La rebaja fiscal prometida por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, el pasado martes en los casos de refinanciación de créditos hipotecarios es una novedad a medias. En realidad, tanto el Consell como otros gobiernos autonómicos deberían estar aplicando esta exención desde hace al menos cuatro meses en base a una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central dictada el pasado mes de mayo. El fallo de este organismo que se encarga de dirimir conflictos en materia tributaria y cuya doctrina vincula a los tribunales económico-administrativos regionales recoge la exención fiscal en el impuesto de actos jurídicos documentados cuando un particular o una empresa necesita novar un crédito hipotecario. Hasta ahora y en aplicación de la ley de de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios de 1994 los particulares estaban exentos de pagar impuestos por las escrituras públicas cuando modificaban su préstamo hipotecario, bien para beneficiarse de los tipos de interés, bien para ampliar los plazos. El vicepresidente del Consell, José Císcar, adelantó ayer en declaraciones a Ràdio 9 que el ahorro del Consell por las rebajas fiscales alcanzará los 150 millones en dos o tres años. Algunos expertos, sin embargo, creen excesiva esta cifra y estiman 5 millones al año.
Por otra parte, el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, trató ayer de tender puentes con los sindicatos y atemperar los ánimos de los empleados públicos que llevan dos años sufriendo las consecuencias del conocido como decreto Vela. Este acuerdo de medidas urgentes para reducir el déficit supuso severas reducciones retributivas para todos los funcionarios, entre ellos, a los interinos que han visto reducida un tercio su jornada y su salario. Moragues convocó ayer en su despacho a los dirigentes de los sindicatos más representativos de la función pública para comunicarles que el decreto Vela no será prorrogado más allá del 31 de diciembre de 2014, pero admitió que no podía prometerles que los funcionarios volverían a la situación que tenían en 2011. En realidad, el Consell trabaja en otros recortes muy similares a los contenidos en el decreto impulsado por Vela (reducción de la carrera profesional y sexenios, reducción de jornada, etc) aunque algo más suaves.
