Crisis constitucional sin constitución

Disparos israelíes contra una posición española en Líbano

Disparos israelíes contra una posición española en Líbano / YOUTUBE / MIKEL AYESTARAN

Antonio Balibrea

Antonio Balibrea

 El Estado de Israel atraviesa una importante crisis constitucional, lo que no deja de ser curioso teniendo en cuenta que Israel no tiene constitución. Israel se comprometió a redactar una constitución cuando declaró su independencia en 1948, hace 75 años celebró unas elecciones que iban a ser constituyentes. Que un Estado no tenga constitución escrita puede no ser relevante, pero Israel no es cualquier estado, es la encrucijada de Oriente y ha estado en el centro de numerosas crisis políticas y militares internacionales. Es uno de los estados que cuenta con un ejército más poderoso y, sin duda, el que tiene mayor influencia sobre el gobierno más poderoso: el de los Estados Unidos.

La Asamblea Constitucional en la práctica se convirtió en el primer parlamento. Israel nunca fue solo un estado de judíos porque eso habría supuesto excluir a los ciudadanos árabes y palestinos no judíos residentes en el territorio de Israel. Siempre ha pospuesto la redacción de una constitución ya que los judíos radicales quieren un estado confesional sionista. Ben Gurión, el fundador del Estado de Israel, también se opuso a la idea de una constitución que limitaría sus esfuerzos y los del gobierno para proteger el incipiente estado y que limitaría su capacidad para intervenir en asuntos religiosos; mientras que los religiosos ultraortodoxos apoyan un estado confesional etnonacionalista.

En 1950 el Parlamento de Israel, o Knesset, llegó al compromiso de aprobar Leyes Básicas como modelo para una futura Constitución. En 1990 aprobó por primera vez dos Leyes Básicas relacionadas con los derechos humanos que garantizaban la dignidad humana, la libertad y la libertad de trabajo. La Corte Suprema de Israel también adoptó una doctrina de revisión judicial que le permitía anular la legislación que violara una ley Básica. En 2018, con Netanyahu en el poder, se aprobó una ley Básica conocida como ley del Estado Nación que declaraba que el derecho de autodeterminación nacional en Israel “es exclusivo del pueblo judío” lo que deja a ciudadanos palestinos y árabes residentes en Israel como ciudadanos de segunda. Una constitución si pretende ser democrática, y no quiere fijar un régimen de apartheid, debe establecer: la igualdad de derechos de todos sus ciudadanos; delimitar la división de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial; por supuesto debe fijar las fronteras territoriales del Estado; y, en el caso de Israel es particularmente importante, definir las relaciones del estado y la religión judía, en particular.

Netanyahu ha vuelto al poder y llegó a él con el apoyo de los grupos ultra religiosos nacionalistas a los que ha prometido territorios en Cisjordania, expropiados a los palestinos, para constituir nuevas colonias de judíos. Cisjordania depende de la Autoridad Nacional Palestina desde los acuerdos de paz de Oslo en 1993, aunque está ocupada ilegalmente por Israel. También pretenden definir el Estado judío como un estado confesional. El primer ministro Netanyahu necesita su apoyo parlamentario para mantenerse en el poder y anular la doctrina de revisión judicial que la Corte Suprema israelí estableció y que le permite revisar aquellos acuerdos del Ejecutivo que supongan reducir los derechos de los ciudadanos, además pretende controlar el poder judicial que le condenó durante su anterior mandato por malversación.

Durante meses, israelíes judíos han salido a las calles para protestar contra el plan del primer ministro israelí de rehacer el poder judicial. Los opositores dicen que las leyes permitirían una dictadura. El primer ministro detuvo el proceso legislativo a finales de marzo, después de que los manifestantes casi paralizaron el país y amenazaran con boicotear el sistema de reservistas voluntarios en el ejército. Pero la agitación amenazó con reaparecer el martes, cuando los manifestantes salieron a las calles para oponerse a una votación preliminar de la coalición derechista gobernante del país para revocar el poder de revisión judicial de la Corte Suprema.

El 3 de julio, las Fuerzas de Ocupación Israelíes (IOF, por sus siglas en inglés) lanzaron una invasión de dos días del campo de refugiados de Jenin en Cisjordania. Con la participación de más de mil soldados, fue una de las operaciones más grandes y brutales en décadas. Al menos doce personas han muerto, cientos resultaron heridas y más de tres mil refugiados se vieron obligados a huir de sus hogares. La invasión del campamento de Jenin es la segunda de las IOF en menos de seis meses. La práctica anexión de Cisjordania hace inviables los acuerdos de Oslo. La existencia de uno o dos estados ya no es importante, lo importante es la igualdad de derechos de árabes, palestinos e israelíes, ya sea como dos estados completamente iguales o como ciudadanos iguales dentro de un solo estado.