El acuerdo unánime de los expertos nombrados por todos los grupos de las Cortes que fructificó en un informe que reclama al Gobierno central la reforma «inmediata» del sistema de financiación que ha conllevado que la Comunidad haya dejado de ingresar más de 11.000 millones al no contar con unos recursos por habitante igual a la media no se traducirá en un pacto político. En la práctica, convierte el documento en papel mojado. A media tarde, se hizo público que el acuerdo de los partidos, que habría permitido aprobar ayer una resolución conjunta en el debate de política general, no era posible. Lo anunció el portavoz socialista, Antonio Torres, quien comunicó públicamente que no aceptaba el último borrador puesto sobre la mesa por los populares, después de una larga jornada de seis horas de negociaciones que desembocaron en un estrepitoso fracaso. El PP acusó a los socialistas de anteponer sus intereses partidistas a los de la Comunidad y someterse al tripartito, mientras los socialistas al igual que Compromís y EU reprocharon a los populares la negativa a exigir a Rajoy que la compensación por la «deuda histórica» de 13.449 millones (incluida la carga financiera) se pague desde 2014.
Al pleno de ayer acudieron todos los grupos con propuesta propia. Los populares habían intentado un acuerdo desde la semana pasada pero con un borrador de iniciativa muy descafeinada, que no ponía plazos a la exigencia a Madrid de financiación, no incluía la deuda histórica y pedía el aplauso a su gestión. Y es que el pacto daba un balón de oxígeno al presidente Alberto Fabra y le permitía retomar la bandera de la financiación tras el fiasco de hace dos semanas, cuando forzó el aplazamiento de la reforma del Estatuto pactada en las Cortes para blindar las inversiones estatales en la Comunidad, al no lograr el respaldo de Rajoy. Además, el PP en el Congreso, incluidos sus diputados valencianos, habían tumbado propuestas idénticas a las avaladas en las Cortes. Por eso eliminaron del texto la referencia a la buena gestión e incluyeron la deuda histórica. Aunque sin plazos.
Pero, a primera hora de ayer, parecían cerrados en banda a más concesiones. La oposición ponía como condición que el texto exigiera al Gobierno que la revisión de la financiación entre en vigor el 1 de enero de 2014 y que la compensación de la deuda histórica se pague también a partir del próximo año. Los populares no querían comprometerse, sabedores de que el líder del PSPV y diputado nacional, Ximo Puig, trasladaría ese acuerdo al Congreso. Y ahí podrían volver a quedar retratados, ya que el ministerio pospone la aplicación del modelo a 2015. Para la Comunidad sería perder otros mil millones.
Moragues, en la negociación
Sin embargo, los socialistas calibraron también las consecuencias del fracaso político. Al final, era una foto en la que todos resultarían perdiendo. Y se lanzaron a explorar las posibilidades de un acuerdo, siempre que se cumplieran unos mínimos. El portavoz socialista, Antonio Torres, se enfrascó en una intensa negociación en pasillos con EU y Compromís, de un lado, y con el PP, de otro. Las conversaciones se complicaron porque Compromís no estaba por la labor. «No es el momento de las palabras, sino de los hechos», había dejado claro el síndic, Enric Morera, para quien, con los acuerdos ya aprobados por las Cortes hasta tres, refrescó el socialista Julián López es suficiente para que Fabra «vaya a Madrid a exigirle el cheque a Rajoy».
No obstante, el socialista perfiló un texto sobre el que EU aceptaba hablar, en el que se exigía a Madrid la revisión «inmediata» del modelo y la vigencia del nuevo desde el 1 de enero de 2014, la compensación de la deuda histórica «con carácter de urgente» desde 2014 y una financiación igual a la media por habitante. Las bases de un posible pacto se las trasladó Torres al portavoz del PP, Jorge Bellver, a las tres. Éste, con el aval de Fabra, se reunió después con el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues.
Desconfianza socialista
A las cinco, los populares, acariciando el acuerdo, contestaron con un texto que admitía la reclamación a Madrid de que el modelo tenga efectos desde el 1 de enero de 2014, así como el reconocimiento de la deuda histórica y que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera se negocien los plazos para su «liquidación», aunque sin comprometerse a que el pago se haga efectivo desde 2014. Una condición inasumible para el PP y que convertía la propuesta en insuficiente para los socialistas, que curiosamente no la llevaban en su iniciativa original. Además, el PSPV sopesó que, en esas condiciones, se quedaría solo brindando una salida a Fabra cuando ya hay acuerdos de las Cortes para ir a Madrid.
La decisión final la tomó Ximo Puig, para quien no hay garantías de que el PP vuelva a incumplir en un futuro otro acuerdo parlamentario.
El pleno votó así las propuestas iniciales. Prosperó solo la del PP (con el voto del exconseller Rafael Blasco), que contó con la abstención del PSPV y de EU, y el no de Compromís. El texto «asume» el informe de los expertos y pide a Madrid el cambio del modelo y la deuda histórica, pero sin ningún tipo de plazo. Bellver anunció que convertirá su propuesta al PSPV en una proposición no de ley. Acusó a los socialistas de «no tener voluntad» de llegar a un acuerdo. Torres insistió en que «ya no caben declaraciones de intenciones sino compromisos concretos». Ignacio Blanco, de EU, lamentó que el PP se quedó «a medio camino» en un intento de hacer «un gesto» que «no es suficiente», para «limpiar su imagen».
