El portavoz del grupo parlamentario socialista en la Cortes, Antonio Torres, anunció ayer que solicitará la comparecencia del presidente del hemiciclo autonómico, Juan Cotino, y de la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, para que "den explicaciones" de los contratos que la Generalitat ha adjudicado por 900 millones de euros a Sedesa -mercantil ligada a la familia del exconseller Cotino-, desde el año 2000 hasta el 2009. Torres se manifestó en estos términos durante la presentación en rueda de prensa del balance y las iniciativas que tomará el PSPV, tras las jornadas interparlamentarias llevadas a cabo por los socialistas en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia en las últimas semanas.

El síndic del PSPV en las Cortes considera que están pasando "muchas cosas" y el Consell "debería dar explicaciones", pero lo que pasa es que "en esta situación de parálisis está tratando de huir de la realidad". Torres apuntó que los últimos datos conocidos "sobre los 200.000 euros que la empresa Sedesa donó a Bárcenas, requieren de una explicación inmediata" en las Cortes, porque la empresa Sedesa "sola o en UTE con otras empresas", desde el 2000 hasta el 2009, ha recibido adjudicaciones "cercanas a los 900 millones de euros solo en obra pública y en concesiones en la Comunidad". El portavoz socialista insistió en que eso requiere de una explicación "inmediata". Torres consideró que tendrá que salir el presidente de las Cortes, Juan Cotino, y la consellera de Infraestructuras y "dar una explicación".

El dirigente del PSPV explicó que al tratarse del presidente de las Corts están estudiando si la solicitud de comparecencia se hará en la comisión del Estatuto del Diputado o en la comisión de Gobierno Interior. Al margen de esto, Torres, recordó que el Consell es "solidario" y debe dar cuenta de las adjudicaciones y expedientes, en este caso, "lo tiene que hacer la consellera de Infraestructuras", finalizó.

Sedesa es una de las empresas vinculadas al "caso Gürtel". De hecho, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en el informe que elaboró en el verano de 2009, y que supuso una vuelta de tuerca más al mayor escándalo de corrupción que ha vivido la democracia, acreditó que el Grupo Sedesa, a través de dos de sus sociedades y de la fundación, pagó 150.684 euros a Orange Market por supuestos servicios que esta firma nunca prestó.

Sedesa Inversiones, Sedesa Obras y Servicios y la Fundación Sedesa tenían como administrador único o presidente a Vicente Cotino Escrivá, sobrino del actual presidente de las Corts, Juan Cotino, exvicepresidente de la Generalitat. El rastreo de las cuentas bancarias, de la facturación, las hojas excel de la contabilidad B de Orange Market, la revisión del ordenador de Cándido Herrero -consejero delegado - y de las ventas declaradas por El Bigotes -que constan en la Agencia Tributaria- permitió concluir a la policía que las cuatro facturas sobre las que se asentaron los pagos eran "falsas" y sirvieron para "justificar las transferencias de fondos" a cuentas de la trama. "Se trata de representar una operación mercantil imitando lo que no es", dice el informe, que subraya: "El diseño de las facturas presenta un concepto suficientemente amplio y vago, sin un coste individualizado, que permiten acomodarse a las necesidades tanto de Orange Market como de la empresa pagadora". El dinero se ingresó en cuentas de Orange Market del 17 de julio al 17 de diciembre de 2008.

El año pasado, cuando el diputado socialista Francesc Signes pidió la documentación de las contratas ya advirtió que al menos en dos obras -las de un puente sobre el Bergantes y la reparación de una carretera en Castelló-, la empresa Sedesa participó sin ganar el concurso.