El pleno del Consell acordó ayer adherirse a la nueva fase del plan de pago a proveedores autonómico, del que espera recibir unos 2.000 millones de euros para hacer frente a facturas acumuladas por un valor que, sin embargo, es casi del doble. A pesar de contar con este mecanismo de socorro del Gobierno central, el rjecutivo dirigido por Alberto Fabra, por tanto, todavía tendría en el aire el abono de 1.800 millones. La inclusión de parte de las deudas contraídas con los municipios, los institutos tecnológicos o las farmacias, entre otros, es la principal novedad que presenta este año este fondo del rescate promovido por el Gobierno, tal y como especificó ayer en rueda de prensa el vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Ciscar.
La principal novedad que aparece este curso en el marco del plan de pago a provedores es el acceso a esta ayuda de las facturas fechadas hasta el 31 de mayo de 2013 -líquidas, vencidas y exigibles- excepto en el caso de los consistorios que solo podrán presentar recibos pendientes anteriores al 31 de diciembre de 2012, lo que dejará a los municipios con gran cantidad de deuda pendiente. El Gobierno central prevé una asignación global de 8.200 millones para el primer tramo del plan y posteriormente la Comisión Delegada de Asuntos Económicos deberá dotar económicamente el segundo tramo. Desde el Consell esperan recibir unos 2.000 millones procedentes de las dos partes de la ayuda de Madrid.
La fecha máxima para presentar facturas correspondientes al primer tramo de este plan es el 20 de septiembre. «Está previsto que a mediados del mes de octubre se pueda ir atendiendo el pago de los recibos presentados», adelantó ayer Císcar. Así mismo, el portavoz del Consell aseguró que con el ingreso del segundo tramo del mecanismo esperan poder atender un mayor número de deudas pendientes. Todavía quedarían unos 1.800 millones impagados. El déficit no autorizado y financiado con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en 2012 fue del 2,02%. En base a esto el Consell calcula que podría percibir los 2.000 millones anunciados, aunque todavía no hay nada en firme. A esa cantidad habría que sumarle las facturas de los cinco primeros meses de este año. Una ingente losa de deudas e impagos atenaza, por tanto, al Consell, que tendrá que hacer malabares para intentar saldar la totalidad de los impagos que acumula.
Otro aumento
El número dos de Fabra en el Ejecutivo valenciano aseguró que el Impuesto sobre la Renta (IRPF) «no se va a tocar» al menos en el tramo autonómico. Aunque, más adelante, rectificó y aclaró que si se modificase sería «para establecer algún tipo de deducción». Sobre las modificaciones en el resto de impuestos, Císcar no descartó una subida y adelantó que «será estudiado» por la Conselleria de Hacienda, dirigida por Juan Carlos Moragues. En cuanto a las recomendaciones de llevar a cabo más medidas de ajuste realizadas, hace unos meses, por el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, para que la Comunidad consiga cumplir con el objetivo de déficit, Císcar se mostró contundente. «El Gobierno valenciano mantiene unas líneas rojas que nunca traspasará», apuntó haciendo referencia a la sanidad, la educación o los servicios sociales.
