De economía política

En un artículo publicado en este mismo periódico en septiembre de 2022 y titulado Renta y Productividad ya advertíamos que la renta real per cápita en España se situaría a finales de ese año a niveles de 2007, pues preveíamos un crecimiento del 4% anual y una tasa media de inflación del 8%. Con datos actualizados, el crecimiento del PIB real de ese año fue del 5,45 % y la tasa de inflación del 8,4 %, situando la media de la renta real per cápita similar a la obtenida en 2007, no habiéndose podido superar los datos previos a la pandemia COVID-19. 

Algunos estudios, como los que viene presentando periódicamente la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) o el BdE, también vienen a subrayar que España se sitúa a la cola de Europa en renta per cápita, el segundo país de la UE con menor crecimiento desde 2007.

Un aumento del 6,1 % del PIB respecto al que se obtuvo en 2007 no se ha visto reflejado en un mejor crecimiento de la renta per cápita (0,8 %), en gran medida porque la población en España ha aumentado un 5,3 % en ese mismo periodo y la ocupada, es decir la que produce y crea riqueza, disminuyó en un 1,2 %.

Para 2023, los datos que se vienen publicando sobre el crecimiento del PIB e inflación para ese año no permiten pensar que la renta real per cápita vaya a mejorar, pues existen claros síntomas de que se está produciendo un enfriamiento de la economía que se verá acentuado en los próximos meses. Los buenos datos de empleo del segundo trimestre no se están traduciendo en un mayor crecimiento del PIB, en parte porque la mayor parte del mismo es precario y de baja cualificación, con menos horas de trabajo efectivo que en 2008 y muy orientado al sector público y a los servicios turísticos.        

Como también apuntábamos entonces, un aumento del output por trabajador o productividad aparente del trabajo es la clave para lograr un mayor crecimiento económico real, como también lo es mejorar la calidad de nuestras instituciones o un mejor desempeño profesional, cuestiones estas que requieren de cambios estructurales, algo que se viene demandando desde el mundo empresarial y económico desde hace dos décadas.

Estos cambios estructurales tienen que estar dirigidos a facilitar más inversiones en stock de capital, una mejor formación del trabajador y conseguir de las administraciones públicas mayor eficiencia en el uso de los recursos. Es decir, políticas educativas innovadoras enfocadas a las necesidades que demanda el mercado de trabajo, eliminación de normativas y trabas burocráticas al emprendimiento, consensos políticos que ofrezcan estabilidad legislativa y financiera, la modernización y reforma de las administraciones simplificando el marco regulatorio para mejorar la competitividad de la economía y asegurar el uso adecuado de los recursos.

Añadiremos, además, lo que consideramos de capital importancia, la de convertir al Estado en un verdadero agente de innovación y desarrollo tecnológico, principalmente en aquellos sectores considerados estratégicos, como pudiera ser la la generación de energía, los que tienen que ver con las ciencias de la salud, la robótica y la inteligencia artificial.