La necesaria descarga burocrática en la obra pública

Los constantes cambios de la realidad económica, que hoy sufre influencias locales como globales, dificulta el desarrollo de proyectos y actividades de las empresas de diferentes sectores. Hoy todo cambia más y más rápido que nunca, y las certezas que necesitan determinados proyectos o inversiones económicas son cada vez más endebles. Ya estamos sometidos a los vaivenes de lo micro, pero especialmente golpeados por decisiones que se escapan de nuestras fronteras como hemos visto por elementos tan diferentes como una catástrofe natural o la invasión de un país por un tercero. 

En el sector de la construcción y de la obra pública, que por la naturaleza de su actividad requiere plazos más dilatados, esta situación tiene un mayor impacto, y sobre todo con peores consecuencias.

Sin duda, hay cuestiones que no se pueden controlar como pueden ser las fluctuaciones de los precios de las materias primas, del combustible o de los costes salariales, las decisiones geoestratégicas, los conflictos comerciales o la situación interna de países proveedores. Pero sí hay otros elementos que condicionan la viabilidad de los proyectos del sector y de cuya responsabilidad tenemos capacidad de decidir. Nos referimos al gran peso de la burocracia en nuestro sistema. La hipertrofia administrativa que las empresas de la construcción y de obra civil sufren hace que muchos proyectos – no sólo rentables económicamente para sus promotores, sino también para el conjunto de la sociedad – terminen abandonándose o concluyéndose sin beneficio alguno.

En la actualidad, y a modo de ejemplo, la tramitación de licencias de construcción y obras en los diferentes departamentos de Urbanismo de los ayuntamientos se retrasan en exceso, la tramitación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) suelen demorarse más allá de los 15 años, cursar ante la administración autonómica - y cuando afecta a diferentes departamentos o consellerias - se extiende a tiempos insoportables para cualquier plan de negocio hasta convertirlo en papel mojado.

Es por ello, que los anuncios de desburocratización realizados desde la Generalitat son una buena noticia. Es positivo que alguien con responsabilidad se tome en serio y con la empatía suficiente para entender que es necesario agilizar la tramitación de la documentación y de los expedientes. Porque esta agilidad tiene su traslación en más actividad económica, más y mejores puestos de trabajo, y mejor recaudación a través de impuestos y tributos para el beneficio colectivo.

Reducir la carga administrativa y burocrática, como limar al mínimo los tiempos de demora en la resolución definitiva, no tiene nada que ver con reducir los criterios y las garantías de esos proyectos. Hay en Europa modelos diferentes que con las mismas exigencias se resuelven proyectos en tiempos infinitamente más cortos y de la manera más ágil que en nuestro país. El modelo es muy claro, tal y como han hecho en países como Portugal, Alemania, Francia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Países Bajos o Noruega donde se han implementado reformas para reducir la burocracia en el proceso de obtención de licencias de construcción y han fomentado la transparencia y la eficiencia, con una gran digitalización del procedimiento.

Además, es necesario que la Administración pública también sea responsable de sus tiempos y, en consecuencia, se determine el ‘Silencio Positivo’ a favor del ciudadano en algunos procedimientos. Porque en el sentido contrario, el que se aplica hoy mayoritariamente, genera en la mayor parte de los casos una indefensión del contribuyente.

Aunque hay mucho que avanzar, celebramos la intención de la Generalitat que pretende acometer en esta materia con el afán de facilitar a las empresas, y esperamos que también al resto de ciudadanía, todos los cambios necesarios para que no cunda la sensación de que la administración es un ente hostil a los administrados. Y logremos que sea cooperadora del impulso y de la iniciativa privada en la generación de proyectos de desarrollo socio-económico.

En este sentido, también es importante que nuestro sector pueda mantener la tranquilidad de un periodo de ‘paz legislativa’. Es necesario un periodo sin sobresaltos ni cambios de calado en las normas que compliquen aún más la relación con la Administración. Entendemos que siempre son necesarios cambios normativos para adaptar la ley a la realidad social y las exigencias de los tiempos que nos tocan vivir. Pero también es cierto que hay en nuestro país una hiperactividad legislativa, un exceso regulatorio que dificulta la gestión y obliga a adaptaciones de proyectos que viven en el limbo de la resolución definitiva. A las nuevas administraciones, tanto locales como autonómicas, se les reclama en sí prudencia, diálogo y concierto con los sectores afectados. Se les requiere mucha empatía con las necesidades de todos los sectores económicos y el convencimiento de que, en muchas ocasiones, menos es más. Son tiempos de desburocratizar, agilizar y facilitar la actividad económica. Este es el paso, hagamos completo el camino