Apenas 24 horas de la decisión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de echar el cierre a Canal 9 y Ràdio 9 en una decisión histórica que supone poner punto y final a la primera emisora autonómica pública de toda España, RTVV se instaló en el caos más absoluto. Justo cuando, además, la Generalitat vive la peor crisis económica e institucional de las tres décadas de autogobierno, los empleados de la cadena pública se rebelaron y tomaron el mando de la parrilla de programación que, a diferencia de los últimos años de sumisión casi absoluta a los postulados del PP, se convirtió en un «pim, pam, pum» de artillería de grueso calibre contra el Consell y el propio Fabra. Durante toda la jornada, el Gobierno valenciano barajó medidas legales para acelerar el cierre -«será lo antes posible», apuntaron fuentes del PP- e intentar retomar el mando de la cadena. Esa salida se la podría facilitar la dimisión de todo el equipo directivo de RTVV, con Rosa Vidal al frente. Se marchó jaleando a los empleados y entre duros ataques a la Generalitat con lo que explicitó lo que era un secreto a voces: las fuertes diferencias entre Fabra y los directivos que controlaban el ente.
Las complicaciones para el jefe del Consell -abocado a tomar la decisión del cierre con el visto bueno de Madrid y tras el fallo del TSJ que anulaba el despido de 1.000 empleados obligando a readmitirlos- se fueron haciendo cada vez más grandes a lo largo que avanzaba la jornada. Al titular del Consell no le quedaba otra salida que dar un paso al frente y dar la cara después de haber anunciado el cierre de RTVV a través de un frío comunicado. Citó a los periodistas en el Palau de la Generalitat a primera hora de la mañana. Tenía que intentar cortar de raíz las críticas que había recibido desde casi todos los frentes y el desconcierto que, incluso, se había instalado dentro de las filas del PP, descolocado y molesto por una decisión que, en opinión de cargos populares, tiene un importante coste cuando resta año y medio para las elecciones autonómicas: imagen de debilidad y de descontrol en la gestión frente a los votantes.
Durante una comparecencia de 30 minutos cronometrados en la que el jefe del Consell sí admitió preguntas, Alberto Fabra, sin embargo, no se movió ni un ápice del argumentario oficial del comunicado del día anterior. Justificó el cierre asegurando que rechaza cerrar colegios y hospitales a cambio de mantener la televisión con un coste anual de 183 millones, apuntó que no hay marcha atrás y que dar marcha atrás es «innegociable» y, finalmente, deslizó que la medida tenía el visto bueno de Cristóbal Montoro y del propio Mariano Rajoy. Efectivamente, fuentes del PP apuntaron que Fabra intentó negociar con el titular de Hacienda una salida para la televisión. Pero en Madrid se negaron en redondo a esa posibilidad. No ofreció detalles sobre los plazos de cierre de la sociedad ni tampoco hizo ni un gramo de autocrítica por la gestión que desde 1995, cuando los populares llegaron al Consell, ha multiplicado por tres la plantilla hasta alcanzar cerca de los 1.700 empleados y por 80 la deuda con un «boquete» cercano a los 1.300 millones. No descartó acudir a los tribunales para reclamar a las empresas privadas que ejercieron como consultoras para elaborar el ERE.
Cuestionó el jefe del Consell, eso sí, la voluntad negociadora de los sindicatos y también la labor de la directora general de RTVV, Rosa Vidal, de la que dejó claro que no continuaría en el puesto, decisión que se confirmó por la tarde con la marcha de todo el equipo directivo de la cadena. En el Consell, apuntaron fuentes de la cúpula del PP, culpan por completo a Vidal de la resolución judicial que tumba el ERE. Aseguran que su decisión de rescatar a 186 trabajadores, una resolución que la directora general de RTVV tomó para para poder mantener las emisiones de la cadena fue clave para que el TSJ, finalmente, anulara los despidos alegando irregularidades en la tramitación y vulneración de derechos. Necesitado de demostrar control sobre el PP, Fabra «ordenó» a los cuadros populares que salieran en tromba a defender el cierre y se apoyó en Císcar, autor intelectual del ERE. Salieron a la palestra Serafín Castellano y César Sánchez por la dirección regional, Jorge Bellver por el grupo en las Cortes y José Juan Zaplana, número dos del citado Císcar en el PP de Alicante. Por contra, hubo silencio clamorosos como el de Alfonso Rus -líder de los populares en la provincia de Valencia- o Rita Barberá, con los que Fabra no tiene «feeling». Hoy hay Junta Directiva Regional. El Consell sólo arrancó el apoyo de Cierval y Coepa, las patronales autonómica y provincial; y de la Cámara de de Alicante. Lamentaron el cierre pero, a continuación, se unieron a los argumentos del líder del PP.
Para entonces la comisión de Hacienda de las Cortes -convocada durante estos días para debatir los presupuestos de la Generalitat de 2014- ya se había convertido en otro campo de batalla. La oposición en bloque, frente al PP, salió a censurar el cierre de la cadena. El socialista Ximo Puig anunció, durante una visita a Alicante, que en el caso de gobernar reabrirá Canal 9. Ya por la tarde, después de la reunión de la ejecutiva del PSPV, pidió la dimisión de Fabra y la convocatoria de elecciones. Los diputados de Compromís y EU lucieron camisetas reivindicativas y llegaron a abandonar la comisión entre duras críticas al PP. A mediodía, Alberto Fabra se encontró con trabajadores de Canal 9 protestando a la puertas de un acto en Alicante. Pero, sin embargo, el peor trago para el titular de la Generalitat estaba aún por llegar.
«Perder la confianza»
Antes de presentar la dimisión junto a su equipo por «perder la confianza» en el Consell al que acusó de «mentir», Rosa Vidal lanzó un pulso en toda regla al Consell con el apoyo de la mayoría de los trabajadores y el comité de empresa al frente. Morir matando. La hasta ayer directora general de RTVV alentó la emisión de un espacio especial realizado para explicar el cierre, los motivos y los silencios de quince años de descontrol, despilfarros y excesos en la cadena. En una reunión en la que participó la propia Vidal -alineada por completo con la plantilla y que rechazó de plano ejecutar el cierre- junto al comité de empresa, se decidió suspender la rejilla para dar paso a un programa que no tenía guión en el que se escucharon las más duras críticas contra el Consell desde que el PP llegó al Palau de la Generalitat en 1995. Participaron colectivos y entidades de la sociedad civil, hasta ahora, inéditos en la emisora autonómica como Escola Valenciana, la asociación de afectados por el accidente de metro o el grupo musical Obrint Pas, vetado durante años en Canal 9. Durante horas se sucedieron ataques durísimos contra la gestión del Consell. La oposición tuvo cancha para dar su opinión. Algo que, desde luego, debía ser normal. Hasta el punto de que, a partir de las diez de la noche, la cadena reunió en un debate político a Serafín Castellano, número dos de Fabra en el PP; junto al líder del PSPV, Ximo Puig; y a los síndics en las Cortes de Compromís y EU, Enric Morera y Marga Sanz, respectivamente. Algo inédito fuera de la campaña electoral. «Llevábamos 24 años esperando el momento de un debate plural y abierto», ironizó Enric Morera para arrancar su primera intervención.
Con los trabajadores al mando de la cadena y disparando al Consell con potencia de fuego máxima desde lo que antes era una trinchera del PP, el Gobierno de Fabra se puso manos a la obra para intentar frenar la rebelión. El Ejecutivo autonómico confía que el «caos» en la cadena finalice pero, en todo caso, si el descontrol se alarga está dispuesto a llegar, incluso, a los tribunales. De hecho, a última hora, el Consell envió un notario a las instalaciones de Burjassot para certificar lo que estaba ocurriendo. La Generalitat, en paralelo, también ha sondeado la posibilidad, de tratar de ejecutar el cierre a través de un decreto ley para intentar evitar, de esa manera, una parte del trámite parlamentario. Tampoco parece que sea viable. Así que, en principio, la única salida que le resta al PP es aguantar el tirón. La marcha de Rosa Vidal, en parte y en este sentido, supone un balón de oxígeno para la Generalitat. Podrá nombrar en un plazo relativamente breve un nuevo equipo directivo, que será el encargado de liquidar.
En principio, la intención de los trabajadores es seguir adelante con el pulso. Van a continuar con la presión -para el próximo sábado hay convocadas manifestaciones- contra el Gobierno de la Generalitat manteniendo, además, una cierta normalidad: para el domingo se anuncia la emisión de L'Alqueria Blanca, la serie estrella de la cadena que inicia otra temporada. La intención del Consell, por su parte es cerrar Canal 9, como confesaron desde el PP, «lo antes posible» para quitarse de encima el marrón. Mientas esté abierta, desde luego, el presidente de la Generalitat de turno, en este caso Fabra, dejará de protagonizar casi en exclusiva la «propaganda» de los informativos.
