La revancha conservadora

El Partido Popular debería estar agradecido por la magnífica oportunidad que le ha dado la polémica sobre la futura Ley de Amnistía para poder referirse a ella sin descanso durante los próximos meses sin tener que afrontar, de una vez por todas, las dos principales cuestiones que tiene pendiente de resolver. Por un lado, seguimos sin conocer cual es el proyecto de país que hubiese aplicado a España Alberto Nuñez Feijóo en el caso de que hubiese conseguido la presidencia del Gobierno. Su fracaso en la investidura le obligó a iniciar una campaña de acoso contra el presidente del Gobierno para intentar ocultar el hecho de que vino a Madrid, después de ser elegido candidato in voce por su partido, es decir, sin congreso extraordinario por medio, para ser presidente y no para ser un candidato más. No sabemos qué piensa Feijóo sobre el salario mínimo interprofesional, la actualización de las pensiones o sus medidas contra la violencia de género. Y digo esto porque en el único debate electoral al que se quiso presentar se dedicó a repetir frases escritas por otra persona sin contestar a ni uno solo de los bloques de discusión que los dos moderadores de aquel debate plantearon a los dos candidatos. Por otra parte, su negativa a cumplir con el mandato de la Constitución Española en orden a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha quedado diluido dentro de la campaña callejera y violenta contra las sedes del PSOE. El PP no cumple con la Constitución porque no le da la gana. Así de simple.

Quiero traer aquí en relación con el 45 aniversario de la Constitución española el último libro publicado por Virgilio Zapatero, ministro en los Gobiernos de Felipe González y uno de los actores principales de la Transición. Me refiero a Aquel PSOE. Los sueños de una generación (Editorial Almuzara, 2023) en el que el autor hace un exhaustivo relato de la parte más técnica desde el punto de vista legislativo de aquellos años y de la importancia que tuvo la voluntad de llegar a acuerdos por las dos principales fuerzas políticas, es decir, el PSOE y UCD. En el proceso constituyente, recuerda Zapatero, intervinieron todas las partes involucradas en un plano de igualdad y a través del debate se llegó a un gran acuerdo que terminó desembocando en la Constitución. Que desapareciera UCD, inmerso en luchas internas, dio al PSOE la oportunidad de ganar las elecciones de 1982 y gobernar durante 14 años, un tiempo gracias al cual España entró de lleno en la modernidad y en Europa, pero cerró la puerta, como se vio después, a un centro derecha español partidario de la concordia y el acuerdo. La entonces Alianza Popular en las negociaciones de la aprobación de la Constitución y de las principales leyes que la desarrollaron se comportó con un partido que no ocultaba su herencia franquista además de ser partidario de consolidar en la España democrática las leyes y costumbres franquistas.

La imposibilidad de renovar el CGPJ como consecuencia de la negativa del Partido Popular a querer cumplir con el mandato constitucional que obliga ello, hace que los demócratas lamentemos que en España no haya una derecha socialcristiana como existe en Alemania y en otros países europeos. Lo que pretendió la Constitución es que el CGPJ no estuviera por, como afirma Virgilio Zapatero en su libro, contaminado por la estructura judicial del anterior régimen dictatorial ni que fuera posible la sobrerepresentación de los niveles superiores de la judicatura en este órgano. En última instancia que sea el Parlamento el que apruebe los nombramientos de este órgano fundamental para el funcionamiento de la Justicia en España supone que en la base del proceso se encuentra la ciudadanía española que al votar a los representantes que a su vez eligen a los miembros de las más altas instituciones del Estado dotan de un carácter democrático a estas instituciones y, al mismo tiempo, involucran a los ciudadanos españoles en la gestión del Estado.

Se ha dicho en numerosas ocasiones que si el Partido Popular no quiere renovar el CGPJ se debe a su negro futuro judicial. En los próximos meses antiguos responsables del PP tendrán que enfrentarse a la acción judicial del Tribunal Supremo por los numerosos y variados procedimientos abiertos por el caso Gúrtel. Una red de comisionistas cuyos tentáculos se expandieron por buena parte de las administraciones dirigidas por el Partido Popular que quiere tener a jueces elegidos en altas instancias judiciales para que miren con buenos ojos a los populares implicados y juzgados.

A nadie se le escapa el hecho de que si el Partido Popular hubiese logrado formar Gobierno al día siguiente hubiese exigido de manera categórica al PSOE la inmediata renovación del CGPJ de acuerdo con las normas establecidas para tal fin en la Constitución Española y en la LOPJ. Mismas normas y procedimientos que ahora tachan de partidistas y proclives a que España se convierta en un país dictatorial a imagen de repúblicas caribeñas.