera en señalar, de formar tajante, en un curso organizado por el Consejo de procuradores de España, en el Palacio de la Bolsa, de Madrid, debatiendo sobre “La Justicia en España” que: “Nadie cree hoy en las instituciones”(sic). “Lo que le falta a la sociedad es un auténtico sentido institucional”(Sic). Entiendo que es una afirmación grandilocuente pasada de frenada. Claro que hay muchísimos ciudadanos demócratas que creemos en la instituciones, pero no es menos cierto que hay que mejorar la “cosa institucional”. Lo que funciona deficientemente se reforma para su amejoramiento. Los poderes públicos son los primeros obligados en asumir las reglas de juego por imperativo del art. 9.1 CE. Así, primero se acatan éstas y luego se tramitan las reformas que hubiere que acometer.

¿Sobre quien descargamos la responsabilidad de este descreimiento institucional? ¿La maldita polarización, sin sentido? ¿La tiene siempre, y sólo, el Ejecutivo de turno? ¿Se sabe aceptar las derrotas en una contienda electoral? No, no, no lo digo por nadie. ¿Lo sabría hacer el partido conservador si las elecciones del 23J no le fueran como barrunta el azul playero?

Bien es verdad que alguna de ellas ha sido cuestionada. El CGPJ lleva desde el 2018 con el mandato caducado, y estamos inermes y prisioneros ante una situación vergonzosa de alta politización, pero los vocales siguen erre que erre. Como el que oye llover. A lo suyo. De vergüenza. Si hubiera habido una dimisión en bloque otro gallo nos cantara. Pero esa generosidad no se ha atisbado ni por asomo. O hubiera habido una reforma legal para caducar el mandato cuando hubiera transcurrido el plazo legal. Eso sería a futuro. Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha afeado a España por vulnerar el derecho de seis magistrados aspirantes a formar parte del CGPJ, y en concreto el derecho a un proceso justo.

El TEDH considera la situación como “deplorable” y lo anuda al “injustificado, ilegal y prolongado incumplimiento de la ley” al no renovar la meritada institución. ¿Qué pasa con las vacantes que penden en el Tribunal Supremo? ¿Dónde hallamos el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o en plazo razonable? ¿Se va a convertir en pura quimera?. Es muy triste pensar en las palabras de Alexis de Tocqueville: “Hay que acostumbrarse a vivir con los enemigos, ya que no a todos podemos hacerles nuestros amigos”.