El recurso de la Generalitat a los fondos de "rescate" como balón de oxígeno para hacer frente al colapso financiero que arrastran sus cuentas condicionará, sin duda, la futura viabilidad de la administración autonómica durante, al menos, la próxima década. El Consell tendrá que retornar a Madrid, en un calendario de abonos que llega hasta 2023, la friolera de 17.200 millones correspondientes a la amortización y los intereses de los créditos contraídos con el ICO para poder saldar los vencimientos de deuda y evitar el temido "default"; a los 4.354 millones del plan de pago a proveedores; y, finalmente, a las cantidades del fondo de liquidez de los dos últimos años, según figura en el nuevo plan de ajuste que el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, se vio obligado a remitir en febrero a Cristóbal Montoro después de conocerse los números que ponían a la Comunidad a la cabeza del incumplimiento del déficit registrado en el ejercicio de 2012.
Es una cantidad de dinero mastodóntica. Gigante. Supone una cifra cercana a los tres billones de las antiguas pesetas y equivale a algo más de la mitad de toda la deuda financiera que el Banco de España atribuye a la Comunidad Valenciana en sus series históricas trimestrales. Para saldarla, el Consell tendría que dedicar entero el presupuesto de 2013 y añadir, encima, otros cuatro mil millones. Es decir que, en un solo ejercicio, la Generalitat se habría cargado con deudas que se corresponden, más o menos, al presupuesto de Sanidad para tres años. Una barbaridad. Es cierto que de esos 17.200 millones, alrededor de 2.300 corresponden al fondo de liquidez de 2013. Pero también que a esa cifra aún resta por sumar endeudamiento por más de 2.000 millones para cubrir el exceso de déficit del ejercicio de 2012. Lo comido por lo servido.
Como se puede apreciar en el cuadro anexo, el calendario de pagos pactado por el Ejecutivo de Alberto Fabra con el Gobierno de Rajoy -el dinero se devuelve a Madrid que, a su vez, gestiona la relación con los bancos- concede a la Generalitat un respiro en 2013 en el que "sólo" tendrá que pagar, al estar incluido en el periodo de carencia, intereses por importe de 563 millones. A partir de ahí y de no llegarse a acuerdos para relajar los plazos, el Consell tendrá que hacerse cargo de cuotas que, a día de hoy, son inasumibles. Por ejemplo, en 2014, año previo a los comicios autonómicos, deberá pagar 2.693 millones, de los que 2.029 serán para amortizar deuda y 664 para intereses. Una cantidad que, con la situación actual de sus arcas, la Generalitat no podrá afrontar. Los datos así lo evidencian. Durante los últimos años, de hecho, el Consell apenas puede amortizar unos 150 millones anuales de deuda; mientras que financiar ese volumen de intereses obligaría a ampliar aún más una partida que, en las tablas presupuestarias de este año, supera los 1.000 millones -casi tres millones al día- y se ha convertido, en la práctica, en la tercera conselleria. Sólo Sanidad y Educación tienen más dotación económica.
La "sorpresa" negativa, en todo caso, vendrá, sea del color que sea, para el Gobierno valenciano que salga de las urnas después de la cita electoral que se celebrará justo dentro de dos años. Ese Ejecutivo tendrá que satisfacer cuotas por un importe de 2.500 millones de euros, la mitad del presupuesto de Sanidad o de Educación para ese ejercicio. O hay una renegociación de las condiciones de pago -apuntan fuentes financieras- o incluso una quita, o será muy difícil, en la actual situación y sin recursos suplementarios, que la Generalitat pueda sortear el grave problema que se le avecina. En esta tesitura, por tanto, el Ejecutivo de Alberto Fabra necesita, de forma inmediata, el cambio del modelo de financiación autonómica -el conseller Juan Carlos Moragues tiene previsto reunirse la próxima semana con la comisión de expertos-; pero también, sin duda, un incremento de los ingresos que sólo puede producirse por dos vías: o subiendo impuestos a las rentas altas; o rebajando el paro e incentivando la actividad económica. De lo contrario, no sólo no hay luz al final del túnel sino que, incluso, es posible que el Consell encuentre todavía más oscuridad.
"Esta administración autonómica se ha convertido en inviable"
"Esta Generalitat se ha convertido en una administración inviable", destaca el vicesecretario de Economía del PSPV, Julián López Milla, que, a su vez, reprocha al Ejecutivo de Fabra que, en lugar de exigir más financiación o de reclamar la deuda histórica que los expertos de las Cortes cifran en 13.485 millones, se esté "conformando con préstamos que conllevan una elevada carga en intereses y que suponen la devolución de miles de millones de euros, un dinero que compromete la viabilidad del Consell". En opinión de López Milla, sin reconocer el déficit de financiación de la Generalitat -unos 1.000 millones anuales-, es "imposible buscar fórmulas para resolver este problema". "Frente a esta política de endeudamiento, los socialistas vamos a seguir demandando una compensación a cargo de la deuda histórica para evitar que siga engordando la deuda", dijo. P. r. f.
